La Procuraduría General de la Nación solicitó decretar la nulidad del fallo de tutela de un juez en Santa Marta, quien ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades relacionadas del proyecto de exploración y explotación en el área de interés de perforación exploratoria Tayrona en el pozo Uchuva, y coadyuvó las impugnaciones interpuestas por el Gobierno Nacional contra dicha decisión.
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De acuerdo con el delegado de Asuntos Ambientales, Minero energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, esta acción judicial, que se suma a la situación con el pozo Komodo-1, “está poniendo en riesgo la seguridad energética del país, en cuanto al suministro de gas”.
Según el funcionario de la Procuraduría, el juez ordenó la suspensión de la perforación y exploración de este pozo en el mar Caribe, lo que resulta “sumamente preocupante en tiempos donde vamos a necesitar todo el gas disponible para las térmicas, para los automóviles y, especialmente, para el suministro de gas domiciliario en los hogares”.
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El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Segunda Instancia decretar la nulidad, ordenando la vinculación de las entidades que deben ser llamadas a intervenir dentro de esta acción, como son la Aunap, Invemar, Dimar, y las Capitanías de Puerto de Riohacha y Magdalena, para que comparezcan y contesten la demanda del gobernador indígena de la comunidad de Taganga.
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Así mismo, pidió que se ordene a la Anla que a través del seguimiento y control ambiental a las disposiciones, obligaciones, términos, condiciones y estipulaciones señaladas en la licencia ambiental y sus actos modificatorios, garantice el derecho de participación ciudadana de las comunidades interesadas, en especial, el cabildo indígena Taganga.
