El Gobierno de Gustavo Petro, bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda, presentó este martes al Congreso de la República lo que será su proyecto de ley para modificar las normas que regulan el cobro del impuesto predial en los municipios colombianos.
El objetivo de esta iniciativa es reducir los porcentajes máximos de incremento y establecer incentivos para quienes actualicen su catastro.
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Esta información se conoció este 7 de mayo cuando el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representante, reveló detalles del articulado del proyecto de ley 292 del 2023, que pretende “adoptar y unificar medidas en materia de límites al crecimiento del impuesto predial unificado”.
Bajan los techos para el aumento del impuesto
Según un informe de Portafolio, la nueva reglamentación que todavía está en estudio no solo baja los porcentajes de crecimiento del Impuesto Predial Unificado (IPU) para las diferentes categorías de predios que actualicen su catastro, sino que además da incentivos para quienes estén al día con este tema.
Por eso, uno de los cambios más importantes propuestos en el proyecto es la reducción de los techos máximos de incremento del impuesto predial para los predios que actualicen su catastro. De esta manera, se busca evitar que los contribuyentes se vean afectados por incrementos excesivos en el valor del impuesto.
La nueva la metodología que se aplicará para afrontar el rezago de la actualización del avalúo catastral en los municipios, para los predios urbanos y rurales, es la siguiente:
1. Hasta el 50% para aquellos terrenos o edificaciones cuyo avalúo catastral sea menor o igual a 135 salarios mínimos mensuales (smmlv).
2. Hasta el 75% para los predios que tengan un avalúo catastral superior a 135 salarios mínimos y menor o igual a 250 salarios.
3. Hasta un máximo del 100% para aquellos predios con avalúo entre los 250 salarios y 350 salarios, y del 150% para los que se ubican de 350 salarios y menos de 500 salarios.
4. Hasta un techo del 200% para esos predios con avalúo catastral superior a los 500 salarios mínimos.
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Sobre lo anterior, Minhacienda precisó: “Para los predios a los que se aplique la metodología de reducción de rezago de avalúo catastral dispuesta por el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 el límite del aumento del Impuesto Predial Unificado será de máximo el 50% del monto liquidado por el mismo concepto el año anterior”.
Pero esto solo aplicará para aquellos predios que por primera vez entraron al catastro y aquellos que pasaron de la informalidad a la formalidad jurídica.
Incentivos para la actualización catastral
El proyecto también propone una serie de incentivos para estimular la actualización catastral. Estos incentivos incluyen tarifas diferenciadas del impuesto predial para predios con avalúo catastral actualizado, así como la posibilidad de acceder a beneficios tributarios adicionales.
Por ejemplo, en los predios urbanos de estratos 1, 2 y 3, así como los rurales, con un avalúo catastral menor a 135 salarios mínimos mensuales, se les aplicará un rango tarifario entre el 1x1.000 y el 10x1.000.
A su vez habrá tarifas específicas para esas áreas de protección ambiental, zonas de amenaza y riesgo, y predios destinados a la producción alimentaria, con rangos entre el 1x1.000 y el 4x1.000.
Mientras que los predios con avalúo actualizado que no se encuentren en estas categorías tendrán tarifas entre 5x1.000 y 10x1.000. Y para predios con avalúo desactualizado, las tarifas que tendrán las de la Ley 44 de 1990.
Obligaciones para los municipios
El proyecto de ley también establece una serie de obligaciones para los municipios en materia de gestión catastral. Entre estas obligaciones se encuentran la elaboración de informes sobre el impacto de la actualización catastral en el valor del impuesto predial y la implementación de estrategias de comunicación para informar a los contribuyentes sobre los nuevos avalúos catastrales.
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También el articulado exige a las alcaldías que informen a sus contribuyentes sobre el valor de su nuevo avalúo catastral, luego de finalizar la formación y actualización catastral, así como mostrar la posibilidad de iniciar procesos de revisión ante las autoridades catastrales.
Hay que tener en cuenta que el proyecto de ley aún debe ser debatido y aprobado por el Congreso de la República. Si se aprueba, las nuevas normas entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2025.
Nuevos límites a alzas del predial
Sobre este documento, el economista Juan Felipe Jaramillo Salazar, exsecretario de Planeación del departamento de Caldas, precisa que uno de los grandes problemas históricos de este país ha sido la propiedad de la tierra, en especial, el suelo rural.
Por eso, sostuvo que el meollo del asunto es el impacto de esta actualización en el bolsillo de los colombianos, y es importante corregir esas distorsiones.
“Esto se encrudece cuando la economía se está desacelerando, cuando las reformas del Gobierno introducen incertidumbre y cuando en el fondo se daría un fuerte golpe a la clase media y alta del país. Imagínese las familias con aumentos de tributos de 150%, 200% o 300%, seguro que el golpe afectará el consumo de los hogares que es el principal componente del PIB, las consecuencias seguro agravarán la economía nacional”, advierte el experto.
Agregó que el principal problema de este tipo de reformas es que consideran en una misma bolsa al hogar que puede tener ingresos mensuales de $3 millones a $10 millones, con los que reciben $50 millones o más. “En su línea discursiva le aplica la teoría del gran terrateniente a la clase trabajadora y profesional del país y allí se cae en demagogias que no le hacen bien al país”.
No obstante, Jaramillo dice que le parece válida la actualización para mejorar las finanzas municipales y su capacidad fiscal, pero el proyecto debe tener cuidado con el efecto económico de esta decisión.
“El dinero que se dirigía al consumo o al ahorro (quienes lo pueden hacer) y que movilizaba la economía a través de la iniciativa privada, ahora se va para los municipios, ojalá atendieran problemas estructurales, pero seguramente se irán a burocracia y obras de bajo impacto”, estima Jaramillo.
Tenemos un catastro desactualizado
El economista recuerda que, en algunos municipios, los últimos censos catastrales corresponden a décadas anteriores y hay muchos predios que no existen o figuran como lotes cuando actualmente son edificaciones.
“Imagínese un lote que figuraba en un área rural que hoy es urbana, donde actualmente hay viviendas campestres estrato 6. Puede pasar de un avalúo de $50 millones a $500 millones y si se multiplica la base por 10, el alza será a todas luces exagerada”.
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Casos como estos serán cotidianos y al final, el valor catastral después de la actualización se multiplicará por un factor mayor que 1 y de allí vendrá las quejas, reclamos, tutelas y las problemáticas derivadas.
