Actualmente el retraso de las operaciones en el pozo Uchuva 2, ubicado en la Costa Caribe, está en incertidumbre y la demora en su ejecución es indefinida. El Ministerio del Interior ya presentó un recurso de apelación para aspirar a un fallo de segunda instancia que ponga en marcha nuevamente los trabajos de exploración en ese pozo de gas.
Esto obedece a que un juez de Santa Marta ordenó la semana pasada suspender de manera inmediata las actividades de exploración y explotación de gas en ese pozo, ubicado en el Bloque Tayrona (Caribe colombiano), a unos 31 km de la costa, en límites entre La Guajira y el Magdalena.
Eso por una acción de tutela con el argumento de que la comunidad Taganga no recibió una consulta previa, por lo que la orden judicial es hacerla, pero también se ordenó el adelanto de otras medidas, como volver a hacer los estudios ambientales, lo que retrasaría aún más el proyecto en un contexto en el que se espera escasez de gas en los próximos años.
La cuestión es que el Gobierno Nacional no se quedó de brazos cruzados y este 17 de septiembre, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, le comentó a EL COLOMBIANO que el Ministerio del Interior presentó una impugnación para tratar de revertir la situación en un fallo de segunda instancia, que podría tardar unos 10 días en conocerse la decisión definitiva.
El argumento del Ministerio es que desde el 31 de diciembre de 2019, el derecho a la consulta previa en Colombia se reconoció con base en el criterio de presencia de las comunidades étnicas en las áreas a intervenir del respectivo proyecto.
Eso quiere decir que a partir del 1 de enero de 2020 se acató lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional SU 123 de 2018, y el criterio para determinar la procedencia de este derecho fundamental a a la consulta previa paso a ser con la afectación directa y no con la presencia de la comunidad étnica.
En ese orden, la comunidad Taganga no tendría derecho a la consulta previa porque no tiene una afectación directa por parte del proyecto, de hecho, el Ministerio explicó que desde 2006 hasta el 31 de diciembre de 2019 se expidieron certificaciones de no presencia de la comunidad Indígena Taganga.
Por esa razón, el 2 de noviembre de 2023, se expidió la Resolución ST 1630, que determinó la no procedencia de consulta previa, ante la ausencia de afectaciones directas sobre dicha comunidad.
Único proyecto para evitar importaciones
La importancia del proyecto para los colombianos no es otra que mantener la autosuficiencia de gas natural en el país y de esa forma evitar importaciones, de tal forma que el precio de las tarifas no tenga incrementos a raíz de mayores costos.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, indicó: “este es un proyecto de interés nacional porque es el único pozo que nos permite recuperar la autosuficiencia de gas natural. La decisión de este juez retrasa el cronograma previsto y, en ese orden, aleja la posibilidad de que Colombia vuelva a tener la autosuficiencia que ha tenido por 45 años”.
La cuestión es que este pozo tiene la posibilidad de revertir la caída en las reservas. Esto porque, según Murgas, contiene un potencial de gas equivalente a 2,5 veces la reservas probadas actuales, es decir unos 5 terapies cúbicos. Solo el Bloque Tayrona, donde reposa Uchuva 1 y 2, tiene el potencial de abastecer el 40% de la demanda nacional.
Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas probadas de gas bajaron 15,7%, de 2,82 terapies cúbicos en 2022 a 2,37 terapies cúbicos en 2023.
Murgas indicó que la decisión empeora el panorama porque habría que importar gas para complementar la atención de la demanda nacional. “Este proyecto lo que significa es que iba a evitar la compra de gas a otros países. Para el año 2025 y hasta que este proyecto entre en operación tendremos que sumar fuentes externas de gas a la fuente locales, porque las cantidades que tenemos en tierra no son suficientes para llenar los faltantes de gas que necesitamos”, sentenció.
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