La más reciente reforma tributaria, que radicó ayer el Ministerio de Hacienda ante el Congreso, incluye importantes modificaciones al impuesto al patrimonio, con el fin de aumentar su efectividad y asegurar que las personas con mayores recursos contribuyan más al sistema.
A pesar de los ajustes que se hicieron en la reforma del 2022, el Gobierno considera que aún existe una “gran brecha” que impide lograr una verdadera progresividad tributaria, así lo dijo el ministro Ricardo Bonilla durante la radicación del proyecto de ley.
En 2023, este impuesto fue pagado por 32.118 contribuyentes, lo que representa solo el 0,5% de quienes declaran renta. Sin embargo, con el proyecto radicado ante el Congreso, se busca ampliar la base de contribuyentes, reduciendo el umbral del impuesto de 72.000 UVT (Unidad de Valor Tributario) a 40.000 UVT.
Esto significa que, en lugar de aplicarse sobre patrimonios de $3.388 millones o más, el impuesto se aplicaría a aquellos con activos superiores a $1.882 millones.
Con esta modificación, se estima que el número de contribuyentes afectados aumente a 75.341, lo que equivaldría al 1,3% del total de los declarantes de renta.
Tenga en cuenta que el impuesto al patrimonio es un tributo que deben pagar las personas que tienen bienes y riquezas por encima de un cierto monto. Estos bienes pueden ser propiedades (como casa, apartamento, predios, carro o moto), dinero e inversiones. En pocas palabras, es un impuesto que se aplica a las personas más ricas, para que aporten una parte de su patrimonio al Estado y así contribuir a reducir la desigualdad económica en el país.
La propuesta también mantiene las tarifas marginales del impuesto al patrimonio, pero introduce un nuevo umbral para el 0,1% más rico de la población. Aquellos con patrimonios superiores a 240.000 UVT (aproximadamente $11.200 millones) tendrían que pagar una tarifa del 2%.
Esto está dirigido a asegurar que los contribuyentes más adinerados aporten una proporción mayor de su riqueza al recaudo fiscal que hace el Estado.
Además, una de las principales novedades de la reforma es la incorporación de un gravamen sobre los activos improductivos, aquellos que no generan ingresos y que actualmente no están gravados bajo el impuesto al patrimonio.
Por eso, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, destacó la importancia de identificar y gravar estos activos, que suelen estar en manos de los “superricos” del país. Con esta medida, se pretende limitar la elusión fiscal, ya que algunos contribuyentes han utilizado activos improductivos como estrategia para reducir su carga tributaria. “Necesitamos identificar los activos improductivos que deben pagar el impuesto al patrimonio. Esto afectará a los ‘superricos’ del país”.
El Gobierno también ha señalado que el impuesto al patrimonio permanente, introducido en la reforma de 2022 con tarifas marginales, puede distorsionar la estructura económica. Esto se debe a que los contribuyentes, al acercarse a los umbrales de tributación, tienden a realizar maniobras de planeación tributaria para reducir su patrimonio líquido. Estas maniobras incluyen la adquisición de deudas o la ocultación de activos.
Para contrarrestar este comportamiento, la reforma busca mejorar la progresividad mediante tarifas diferenciadas basadas en umbrales claramente definidos, lo que también facilitaría la fiscalización.
Asimismo, la ley de financiamiento mantiene el descuento del IVA pagado en los activos fijos reales productivos adquiridos por personas jurídicas, con el objetivo de incentivar la inversión empresarial en maquinaria e insumos que contribuyan al crecimiento económico.
No obstante, se impondrá un impuesto sobre los activos no productivos, que hasta ahora no estaban sujetos a tributación, con el fin de evitar que los contribuyentes transfieran bienes a empresas para eludir el pago del impuesto al patrimonio.
De acuerdo con el proyecto de ley, estas modificaciones buscan generar un recaudo de $875.400 millones en 2025, que aumentaría a $928.000 millones en 2026 y a $985.000 millones en 2027.
Aunque se espera que la medida genere una mayor carga tributaria sobre los hogares de mayores ingresos, lo que podría afectar el consumo privado en 2025 (-0,1 puntos porcentuales), el uso del mayor recaudo para inversión pública impulsaría el crecimiento económico. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, esta inversión añadiría 0,05 puntos porcentuales al crecimiento económico promedio entre 2025 y 2030.
Bonilla enfatizó en que estos cambios son fundamentales para impulsar la progresividad del sistema tributario, gravando de manera más justa a los contribuyentes con mayores patrimonios y reduciendo la inequidad en el país.
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