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El abuso de poder es un problema prevalente en las organizaciones de policía del mundo, incluyendo a la Policía Nacional de Colombia (aunque no se reconozca). El trabajo franco que se ha hecho en algunas policías en Estados Unidos y en el Reino Unido facilita una aproximación al problema.
Los elementos que permiten calificar un evento o una situación como manifestación de abuso de poder en la policía incluyen la utilización del estatus o de la autoridad que confiere el ser policía o pertenecer a la policía; o la utilización del conocimiento o de recursos propios de la policía para trasgredir la ley o violentar a las personas. La conducta que cabe bajo estos parámetros es variada.
Para entender su amplitud, recurro a un trabajo clásico desarrollado por Barker y Roebuck (An Empirical Typology of Police Corruption 1973), en el que brindaron una aproximación empírica al fenómeno. La categorización pone a prueba nuestra noción de ciudadanía, en la medida en que muchas de las conductas resaltadas como abuso de poder parecen inofensivas o normales.
En primer lugar destacan la recepción por parte de la policía de regalos, gratuidades y tratos preferenciales, que son motivados por el rol que debe cumplir la policía. Por ejemplo, la recepción de bebidas a cambio de pasar revista de manera regular por un establecimiento comercial. Esta conducta es común y puede parecer inofensiva, pero representa un poderoso mecanismo de acostumbramiento e inducción al abuso de poder. Lo que parece generosidad o un inocente incentivo distorsiona la prestación del servicio público.
Otro grupo de prácticas se relaciona con la aceptación de coimas y la exigencia de pagos por no impartir una multa, realizar un decomiso o hacer un arresto. Estas modalidades involucran la participación de ciudadanos ajenos a la policía (que ofrecen o pagan la mordida). Su incidencia es elevadísima y los casos varían según el grado de la sanción omitida.
Hay otra categoría que se deriva de la influencia que la policía tiene sobre la administración de justicia. Aprovechando su posición y su conocimiento, pueden favorecer a personas sospechosas o detenidas mediante la pérdida de evidencia u otras formas de obstaculización; o arbitrariamente intervenir en un proceso para conseguir condenas mediante montajes, por ejemplo, alterando la escena del crimen o falseando testimonios.
Finalmente, hay varias categorías relacionadas con actividades abiertamente criminales. Por un lado, están las prácticas que generan provecho propio, como el robo oportunista en la escena del crimen, o la extracción de propiedad a detenidos o víctimas del delito –básicamente, se trata de policías que roban.
Por otro lado, hay un catálogo de conductas ligadas a la participación de policías en criminalidad organizada. Tanto de manera individual como colectiva, los policías participan en empresas criminales, con distinto nivel de involucramiento (incluyendo la omisión, la entrega de información, el ocultamiento o la intervención directa). Una de las dinámicas más comunes es la participación policiva en la protección de circuitos económicos subterráneos (narcotráfico, apuestas, establecimientos nocturnos o redes de prostitución). Si bien el grado de asociación entre la policía y el crimen organizado varía (desde estable hasta incidental), la participación policial en el negocio es determinante para su apogeo.
La categorización permite demostrar la amplitud del abuso de poder. Las conductas son más frecuentes de lo que se piensa. El abuso de poder está instalado como forma de operación en muchas policías.
