Pese a semanas de intensas negociaciones, las conversaciones para definir el salario mínimo del 2025 en Colombia terminaron en un callejón sin salida. Los gremios empresariales y las centrales obreras no lograron llegar a un acuerdo, lo que dejó al gobierno nacional con la responsabilidad de establecer el incremento mediante decreto presidencial.
El presidente Gustavo Petro ha convocado una rueda de prensa este martes 24 de diciembre, a la 1:30 pm, para anunciar la cifra definitiva, en medio de un ambiente marcado por tensiones y expectativas.
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En la última reunión extraordinaria, quedó claro que las diferencias eran insalvables. Mientras que las centrales obreras, lideradas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), proponían un aumento del 12% que llevaría el salario mínimo a $1.45 millones, los gremios empresariales, como Acopi, plantearon inicialmente un incremento del 5,2%, ajustando el salario a $1.36 millones.
Una cifra confidencial, presentada por los empresarios en la última mesa de diálogo y que estaría cercana al 7%, tampoco convenció a los sindicatos.
El salario mínimo actual, de $1.3 millones, más un subsidio de transporte de $162.000, fue resultado de un aumento del 12% en 2024, pero las proyecciones para este año han sido más conservadoras.
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, había adelantado que un aumento superior al índice de inflación más el punto de productividad sería poco probable. Esto sugiere un ajuste cercano al 6,2%, lo que situaría el salario en $1.380.600. Otra posibilidad es un incremento de 6,96%, elevándolo a $1.390.480.
La falta de consenso refleja la complejidad de las negociaciones. Mientras las centrales obreras argumentan que un aumento significativo es clave para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, los gremios empresariales advierten sobre los efectos adversos de un alza excesiva en un contexto de desaceleración económica.
Los trabajadores esperan con ansias la decisión del gobierno, que podría marcar un precedente en las relaciones laborales del país. Este debate no solo afecta los bolsillos de millones de colombianos, sino que también lanza una pregunta crucial: ¿qué tan lejos estamos de alcanzar un equilibrio entre las necesidades de los empleados y las capacidades de los empresarios?
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