La suspensión de la actividad exploratoria en el pozo Uchuva 2, ordenada por fallo de tutela, ha generado preocupación en la industria del gas natural.
La reciente suspensión de la actividad exploratoria en el pozo Uchuva 2, ubicado en el Bloque Tayrona en aguas profundas frente a la Costa Caribe colombiana, ha encendido las alarmas en el sector energético del país, en especial del gas natural.
La decisión judicial, resultado de una tutela que cuestiona la falta de consulta previa a la comunidad indígena de Taganga, pone en pausa un proyecto crucial para la autosuficiencia energética de Colombia.
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) expresaron su preocupación por el impacto que tendrá esta medida en el abastecimiento de gas natural, recurso del cual dependen 36 millones de colombianos.
Según ambas asociaciones, el pozo Uchuva 2 tiene un potencial de 400 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), volumen que permitiría a Colombia retomar su autosuficiencia en el mediano plazo.
Frank Pearl, presidente de la ACP, señaló que “este proyecto es estratégico para el futuro energético del país”, subrayando que las reservas de gas en Colombia vienen cayendo drásticamente desde 2012.
“Con las reservas actuales, Colombia enfrentaría un déficit de gas en 2025. Proyectos como Uchuva 2 son esenciales para garantizar el autoabastecimiento en el largo plazo”, agregó Pearl.
Por su parte, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, hizo un llamado a la comunidad de Taganga para que considere el impacto de sus demandas sobre la consulta previa.
“Se está poniendo en riesgo el acceso a un servicio esencial como el gas natural, que afecta la vida digna de millones de colombianos, especialmente en lo que concierne a la alimentación y la salud”, afirmó.
El fallo de tutela, a pesar de que las autoridades habían certificado la no presencia de comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto, marca un precedente preocupante para la industria del gas.
Por eso, ACP y Naturgas advirtieron que estas decisiones judiciales generan incertidumbre para los inversionistas, lo que podría comprometer no solo el desarrollo de este proyecto, sino también la seguridad energética de las futuras generaciones.
La suspensión del pozo Uchuva 2 no solo impacta el suministro de gas natural, sino que pone en evidencia la necesidad de mantener un entorno jurídico estable que permita el desarrollo de proyectos esenciales para el país, recalcaron los dos gremios.
Según la ACP, sin el desarrollo de nuevos proyectos costa afuera, Colombia no podrá revertir la disminución progresiva de sus reservas de gas, que han caído un 58% desde 2012.
El sector energético del país enfrenta un desafío urgente: lograr un equilibrio entre la protección de los derechos de las comunidades y la necesidad imperante de garantizar el acceso a los recursos energéticos que son vitales para la población y la economía nacional.
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