A casi dos meses de haberse radicado el proyecto de reforma tributaria, el Gobierno y un grupo de congresistas siguen avanzando en las deliberaciones y ajustes en torno al texto definitivo que será sometido a debate en el Senado y la Cámara de Representantes en los primeros días de octubre.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reconoció que el recaudo será un poco menor a los $25 billones de la propuesta original, pero insistió en se llegaría a esta cifra en el cuarto año, sin tener en cuenta las mejoras que se introducirán al control de la evasión de impuestos.
En la misma línea se expresó el coordinador de la reforma tributaria y presidente de la Comisión Tercera del Senado, Gustavo Bolívar, al asegurar que el proyecto ya no recaudaría $25 billones, como aspiraba el Gobierno, sino $20 billones, con las modificaciones que se la han venido haciendo.
Bolívar dijo en declaraciones a Blu Radio que “cada sector ha pedido que le bajen un poquito y hemos consensuado bastante y escuchado a todos los gremios. Pero si se mantiene la no deducción a las regalías en el sector de hidrocarburos, se subiría nuevamente a $23 billones. La intención es hacer una reforma tributaria lo más democrática posible”.
Ayer se realizó otra reunión entre los coordinadores y ponentes de las Comisiones Económicas del Congreso y el equipo del Ministerio de Hacienda, liderado Ocampo, que trata de tener lista la ponencia de la reforma tributaria antes de terminar esta semana.
Echando reversa
Como parte de las modificaciones figura el impuesto al patrimonio, pues inicialmente se contemplaba establecer un tributo permanente al patrimonio de 1%, con un esquema de tarifas marginales en función del valor de este, que se iba a cobrar a partir de $3.000 millones.
Pero, la nueva propuesta plantea una tarifa adicional para patrimonios de más de $10.000 millones, que es de 1,5%; eso sí, habría un periodo de cuatro años en el que se actualizará el valor de las propiedades, por lo que el recaudo sería menor en los primeros años.
En este aspecto el congresista del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, señaló que la imposición recaerá sobre las personas naturales, tanto residentes en el país como las no residentes. Igualmente, mencionó que esta contribución a la luz del esquema tributario actual debía “morir” este año.
Pero la idea actual es mantener una tarifa gradual para patrimonios superiores a los $2.700 millones, de los cuales se restará la casa o vivienda de habitación (hasta $500 millones), y de esa cifra en adelante se pagaría una tarifa de 0,5% hasta los $5.000 millones.
También se crearía una tarifa del 1% para patrimonios mayores a $5.000 millones, y sobre el 1,5% para valores mayores a $10.000 millones, Pérez calificó el porcentaje como desproporcionado, dado que la permanencia del tributo haría que quienes sean impactados se vayan del país.
Por concepto de este impuesto se iba a recaudar en principio un billón de pesos, pero con los cambios este valor superaría los $3 billones. Adicionalmente, el congresista llamó la atención sobre la manera cómo se conforma el patrimonio de una persona.
Impuestos saludables
En el caso de las bebidas con alto contenido en azúcar, el jefe de la cartera económica dijo que se permitirá, por un par de años y de manera transitoria, un porcentaje más alto del endulzante mientras se aplican las nuevas tarifas.
A las bebidas que contengan menos de seis gramos de azúcar por cada 100 mililitros no se les aplicará este impuesto saludable, pero las que tengan entre 6 gramos y 10 gramos tendrían que pagar una tarifa de $18 por cada 100 mililitros, y las que tengan más de 10 gramos de azúcar pagarían $35.
La propuesta inicial contemplaba que las bebidas que no iban a pagar el impuesto adicional eran las que contenían menos de cuatro gramos de azúcar. La tarifa de $18 empezaría a aplicar para las que tuvieran entre 4 gramos y 8 gramos, y las de más de ocho gramos de azúcar pagarían $35. Esta última fórmula sigue en pie, pero no se impondría desde el próximo año, sino después de 2025.
En cuanto a los alimentos ultraprocesados, la tarifa de 10% sobre el precio de venta se mantiene por ahora, pero solo aplicaría para los grandes productores. Según Ocampo, las panaderías y productores pequeños estarán exentos de pagar este gravamen, aunque no queda claro cómo se hará el seguimiento.
Sobre los cambios que se han introducido al proyecto inicial, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, calificó como positivo que el Gobierno y los congresistas hayan acogido algunas iniciativas y sugerencias hechas por distintos agentes de la economía.
“Esperamos que durante esta discusión y los debates de ponencia con las plenarias de Cámara y Senado se logre el mejor resultado posible para la economía, las familias, para el empleo y la actividad empresarial”, comentó el dirigente gremial.
“Responderemos por 48%”
Entre los ajustes anunciados por el Gobierno Nacional, uno de los más llamativos tiene que ver con los tributos de las actividades minero energéticas. Ante la inviabilidad jurídica que tendría hacer que las regalías ya no sean deducibles del impuesto de renta, en la tributaria habría un camino alternativo.
Así, se aplicaría una sobretasa de renta de cinco puntos sobre lo que venían pagando las empresas dedicadas a estos negocios y el polémico impuesto a las exportaciones extraordinarias de petróleo y carbón ya no quedaría en 10% sino en 20%.
Al mismo tiempo, se cambia el tope de precio desde el que las ventas de petróleo al extranjero se gravarán; ya no sería desde US$48 el barril sino a partir de US$71, mientras que para el carbón se mantiene la base de US$87 por tonelada.
Tan solo horas después de conocer los cambios, la Asociación Colombiana de Minería, en cabeza de su presidente Juan Camilo Nariño, mostró, con cifras, su preocupación. “Es una reforma que se recarga en el sector minero del país, responderíamos por el 48% del recaudo que ellos (el Gobierno) esperan tener”.
De acuerdo con Nariño, como la tasa de renta llegaría al 40% para el sector y las exportaciones a buen precio se gravarán con el 20%, al final los recursos adicionales que esas empresas entregan al Estado estarían en el orden de $11,8 billones.
El líder de la ACM manifestó que, sin la tributaria, hoy el sector minero ya es uno de los más gravados, pues en conjunto las tarifas alcanzan un 67,9%. También pidió considerar que hay una cláusula de precios altos que se ha activado en los últimos meses y posiblemente se extenderá hasta 2023, gracias a la cotización favorable del carbón en el mundo.
Ejemplificó que con los buenos precios el próximo año se duplicará el aporte de esa industria, con $14,9 por concepto de renta, $6,2 billones en regalías y $3,95 billones adicionales debido a la cláusula en cuestión. Y añadió que está en riesgo entre el 15% y el 17% de la Inversión Extranjera Directa que llega a Colombia por minería.
Entre tanto, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) indicó que está analizando estos ajustes en el proyecto y sus correspondientes implicaciones.
Eso sí, en un pronunciamiento previo a los cambios conocidos esta semana el gremio había mencionado que el sobrecosto anual adicional para el sector con la reforma sería de $3,7 a $6 billones, equivalente a 15% o hasta 24% del recaudo esperado por el Gobierno.
Expresó también que la pérdida de competitividad afectaría la producción futura de petróleo que “podría caer entre 50 y 70 mil barriles diarios” y proyectó que con esto el precio del dólar aumentaría de manera permanente entre $300 y $500 pesos.
¿Entonces qué proponen?
Los representantes del ramo de hidrocarburos no se limitaron a hablar exclusivamente de los problemas que traería la tributaria, también hicieron propuestas al Gobierno para la ponencia que irá al Congreso.
Tanto en minería como petróleo coinciden en que se debe eliminar el impuesto a las exportaciones y que, en cambio, se apele a una sobretasa de renta a la que están dispuestos a acceder.
No obstante, el presidente de la ACM subrayó que la sobretasa debía ser la alternativa al tributo a las ventas al extranjero y a la no deducibilidad de las regalías, pero en cambio lo que hizo el Gobierno fue solo reemplazar el artículo de la no deducibilidad por una tasa de renta más alta, lo cual provocó que Nariño saliera a advertir los efectos adversos que habría.
Ahora queda esperar cómo finalizan las reuniones entre Gobierno y ponentes de la reforma y, posiblemente, la próxima semana los colombianos podrán tener a la mano la versión 2.0 del ambicioso proyecto.
