Luego de que el Gobierno Nacional anunciara el incremento de $71 en el precio de la gasolina (quedando en $15.827) y de $76 en el ACPM o diésel ($10.536), los gremios de transportadores de carga mostraron de nuevo su desacuerdo, pues afirman que se están incumpliendo los acuerdos pactados en el pasado paro de camioneros.
Para Nidia Hernández, presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), este nuevo incremento es “inaceptable”.
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“El precio del ACPM, desde enero de 2024 a la fecha, ya ha tenido un incremento del 15%, sin contar con el aumento que hemos tenido en materia de peajes, que en el mismo periodo supera el 27%”, sostuvo Hernández.
Lo anterior, dijo, “sin contar los sobrecostos que tenemos que asumir y la pérdida de productividad en los vehículos de carga por cuenta de los innumerables bloqueos que en el 2024 superaron los 800”.
Y en este 2025, indicó la líder gremial, sigue la misma tendencia: “Los cierres viales y la situación de inseguridad tampoco están permitiendo el tránsito las 24 horas en algunos departamentos, lo cual viene perjudicando significativamente los ingresos del sector”.
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De acuerdo con Hernández, el compromiso pactado con el Gobierno Nacional era mantener congelado el precio del diésel hasta que se definiera una nueva fórmula de fijación de precios; sin embargo, esto no se ha hecho, puesto que las mesas de diálogo están suspendidas debido a los recientes cambios en los ministerios de Hacienda y Minas.
“Veníamos desarrollando las mesas con el exministro Ricardo Bonilla, pero con los cambios en la cartera es como volver a empezar de cero”, agregó.
A su turno, Arnulfo Cuervo, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), anotó que este reciente aumento está sustentado en un decreto que establece un incremento de $35 como ingreso al productor (que es Ecopetrol), lo que le generaría ingresos adicionales a la petrolera.
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El problema, según Cuervo, es que este aumento sería injustificado, ya que el precio del diésel en Colombia se establece utilizando referencias internacionales, específicamente en el mercado del Golfo de México, a pesar de que el país produce y refina localmente la mayor parte del combustible que consume.
