La industria minera representa el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia y el último año atrajo una inversión extranjera directa de 1.800 millones de dólares, según cifras del Ministerio de Minas y Energía.
Además, afirmó la misma cartera, que a 2024 se tienen identificados en el país 30 proyectos (6 de ellos en Antioquia) que van a implicar inversiones por más de 5.000 millones de dólares y generarán por lo menos 7.000 empleos.
A propósito de este tema, EL COLOMBIANO realizó el foro “Minería en Colombia: sostenibilidad y desarrollo territorial”, en el que se construyó un diálogo de diversos sectores, en torno a esa actividad económica, en el que se abordaron los desafíos del país en esa materia, desde lo social, ambiental y financiero.
Sandra Sandoval, viceministra de Minas, aseguró que la actividad minera brinda oportunidades en el contexto actual. “Es importante abordar el cómo avanzar en el desarrollo de la actividad, pensando no solo en la riqueza que esta significa, sino también en cómo hacer certera esa riqueza teniendo buenas prácticas en lo técnico minero y en el tema ambiental y social”.
Según la funcionaria, el Gobierno tiene como meta la identificación de 27.000 mineros informales en el país “para llevarlos a trabajar bajo el amparo de la legalidad” y parte de esta tarea se concentra en el departamento.
“Antioquia es clave en este proceso porque allí está uno de cada cinco títulos mineros del país y una de cada cuatro solicitudes de títulos de contratos de concesión minera. Además, dos de cada cinco de los mineros informales que estamos identificando”, apuntó.
Sostenibilidad e inclusión
Uno de los ejes transversales para realizar la actividad minera en Colombia es el diálogo social entre las autoridades, empresas mineras y la comunidad. A través de este se pueden abordar temas como el enfoque de género y la protección del medio ambiente.
Jaime Arteaga, director de la Brújula Minera, planteó que para evitar los riesgos de un eventual conflicto social generado en los territorios donde trabajan las empresas mineras, se debe recurrir al diálogo directo con las comunidades explicando lo que se realizará.
Por su parte, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, planteó que “más que la respuesta de cómo la compañía minera cuidará a las comunidades, debemos pensar en una respuesta conjunta de cómo nos cuidamos mutuamente. Debemos sentarnos y construir un futuro conjunto con el aporte de las diferentes partes. Así encontraremos respuestas constructivas”.
Sergio Moreno, miembro del movimiento Ríos Vivos capítulo Antioquia, una de las voces críticas frente a la minería, aseguró que hace falta que las compañías mineras garanticen más espacios de diálogo, pues considera “importante hacer más capacitaciones para evitar que haya afectaciones y desmejoría del tema ambiental por los proyectos mineros”.
A su turno, Ana María González, vicepresidenta de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería, agregó que desde 2020 se ha cambiado la metodología implementada de las audiencias públicas, “buscando que la comunidad tenga una participación mucho más activa y sea partícipe posterior al proceso de exploración de las minas”, resaltó.
Sector ilegal y formalización
Ercilia Monroy, directora de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía, planteó que uno de los problemas más comunes es que los pequeños mineros desconocen que deben estar amparados de un título minero para operar de una manera formalizada, como lo indica la ley.
Desde su experiencia en territorio, Jairo Cárdenas, gerente de Sostenibilidad Minera de la Alianza por la Minería Responsable, señaló que el costo de la formalización es uno de los principales temores y explicó que “hace falta una socialización más amplia y un acompañamiento más cercano con el minero para evitar que se generen miedos traducidos en costos, pues eso hace que no den ese paso para la formalización”, advirtió el experto.
Por su parte, José Ignacio Noguera, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Gran Colombia Gold, señaló que la minería cumple unas características muy particulares y la primera es que ser legal implica requisitos indispensables como tener un plan de manejo ambiental, carpeta de explosivos y la capacidad financiera para poder obtener un título o un contrato de operación. También resaltó que se necesitan estrategias para superar la brecha de bancarización de los pequeños mineros.
A su turno, Ana Ligia Mora, directora de Corantioquia, expuso que es clave el trabajo articulado entre las compañías mineras y las corporaciones autónomas ambientales y resaltó que al menos el 70 % de los títulos mineros de Antioquia están en jurisdicción. En ese trabajo, explicó, se aporta en lo ambiental desde lo técnico, científico y planes como reforestación, cuidado del agua y seguimiento especializado ambiental de proyectos
Por otra parte, el exministro de Minas y Energía, Luis Gilberto Murillo, hizo un llamado de atención en torno al desarrollo minero y la desigualdad que se presentan en los territorios donde ocurren las actividades mineras.
“Cuando hablamos de sostenibilidad y seguridad jurídica que tiene el país en el campo minero, tenemos que verlo no solo desde la perspectiva para las empresas, sino para los distintos actores del sistema”, aseguró.
Por su parte, Nicolás Arboleda, profesor de la especialización en Derecho Minero-Energético de la Universidad de los Andes, resaltó que los inversionistas extranjeros (ver Paréntesis) pueden sentir respaldo jurídico para invertir en Colombia, donde se hacen proyectos de largo aliento, con coordinación entre el Estado, empresas y comunidades.
Sobre este foro, la viceministra Sandoval expuso que es a partir de este tipo de espacios que “nos damos la oportunidad de conocernos, de entender cómo funcionamos, hacia dónde vamos y cuando se da la oportunidad de dar un diálogo informado al final se encuentran los propósitos comunes”
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grandes proyectos mineros tiene identificado el Ministerio de Minas y Energía a 2024.
2 %
del Producto Interno Bruto (PIB) del país representa la actividad minera legal.
