El proyecto de reforma tributaria radicado por el Gobierno Nacional ante el Congreso sigue siendo objeto de cuestionamientos por parte de diversos sectores, que alertan sobre los eventuales perjuicios que sobre las empresas acarrearía su aprobación.
Para Juan David Velasco, socio de Tributario de Baker McKenzie, la iniciativa busca generar un impulso temporal a los ingresos fiscales para los dos años restantes del actual Gobierno, pero lo hace a expensas de erosionar aún más el crecimiento y la competitividad de la economía colombiana.
“Están cazando en el zoológico y corren el riesgo de terminar de aniquilar el aparato productivo del país y la confianza inversionista”, anotó el experto, quien señaló que en lo que concierne a formalización tributaria se pretende la eliminación del régimen simple de tributación, desincentivando la creación de nuevas empresas y perpetuando la informalidad en el mercado laboral, pues “una tarifa marginal del 27% no sustituye este factor positivo del régimen simple.
Por otro lado, consideró que la autoridad fiscal colombiana (Dian) pagaría recompensas monetarias (10% o 20% del impuesto recaudado) a individuos elegibles cuya información sea utilizada eficientemente por la entidad para recaudar impuestos morosos debido a fraude fiscal y esquemas abusivos.
“Esto funciona bien en países como Estados Unidos en temas de fraude fiscal (evasión), pero necesita una profunda reforma de los estándares de seguridad de la información, práctica profesional y aspectos constitucionales. Si esta medida llegara a aprobarse, debería tener un periodo de transición de al menos dos años para ajustarla, empezando con la creación de una oficina de denunciantes dentro de la Dian que cuente con los más altos estándares de transparencia pública. Un sistema tan inestable y con tanta disparidad de criterio en la interpretación de normas tributarias no puede implementar un sistema de recompensas frente al abuso tributario. No tenemos la seguridad jurídica para este elemento; se convertiría en una caza de brujas en el zoológico de los cumplidos”, mencionó.
A su turno, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) pidió revisar con detalle y debatir con cuidado el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para 2025. Entre otras razones, porque incluye una ley de financiamiento, que técnica y prácticamente es una reforma tributaria recaudatoria, que aumentaría las cargas impositivas del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Para el gremio resultan preocupantes la modificación de la regla fiscal y la introducción del componente verde que podrían aumentar el nivel de endeudamiento del país y, por tanto, el déficit fiscal. Además, esto puede ser visto como una señal negativa en la senda de corrección del déficit.
“En Acopi, entre otros asuntos, vemos necesario revisar la congruencia de esta Ley de Financiamiento con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Y es que el Proyecto de Presupuesto genera un incremento en los ingresos tributarios de la nación de 22,5 %. Esto es más de 10 veces el crecimiento proyectado de la economía para este año”, se lee en el comunicado.
Igualmente, destacó que el proyecto reconoce y plantea una disminución y diferenciación de la tarifa nominal de renta a las empresas; lo cual es positivo y recoge una propuesta que ha sido liderada por Acopi desde hace más de ocho años, pues contribuye a la liquidez y competitividad de los microempresarios. No obstante, con la redacción actual de la norma quedan excluidos de este beneficio la pequeña y mediana empresa que, en justicia, deberían ser incluidas.
“En conclusión, esta reforma contiene un aumento considerable de costos para el desarrollo de la actividad económica y ello, sumado al aumento de los costos de energía que sufrirán los empresarios, derivado del alza del impuesto al carbono, y el impacto económico que conllevará la reforma laboral, ponen en riesgo el futuro financiero de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas”, concluyó Acopi.
