El 2024 ha demostrado que el Gobierno Petro es un mal administrador de la plata pública. Todo comenzó cuando infló los ingresos, principalmente, provenientes del pago de impuestos de los colombianos, que sumaron $317,4 billones, según el presupuesto del 2024 aprobado el año pasado.
Sin embargo, esas cuentas felices pasaron a caras largas porque hasta septiembre solo recaudó $205 billones, y se estima que, de seguir así, el año cerraría con $275 billones, dejando un “hueco” fiscal de $42 billones. Es decir, a esta administración le hace falta para costear sus gastos, pago de deuda e inversión. Y en momentos como este, que se requiere austeridad, parece que el Gobierno quiere derrochar más.
Lea también: Gobierno Petro debe recortar su gasto hasta en 40% para cumplir regla fiscal y evitar sanciones económicas
De este déficit, ya se han recortado $20 billones, por lo que todavía faltan $22 billones por ajustar. Hace poco, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció un nuevo recorte de $33 billones en el gasto para 2024, pero aún no hay detalles.
Lo que sí es claro son los problemas de financiación para invertir, como el reciente recorte para dar subsidios por Prosperidad Social, la crisis financiera de las universidades públicas o la delicada situación de la salud desfinanciada, tres hechos, por ejemplo, que cuestionan cómo este Gobierno tiene el doble del presupuesto este año en comparación con el 2019, pero aun así falta plata para ejecutar o hay entidades que han ejecutado poco.
Lo anterior se complica con el recorte de $33 billones que viene. ¿De dónde saldrán esos recursos? Hay pocas opciones y todas son difíciles: el gasto de funcionamiento (que es casi fijo), una renegociación de la deuda pública o reducir la inversión.
Además: MinHacienda confirmó que este mes saldrá decreto que recortaría en $33 billones el Presupuesto de la Nación
Por ejemplo, en el gasto de funcionamiento, que representa unos $310 billones, los rubros más grandes son el Sistema General de Participaciones ($71 billones), pensiones ($70 billones), nómina y compras del Estado ($69 billones), y salud ($35 billones). También figuran gastos en universidades, subsidios al ACPM y pagos a docentes, que suman $27 billones. En este orden, con un margen tan ajustado, la posibilidad de aumentar los gastos es prácticamente nula
Vale recordar que, en junio, el Marco Fiscal de Mediano Plazo ya anticipaba un recorte de $30 billones en el gasto primario. El 20 de junio, se oficializó un recorte de $20 billones. Y el recaudo tributario a septiembre fue de $206 billones, 8,2% menos que el año pasado, lo que equivale a $8,9 billones menos de lo proyectado.
¿En qué se ha gastado este gobierno la plata?
Según el reporte del Ministerio de Hacienda, hasta el 8 de noviembre, Entre enero y octubre de 2024, el Gobierno comprometió $364,1 billones, un 72,3% del presupuesto anual total por $503,5 billones. De ese monto, ya se ejecutaron $316,8 billones.
De lo ejecutado, $308,9 billones se fueron al funcionamiento del Gobierno, $100 billones a inversión y $94,5 billones se destinaron a cubrir la deuda, a falta de dos meses para que se acabe el año.
¿Esto qué quiere decir? La ejecución del presupuesto alcanzó el 60% de lo previsto, el segundo porcentaje más bajo en la historia. Comparado con el promedio histórico del 67%, hay una brecha de 7 puntos porcentuales, es decir, una subejecución.
En inversión, la situación es similar: solo se ha ejecutado un 39,2% de los recursos asignados, el nivel más bajo desde 2005. Esto está 9,9 puntos por debajo del promedio histórico del 49,1%.
Por otra parte, a octubre, los sectores con mayor ejecución, sumando funcionamiento e inversión, fueron Educación con $55,05 billones (78,14% de lo proyectado), Salud por $47,41 billones (77,02%), Defensa ha gastado $39,07 billones (69,13%), Fiscalía con $4,3 billones (67,47%), y Minas ejecutó $8,2 billones (65,15%). En el otro lado de la moneda están Deporte y Recreación con tan solo el 20,86% de ejecución presupuestal, Presidencia con 21,14%, Agricultura y Desarrollo Rural apenas lleva 25,45% e Información Estadística al 35,30%.
Conozca además: Comienza la recta final para emitir el decreto del Presupuesto para 2025
Y si se compara con los últimos cuatro años, de los 30 sectores del presupuesto, 10 tienen una ejecución baja, con retrasos de más de 10 puntos en comparación con el promedio de los últimos años. Los sectores con más rezago son Agricultura y Desarrollo, Inclusión y Reconciliación, y TICs. Por otro lado, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Empleo Público han ejecutado recursos por encima del promedio histórico, superando los 10 puntos adicionales.
Con esas cifras de fondo, Henry Amorocho, profesor de Hacienda y Presupuesto Público de la Universidad del Rosario, calculó que, al reducir los recursos destinados a la inversión, “la ejecución del presupuesto de este año se estima que alcanzará entre un 85% y 90% de lo proyectado,” lo que refleja un rezago del “16% en la ejecución de los gastos de funcionamiento e inversión”.
Esto se traduce en una ralentización en la capacidad del gobierno para ejecutar sus planes y cumplir con sus objetivos de gasto. Para Amorocho, esta situación no responde exclusivamente a “un problema de flujo de caja, sino a una falta de planeación efectiva en la distribución y asignación de recursos presupuestales”, además de la incertidumbre en los ingresos tributario.
Por su parte, el economista Germán Machado, consultor y profesor de Economía de los Andes, explicó que, en el presupuesto nacional, la mayor parte de los recursos se destinan a gastos inflexibles como pagar la deuda y pensiones, transferir del Sistema General de Participaciones a alcaldías y gobernaciones, y cubrir esos gastos indispensables para funcionar. Por eso, en plata blanca, solo una parte menor del presupuesto financia proyectos que impulsan el desarrollo a largo plazo.
“El incremento de los costos de la deuda como se ve ahora, junto con el aumento del salario mínimo y de las transferencias a cargo de la Nación reduce continuamente el espacio disponible para proyectos de inversión”.
En esta misma línea, William Reyes, asesor de gasto público del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, sostuvo que el Gobierno nacional ha sido irresponsable en el manejo presupuestal y ha hecho cuentas alegres con el gasto. Al inicio del mandato, adicionó $15 billones al monto del presupuesto, que había sido radicado por el gobierno saliente, con el argumento del buen desempeño económico observado con la recuperación pospandemia.
Después, buscó incrementar el nivel de gasto aún más a través de una reforma tributaria que terminó recaudando mucho menos de lo esperado. Por último, en el presupuesto de este 2024 se continuó la senda de crecimiento del gasto, basándose en proyecciones de ingreso cuestionables como los esperados por arbitramento de litigios de la Dian.
Amorocho destacó que algunos factores, como “litigios tributarios no resueltos, que representan $15 billones, y la declaratoria de inconstitucionalidad de regalías por $7 billones”, también contribuyeron a la caída en los ingresos. Estos elementos han afectado profundamente la disponibilidad de fondos para cumplir con los compromisos del presupuesto.
“Paradójicamente, al cierre de este año, la falta de ejecución del presupuesto nacional terminará siendo favorable para el cumplimiento de la meta de balance (diferencia entre ingresos y gastos) establecida por la regla fiscal. En todo caso, el próximo año será retador pues la inversión pública caerá 16% en términos reales con $15 billones menos y en caso de que no se apruebe la Ley de Financiamiento, la caída en este rubro será aún mayor”, detalló Reyes.
¿Qué pasa con el recorte de $33 billones?
El gasto en pensiones, deuda pública, salud, educación y personal es, de cierta forma, obligatorio. Por eso, según Reyes, el gobierno está “atado de manos” y la inversión pública es la que se verá castigada cuando hagan de nuevo el recorte de $33 billones, pues es el único componente del presupuesto que permite cierto grado de maniobra. “La inversión pública es importante para el bienestar general y el desarrollo de las regiones, recortes adicionales podrían afectar aún más el desempeño de la economía”.
Por eso, ya Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, alertó sobre lo que viene: “Este año teníamos un presupuesto de $10,7 billones, pero con el recorte que nos hicieron quedamos en $10,1 billones. Sin embargo, para el próximo año nos pegarán una recortada violenta. Nos van a dejar en $5,3 billones, es decir, casi un 50% menos. Pero que quede claro que no es culpa de Prosperidad Social o del Gobierno, sino de una situación económica en la que todos tenemos que apretarnos”.
Por eso, el economista Machado insistió en que este recorte de $33 billones tendrá un impacto significativo en la inversión al cierre del año. Aunque es un recorte que se queda corto, porque algunas estimaciones sugieren que el recorte debería estar entre $40 billones y $50 billones (como lo sugiere el Observatorio Fiscal de la Javeriana), es un tijeretazo que llevará a una reducción anual del gasto del Gobierno en cerca del 40% para el cierre del año, en comparación con 2023.
Dentro de los sectores donde se verán los recortes, Amorocho destacó la inversión en el Ministerio de la Igualdad, un área que, en su opinión, “no ha mostrado un desempeño destacado en la ejecución de sus recursos”.
Sin embargo, hay otros sectores que enfrentan un riesgo similar, como el Ministerio de Vivienda, donde los recortes pueden afectar programas esenciales, entre ellos los subsidios de vivienda, que tienen un alto impacto social. También mencionó sectores como “Transporte, Minas y Energía, y Medio Ambiente”, en donde se espera que el gobierno examine proyectos específicos para reducir costos sin impactar de manera desproporcionada el desarrollo de estas áreas.
Analistas como Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, ven como positivo el mensaje de recorte al presupuesto por el compromiso fiscal y así cumplir la regla fiscal, dando una buena señal al mercado. “Sin embargo, nuestras cuentas en Corfi nos dicen que eso no será suficiente, porque el recaudo tributario estaba cayendo casi en un 9% en términos anuales, por eso, estimamos que el faltante es de $41 billones, o sea, a esos $33 billones les faltarían $8 billones”, calculó Romero.
A lo que Machado alertó: “Esa bajada grande del gasto, al inyectar menos recursos a través de la inversión pública, limitará la cantidad de dinero en circulación, lo que frenará la velocidad de recuperación de la actividad económica. Es decir, la reactivación económica irá más lenta, lo que puede pasar factura en el crecimiento y la generación de empleo”.
Además, este recorte, que estaba cantado desde hace meses porque desde hace rato al Gobierno nacional no le cuadran las cuentas, “muestra una vez más la incapacidad para ejecutar el presupuesto de manera eficiente, lo que genera dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar las finanzas públicas”.
De esta forma, se espera un panorama complejo para la inversión en lo que resta del año, con posibles retrasos en proyectos y dificultades para cumplir con las metas de gasto y del Plan Nacional de Desarrollo. Esto se agravaría aún más, dado que, el proyecto de Presupuesto Nacional 2025, que también está desfinanciado, plantea que, a excepción de Bogotá, Vichada, Vaupés y Bolívar, los demás departamentos del país experimentarán recortes en su presupuesto de inversión para 2025.
Por lo tanto, para el cierre del año, Romero proyectó que el Gobierno logrará cumplir la regla fiscal a costa de esos $33 billones y subejecución de rubros, por lo que “las cifras de ejecución del presupuesto de este año estarán muy por debajo de lo que se ve históricamente”, por lo tanto, seguramente, habrá un cierre fiscal 2024 cuando la subejecución permitirá que el gasto esté acorde al déficit que exige la regla fiscal, que es de 5,6% del PIB.
¿Y la austeridad en el presupuesto?
A pesar de la reducción de $33 billones que se viene, Machado sostuvo que no hay una estrategia de austeridad por parte del Gobierno. De hecho, el recorte no es resultado de un ajuste del Gobierno, sino que es un corte obligado, debido a que las proyecciones económicas del Ministerio de Hacienda estaban infladas y no cuadran las cuentas.
“El Gobierno sigue manteniendo un nivel de gasto elevado a pesar de la precariedad en el recaudo y sigue insistiendo en presentar presupuestos desfinanciados. Prueba de esto es el proyecto de presupuesto del 2025 tiene un faltante estimado de cerca de $25 billones y que, con total seguridad, el Ministerio de Hacienda tendrá que recortar el próximo año”, estimó el docente.
La gestión de las finanzas públicas del Gobierno ha fallado en seriedad. El Gobierno ha inflado las cuentas, tiene una baja ejecución en inversión, concentra el gasto en funcionamiento y ha creado gran incertidumbre sobre el financiamiento de 2025, reiteró Machado.
Siga leyendo: Se materializa la dictadura fiscal: Gobierno aprobará presupuesto del 2025 por decreto
Y Amorocho concluyó que “el problema de fondo no es tanto la falta de recursos, sino la necesidad de mejorar la planificación presupuestaria del gobierno para evitar que sectores clave se vean afectados”.
Aunque el recorte del presupuesto busca cumplir con la regla fiscal, “la falta de ejecución completa impacta negativamente en la economía”. La inversión pública es crucial para la recuperación económica, y Amorocho enfatizó que “el gobierno debe ser más cuidadoso en sus estimaciones y asignaciones para no poner en riesgo los bienes y servicios que la población necesita”.
