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Otra fuente de abuso de poder en las organizaciones policiales proviene de los amplísimos márgenes de discrecionalidad que acompañan a la función policial.
La discrecionalidad emana, en parte, de la multiplicidad de leyes y códigos que son imposibles de cumplir, tanto por cantidad como por contenido. El incremento de normas no necesariamente contribuye a reducir el margen de discrecionalidad; por el contrario, la sobrerregulación nubla el campo de actuación, y se erige como camuflaje de situaciones regidas por reglas de juego opacas.
La profusión de normas y el contenido inadecuado de muchas de estas conducen a que los policías apliquen unas normas sobre otras, otorgando un inmenso poder de decisión al agente encargado de aplicar la ley. Por ejemplo, cuando la policía se enfrenta a una situación de transgresión generalizada de una norma opta por no aplicarla o aplicarla de manera selectiva a ciertas personas, que caen bajo las garras de la ley por vulnerabilidad, debilidad, chance o selección intencional. Cualquiera que sea la razón, el efecto es el mismo: la ley se aplica de manera selectiva y el proceso implica parcialidad.
Por la amplitud de los comportamientos que permiten que la policía imparta multas y otras sanciones, los policías cuentan con un arsenal de normas que utilizan para establecer “su ley” en los lugares que patrullan. Al transitar por espacios y por situaciones de alta conflictividad social, la aplicación de la ley está condicionada por pactos, negociaciones y trances. La aplicación exhaustiva y uniforme de la ley es imposible. Justamente, es en esa zona gris – en la que los policías pueden amenazar con la aplicación de una norma u ofrecer salidas distintas a la sanción – que habita la arbitrariedad. La aplicación discrecional de la ley califica situaciones nimias, así como situaciones oscuras y tenebrosas.
En el nivel operativo, cada policía (de acuerdo a su rango) cuenta con un amplio margen para definir y graduar su intervención de acuerdo a circunstancias específicas. Esa potestad introduce altísimos niveles de ambigüedad y pragmatismo en las prácticas y rutinas de la organización. Igualmente, introduce sesgos y preferencias personales en la actuación policial, que se derivan del juicio de cada agente. También introduce el perfecto escudo para los comandantes que se encuentran alejados de las situaciones concretas; confrontados con eventos de abuso de poder, exponen su defensa: lo acontecido no fue ordenado, respondió a las malas decisiones de unos policías perfectamente entrenados y vigilados.
Por más que se predica el mando central en la organización policial, la operación real está marcada por la fragmentación calculada de las unidades más pequeñas. Lo que realmente acontece en un turno o en una ronda no se ajusta a lo establecido en los sendos manuales de procedimientos que se diseminan. Además, en la medida en que la operación se traslada a lugares retraídos, a espacios en los que la ley no es exactamente la dispuesta por ese cuerpo normativo que llamamos derecho, la actuación policial se suele tornar resbaladiza y oscura.
Si bien cada evento arbitrario no necesariamente implica la responsabilidad superior, la inefectividad de los mecanismos de control para encarar los eventos sí es fuente de responsabilidad organizacional. El “hágale”, proveniente del margen de discrecionalidad, combinado con el “aquí no pasó nada”, de la tolerancia, generan una poderosa fórmula que asegura la expansión de prácticas transgresoras en la policía.
