Si definitivamente Colombia se limita a desarrollar solo los 330 contratos vigentes para exploración y producción (E&P) de hidrocarburos, como lo ratificaron recientemente el presidente Gustavo Petro, y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el país quedaría en camino a perder su autosuficiencia en combustibles.
Así lo viene asegurando el sector petrolero del país, al subrayar que si no se mantiene la asignación de nuevos convenios para desarrollo de bloques petroleros, que le permitirían al país aumentar sus reservas de crudo y gas natural, a la vuelta de la esquina Colombia quedaría sin soberanía energética.
Y es que para esta industria, los poco más de 147 contratos para producción de hidrocarburos que le están dejando al país 750.000 barriles de crudo al día y 1.100 millones de pies cúbicos día de gas, que darían para unas reservas probadas para 7,6 y 8 años respectivamente, como lo asegura el Gobierno nacional, no son suficientes para cubrir a mediano plazo la demanda y las cuentas de la Nación por las exportaciones de crudo.
A lo anterior se suma que los 133 contratos activos de exploración tampoco son garantía de que el país tenga nuevos remanentes de crudo o gas en el corto o mediano plazo. También hay cerca de 50 contratos pendientes por trámites ambientales y de consultas previas.
“Los convenios vigentes no dan la seguridad del éxito exploratorio en un 100%, sino que además debe haber una gran voluntad política para sacarlos adelante. Y esto a mediano plazo no es suficiente”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).
Para el líder gremial, existen contratos suscritos de exploración lo que permitirá que por unos años continúe la operación petrolera en el país, pero estos solo garantizan buenos resultados en apenas el 20% de los pozos que se desarrollan para la búsqueda de petróleo y gas natural.
“Entre la firma de un contrato de exploración hasta el momento del primer barril técnico encontrado pasan alrededor de seis años. Y si la operación petrolera del país se limita únicamente a los convenios vigentes, como lo afirma el presidente Gustavo Petro, entonces se deben sumar los cuatro años, lo que llevaría a que la producción comercial demoraría 10 años”, dijo.
El presidente de la ACP recalcó que las reservas probadas en petróleo y gas del país son muy limitadas, y la única fórmula para el autoabastecimiento con soberanía es con la entrega de contratos para exploración, proceso que debe realizarse todos los años.
En la misma línea, Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, señaló que, en la medida que el país deje de explorar y no se concreten nuevas reservas, y a pesar de que se tenga un potencial aún muy importante en proyectos de recobro mejorado (mayor aprovechamientos de los pozos maduros), puede no sólo caer en su producción, con los efectos económicos y sociales que conlleva, sino además derivaría a mediano plazo en la pérdida de la autosuficiencia y soberanía energética.
“En la medida que se pierda la posibilidad de firmar nuevos convenios para exploración, se generan desincentivos a los inversionistas actuales que tiene contratos vigentes, quienes igualmente sentirán el temor de que en cualquier momento el Estado les puede cambiar a ellos también las reglas de juego, por esta razón serán muy prudentes y cautelosos en sus inversiones”, aseguró Vera.
Consecuencias
La ACP viene reiterando que no es suficiente la afirmación del Ejecutivo en el sentido que los contratos existentes se respetarán para su desarrollo, y por el contrario deja en claro que no se debe frenar la dinámica de la operación petrolera con la negativa a firmar de nuevos convenios de E&P.
“Estos acuerdos contractuales requieren inversión, y si las empresas no ven una perspectiva estable en cuanto a exploración, y en mantener o incrementar la producción, se genera un desestímulo para seguir invirtiendo en el país”, dijo Lloreda.
Un estudio económico de este gremio revela que si se presenta un debilitamiento en E&P en el sector petrolero del país, porque no se firman nuevos contratos, de entrada se presentaría un desplome en la extracción de hidrocarburos, ya que en cinco años caería un 47% la de petróleo y 27% la de gas.
Así mismo, el informe señala que se presentaría una pérdida en la autosuficiencia energética, ya que se importaría gas a partir del 2026 y petróleo desde 2028. También se dejarían de percibir en divisas por US$68.000 millones entre 2022 – 2032 por reducción en las exportaciones de hidrocarburos, lo que derivaría además en importaciones anticipadas de petróleo y gas.
Además, por la caída en la producción, el estudio de la ACP indica que se generaría una pérdida de $18 billones de aportes fiscales y regalías de las empresas E&P a la Nación y las regiones. También derivaría en un decrecimiento de las inversiones E&P por $21 billones que afectaría el empleo y las oportunidades de contratación de bienes y servicios en las regiones.
De igual manera, la caída estimada en producción de petróleo y gas además reduciría en un 60% los ingresos de los municipios productores en donde sus habitantes desarrollan actividades económicas directa e indirectamente relacionadas con la operación.
“Los proveedores del sector, nacionales y regionales, perderían oportunidades de contratación por aproximadamente $20 billones. Ello podría generar recesión económica y mayor conflictividad social en más de 97 municipios donde los aportes del sector son fundamentales”, resalta el informe.
En el mismo sentido, Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), señaló que “la disminución de actividad petrolera conllevaría a una contracción en el empleo en las regiones (donde por cada puesto de trabajo directo se generan 5,5 indirectos), por lo que serían cerca de 650.000 connacionales cuyos empleos se verían amenazados, impactando el sustento de todas estas familias”.
Registros de Campetrol indican que las empresas de bienes y servicios ejecutan en territorio las inversiones de las empresas petroleras por un valor cercano a los US$5.200 millones (cerca de $24,4 billones) en toda la cadena, y cuyo valor podría caer a menos de la mitad en cinco años de no firmarse nuevos contratos E&P.
“Hemos desarrollado un tejido empresarial que mueve directa e indirectamente las economías locales, red que está en riesgo. Esta cifra es equivalente a la suma del presupuesto de inversión para 2022 de los sectores de inclusión social y educación o a la posibilidad de construir 1.850 colegios en todo el territorio nacional”, resaltó Castañeda.
A lo anterior se suma otro de los efectos que destaca la ACP en su informe, y es que en cerca de $1,2 billones se reducirían las inversiones socio ambientales realizadas por las empresas de sector, tanto voluntarias como obligatorias.
La Asociación resalta en el contenido del estudio que se perderían recursos vitales para la protección del agua (inversión del 1% para protección de cuencas hídricas, obligatorias solo para el sector extractivo y eléctrico).
“La posibilidad que podamos explorar con nuevos contratos, no solo es una fuente de inversión para los municipios, sino de oportunidades de empleo y desarrollo local vía los proveedores del sector”, indicó Vera.
Efectos en el costo de vida
Gremios y analistas del sector petrolero del país consultados también coincidieron en afirmar que de no firmarse nuevos contratos E&P terminaría por afectar el bolsillo de los colombianos.
“Sin más exploración el país eventualmente quedará sin reservas de hidrocarburos. Por lo tanto le toca recurrir a la importación de petróleo y gas de otros países. Esto encarece todos los productos y la energía eléctrica. Nos lleva a una mayor inflación y desempleo”, explicó Nicolás Arboleda, asociado para Energía, Minas e Infraestructura, de la firma Baker McKenzie.
El analista subrayó además que “de paso se perdería la seguridad energética que es una situación que -hasta la fecha- nos ha mantenido al margen de los efectos negativos que ha tenido la guerra entre Ucrania y Rusia. Si perdemos esa seguridad energética vamos a depender de otros países”.
En el mismo sentido, Castañeda de Campetrol, indicó que la importación de gas incrementaría las tarifas para este servicio público, así como el de energía eléctrica.
“También aumentarán los precios de los combustibles líquidos, ya que las refinerías se cargarían con petróleo importado, lo que derivaría en un aumento de los niveles actuales de inflación (que se encuentran en su registro más alto en 17 años, equivalente a 11,4% en septiembre), y tendrá un impacto en los hogares más pobres del país y en sectores como el comercio, la industria y la agricultura, de los que viven millones de colombianos”, dijo el líder gremial.
Por su parte, Inés Elvira Vesga, senior council de Holland & Knigth, recalcó que los efectos serían “muy severos”, como la devaluación acelerada del peso, aumento del déficit de la balanza comercial, déficit fiscal, y pérdida de autosuficiencia energética.
“Lo anterior es una de las consecuencias por la suspensión de la exploración, que además le pone fecha de caducidad a la actividad petrolera lo que ocasionará la pérdida de inversión y la disminución del apetito por desarrollar los campos existentes”, dijo.
$24,4
billones son inversiones que realizaron las empresas de bienes y servicio petroleros.
$1,2
billones se dejarían de recibir para programas ambientales y de responsabilidad social.
$18
billones serían las pérdidas en aportes fiscales y regalías sin firman de contratos E&P.
$21
billones caerían las inversiones en E&P entre 2022 y 2032.
