Como lo había advertido el presidente Gustavo Petro, el Presupuesto General de la Nación para el año 2025 saldrá por decreto. Esto, ante la falta de acuerdos con el Congreso de la República.
Esta noticia fue confirmada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien aseguró que “lo que radicó el Gobierno fueron $523 billones y eso entrará por decreto. Nadie le ha quitado recursos a la Registraduría, ni al Consejo Nacional Electoral (CNE)”
Bonilla enfatizó que por primera vez el Gobierno le está entregando los recursos directamente desde el presupuesto a la Registraduría y al CNE.
“Sin embargo, queremos resaltar que esos son recursos temporales que no pueden tener carácter permanente, porque solo son para usar en el periodo preelectoral con personal temporal”, puntualizó Bonilla.
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El pasado 6 de septiembre, el presidente lanzó una advertencia como si fuera una Crónica de una Muerte Anunciada, afirmando que “recorten o no recorten la ley de presupuesto, la ley de financiamiento, la reforma tributaria se presentará porque hay que reactivar la economía”.
Esto, tras las declaraciones del presidente del Senado, Efraín Cepeda, pues señaló que si antes del 10 de septiembre la Rama Ejecutiva no le quitaba $12 billones al proyecto de ley, se negará el monto completo para que se recomponga. Cepeda insistió en que, al recortarle esa suma al presupuesto, ya no se necesitaría una reforma tributaria.
Pero, ¿cuáles son los puntos a evaluar por esta decisión del Ejecutivo?
Mauricio Marín Elizalde, abogado y profesor conferencista, explicó desde su conocimiento en Derecho Fiscal que el Gobierno tiene el aval para expedir por decreto del Presupuesto Nacional de 2025. “El Gobierno expedirá mediante decreto el Presupuesto, bien sea por la iniciativa legislativa o por la decisión expresada del Congreso en votar desfavorablemente el proyecto (Art 348)”.
El papel de la Rama Legislativa
Elizalde mencionó que la opinión emitida por el Legislativo tiene valor “o no tendría sentido la exigencia del trámite legislativo del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN). Bastaría con expedirlo desde el principio mediante decreto y no puede desconocerse el carácter de ley formal y material de la norma que contiene el PGN”.
