El decreto que firmó el presidente Gustavo Petro, que busca revivir los mataderos municipales en Colombia, ha generado diversas discusiones alrededor de los impactos, buenos y malos, que tendría para los consumidores.
Y es que esta medida hace realidad la promesa de campaña del hoy jefe de Estado, quien ha argumentado que con la reapertura de los mataderos municipales los campesinos podrán volver a comercializar sus productos, acabando así “con los monopolios de los frigoríficos”, que “han elevado el precio interno de la carne”.
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, uno de los objetivos del decreto es reducir los precios de la carne y disminuir el abigeato.
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“Con esto contribuimos a la agregación de valor de la cadena cárnica en las regiones. Sobre todo los municipios más apartados de Colombia podrán tener acceso a carne de calidad sanitaria (...) Además, se reducirán los costos de transporte debido a que no se requerirá la movilización de animales en pie y carne en canal entre los municipios. Esto abaratará el precio de los productos cárnicos en las poblaciones”, explicó Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura.
Desde la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) manifestaron que este decreto ayudaría a “evitar delitos como el carneo y abigeato”, algo que se ha vuelto un dolor de cabeza para los ganaderos.
No obstante, en cuanto a la reducción en los precios de la carne, José Felix Lafaurie, presidente del gremio, anotó que “el Gobierno cree interpretar las necesidades de ciertos sectores populares creyendo que flexibilizando las medidas para los mataderos municipales tendrán carne a buenos precios, pero eso no tiene mayor importancia. Lo que se trata es de que la gente coma carne con garantías en materia de sanidad e inocuidad”, dijo el líder gremial.
A su turno, Álvaro Urrea, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia (Asofricol), consideró que lo de bajar el precio de la carne no lo ven viable.
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“Los costos del transporte no representan más del 1,5 % del precio de la carne. Serán apenas $400 o $500 que no se trasladarán al consumidor. No es un valor significativo para que sea atractivo al consumidor, y menos para que se cambie una reglamentación que venía funcionando”, indicó Urrea.
¿Se pone en riesgo la salud pública?
La ministra de Agricultura aseguró que, cuando salió el Decreto 1500 en 2007, se cerraron muchas plantas de beneficio municipales porque no alcanzaban a cumplir los requisitos, por lo que se aumentó el sacrificio clandestino y se perdió control sobre la inocuidad de la carne y aspectos sanitarios en aquellos municipios donde se cerraron.
