El hundimiento de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro marca un capítulo de alta tensión política y económica en el país, pues pone contra las cuerdas la inversión y los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2025.
En un desenlace que tomó por sorpresa a muchos, las comisiones económicas conjuntas del Congreso archivaron la iniciativa que buscaba tapar un desfinanciamiento de $12 billones en el PGN de 2025, aunque la meta de MinHacienda se redujo a $9,8 billones al retirar el impuesto a juegos de azar y apuestas en línea (de $2 billones) tras presunta presión y lobby en las comisiones.
Tras esto, el gabinete de Petro empezó a lanzar casi de forma articulada varias advertencias. “Este no es un voto en contra del presidente Petro, se han negado las posibilidades de inversión, se ha hecho un recorte al Presupuesto General (de $523 billones)”, expresó Diego Guevara, nuevo MinHacienda.
La postura fue secundada por Alexander López, director de Planeación Nacional: “con esta decisión le dan un duro golpe a los más pobres y a las clases medias de nuestro país. Hemos honrado decisiones que tomaron gobiernos anteriores, como las deudas irresponsables que nos dejó Iván Duque. Aquí lo que se afecta es el presupuesto de inversión, que finalmente lleva a que cerca de 26 de 31 sectores no vayan a tener presupuesto de inversión en el país”.
Hay plata sin ejecutar
Para analistas y políticos, las declaraciones de los funcionarios parecen olvidar que aún hay plata congelada y que, como se ha advertido, había de dónde echar mano antes de pensar en una tributaria.
Y es que uno de los cuestionamientos, tanto de miembros de la oposición como de algunos expertos económicos, es que se pretendiera un recaudo de $12 billones con la tributaria, cuando hay al menos $92 billones del Presupuesto (2024) sin ejecutar.
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De hecho, la ejecución presupuestal del Gobierno en lo que va de este año es la más baja desde 2019. Las cifras, con corte a noviembre, arrojaron que los compromisos del PGN alcanzaron el 80,8%.
Este porcentaje equivale a $406,7 billones de los $503,6 billones aprobados para el año, dejando sin ejecutar más de $92 billones. Aunque hubo un repunte en los últimos meses, el avance no es suficiente para evitar que 2024 sea uno de los años con peor desempeño en esta materia, afectando particularmente los rubros de inversión.
Según la firma de análisis de datos Dapper, con base en cifras del MinHacienda, la ejecución del presupuesto en noviembre estuvo en mínimos históricos y fue la más baja desde 2019, cuando se mide por obligaciones; además, ocupa el segundo lugar más bajo en términos de compromisos.
¿Se puede usar la plata sin ejecutarse? Según establece la ley, después del 31 de diciembre de cada año las apropiaciones incluidas en el presupuesto expiran y, en consecuencia, no pueden comprometerse, adicionarse, transferirse, ni contracreditarse.
No obstante, “al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación“.
¿Gastos disparados?
Más allá de esto, es importante hablar de los gastos de funcionamiento. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, sostuvo que este rubro y “la burocracia han venido creciendo, mientras se reduce la inversión”.
Uribe explicó que “el Gobierno en dos años aumentó el gasto de funcionamiento en $100 billones, lo que representa un aumento de 20%”.
En la misma línea, para el concejal de Bogotá y analista Daniel Briceño, primero se debió contar con una política de austeridad antes de una nueva reforma tributaria.
“Hay varios gastos que no son esenciales dentro del Estado, y que hoy le generan un gran detrimento, pero sobre todo un gran gasto de funcionamiento que podrían revisarse. Estos suman en estos dos años $14 billones y pueden llegar a sumar unos $30 billones al terminar el cuatrienio del presidente Gustavo Petro”, señaló Briceño.
Argumentó que, por ejemplo, hay $5,4 billones contratados por la Unidad Nacional de Protección en esquemas de seguridad, de los cuales $3,4 billones son para escoltas; $1,8 billones son de alquiler de camionetas blindadas y convencionales, y $75.000 millones de combustibles para este tipo de vehículos.
Según el concejal, también hay $1,2 billones que están gastando todas las entidades en eventos y logística. “Creemos que ahí se puede hacer un esfuerzo para comenzar a ahorrar recursos (...) También están los $145.000 millones que se están gastando en pauta. Y hay unos recursos que están quietos, que no han tenido una mayor ejecución, que son los $1,8 billones del Ministerio de la Igualdad. El gobierno debe comenzar a castigar a aquellas entidades que no han ejecutado y no han generado resultados para poder dirigir esos recursos a entidades que sí lo hacen”, continuó.
Por su parte, Rémi Stellian, profesor de Administración de la Universidad Javeriana, consideró que se trataría de un problema de gestión de las finanzas públicas.
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“Si los gastos públicos aumentan, esto debería reflejarse en prioridad en los gastos de inversión; sin embargo, este escenario no es lo que se observa. Más bien, hay una cierta desconexión (...) Esta reforma estaría centrada en un aumento de los ingresos fiscales sin disposiciones claras en cuanto a la manera de utilizar esos ingresos y vincularlos a cambios estructurales en los gastos públicos”, opinó.
¿Qué se viene?
Con el hundimiento de la tributaria, el presupuesto del 2025 está desfinanciado. Por eso, Germán Machado, economista y docente de los Andes, aseveró que el Gobierno tendrá que cortar el gasto para acomodarlo a sus posibilidades reales.
“Eso significa que, en la primera semana de enero, el Gobierno tendrá que recortar $12 billones al Presupuesto. Pero, además, durante el año tendrá que recortar otros $30 billones adicionales para cumplir con la Regla Fiscal y respetar los límites de deuda y de déficit del país”, indicó.
Frente a esto, desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reafirmaron que, con la caída de la Ley de Financiamiento, el Ejecutivo tendrá que ajustar mucho más el gasto público el próximo año.
Esto, dijeron, deja un Presupuesto para 2025 de $511 billones, de los cuales solo $70 billones corresponden a la inversión pública, lo que implicaría un castigo a este rubro con la reducción del 26% en términos reales en comparación con el Presupuesto de 2024.
Finalmente, alertaron que el Gobierno Nacional tendrá el reto durante el próximo año de hacer estos recortes sin afectar los programas sociales que están vigentes y las nuevas necesidades que surjan.
La alternativa
El presupuesto debe ser expedido antes de que termine este año, lo que obliga al Gobierno a buscar nuevas estrategias. Ya el ministro Guevara, antes de hundirse el proyecto, había dicho que, si no pasaba, tendrían que hacer un ajuste en los montos, “pero el 2025 tendrá un mayor nivel de crecimiento económico y con ello esperamos un mayor recaudo”.
Incluso, el nuevo ministro de Hacienda anticipó que el Ejecutivo sí hará esos ajustes en los montos previstos. “Haremos un análisis con el presidente Petro para buscar opciones responsables y sostenibles. La estabilidad macroeconómica sigue siendo nuestra prioridad”, indicó.
Dentro del análisis para hallar ese plan B, anticipó que buscarán los compromisos que tiene este gobierno con la deuda y con el manejo prudente de las finanzas. “Será un análisis que haremos en una sesión con todo el alto gobierno que nos acompaña”.
Pero el panorama luce sombrío. Según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el Gobierno deberá recortar al menos $37 billones del Presupuesto para cumplir con la Regla Fiscal. Esto incluiría ajustes en subsidios, programas sociales y proyectos de inversión, agravando el impacto en las regiones.
Con el rechazo del Congreso, el Gobierno enfrenta un dilema crucial. Sin la Ley de Financiamiento, deberá decidir entre implementar un programa de austeridad o buscar alternativas para incrementar los ingresos.
Para algunos analistas, la más inmediata sería hacer un recorte drástico del gasto público, como ya lo propuso Fedesarrollo.
“Esto implica priorizar programas esenciales y dejar de lado metas menos urgentes. Sin embargo, este camino podría afectar la inversión pública y el crecimiento económico, dos motores claves en un contexto de recuperación”, comentó Mateo Rivera, magíster en Economía de la Eafit.
