Previo al último debate que enfrentaría la reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, se sumó una nueva alerta, la cual advierte que el Gobierno debe expedir una ley de competencias antes que entre en vigencia esa iniciativa, y que se tendría que flexibilizar la regla fiscal para poder financiar la propuesta, o expedir varias reformas tributarias.
El concepto sale de una petición que le hizo la representante a la Cámara, Katherine Miranda, sobre la viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta que se ajustaron los montos de la reforma tras su paso por la plenaria del Senado.
El concepto firmado por el viceministro Diego Guevara, plantea que con la legislación actual el SGP representará 31% de los Ingresos Corrientes de la Nación entre 2027 y 2035, pero con el ajuste del monto a 39,5% si habría impacto fiscal, por que “superaría los techos de gasto establecidos por la regla fiscal y podría no ser congruente con la planificación financiera y presupuestal vigente”.
La cartera económica plantea dos escenarios, y hace la salvedad que se debe expedir la ley de competencias. Señalan que actualmente el SGP le costará al país $184 billones, pero con la reforma, el sistema representará $218,7 billones, que representa 6,8% del PIB.
Se plantean dos escenarios para financiar la iniciativa, uno es en el hipotético caso que no se expida una ley de distribución de competencias, por lo que se necesitarían $0,5 billones adicionales para financiar el SGP en 2027.
Esa cifra aumenta a $5 billones en 2028, y finalmente en 2035 se necesitarían $34,7 billones más para costear ese sistema de participaciones.
