Por presuntas irregularidades relacionadas con la compra de cartera de libranzas que vinculan a empresas como Estraval, Centro de Servicios Crediticios, Activos y Finanzas y Cartera Bayport, la Procuraduría General de la Nación anunció ayer que abrió investigación disciplinaria contra cuatro funcionarios del Banco Agrario de Colombia.
Según el Ministerio Público, el banco oficial “no contó con un estudio financiero que valore los aspectos relativos a la incursión en esta sección de negocio” y tampoco analizó “ beneficios que traería ingresar un producto adicional al crédito directo por libranzas”.
La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública concluyó luego de una auditoría que “los problemas del negocios se debieron en buena parte a la falta de gobierno del proceso, situación que al parecer provino de la improvisación de la parte operativa”.
Con lo anterior, el ente de control disciplinario señala que, “al parecer”, la Vicepresidencia de Banca Agropecuaria y la Gerencia de Ventas de Banca de Consumo no habrían asumido la estructuración del negocio de libranzas como les correspondía.
Particularmente en el caso de la firma Estrategias en Valores S.A. (Estraval), el Banco Agrario reconoció en respuesta escrita al diario El Espectador que realizó entre junio de 2014 y abril de 2015 compras de cartera originadas por libranza a esa firma por 15 mil millones de pesos.
El banco las suspendió “al detectar que no acataron recomendaciones en materia de riesgo operativo”, publicó ese diario el 30 de enero pasado.
Cabe anotar que la Procuraduría apoyó en enero pasado la solicitud de la Fiscalía de que un juez enviara a la cárcel a cuatro de los fundadores y miembros de junta directiva por presuntamente defraudar a unos 4.500 inversionistas en más de 600 mil millones de pesos en su negocio de compra y venta de libranzas.
De acuerdo con el fiscal del caso, Estraval ofrecía créditos de libranzas, conociendo que dichas operaciones no tenían flujo, dado que los pagarés de dichas operaciones habían sido vendidos previamente, hasta cuatro veces.
También el ente acusador detectó venta de pagarés en mora, oferta de libranzas que ya habían sido canceladas y “gemeleo” de libranzas para ponerlas en venta, existiendo una sola obligación.
