Un dolor que ha sido histórico en la Costa Caribe amenaza con revolcar a todo el sistema eléctrico colombiano. La crisis que allí se vive con las altas cuentas de servicios de energía ha servido de excusa para que el Gobierno Nacional quiera refundar el sector a través de múltiples normativas, dejando en vilo la disponibilidad de energía a futuro para todo el país.
Los habitantes de la Costa llevan años pagando unas facturas de la luz que muchas veces triplican o cuadruplican lo que paga un usuario del mismo estrato en el interior del país. En marzo de 2024, solo por la energía eléctrica, los usuarios de estrato 1 pagaron entre $107.002 y $116.725 en promedio (dependiendo de la empresa que les presta el servicio, sea Air-e o Afinia), mientras que en Medellín el promedio era de $34.156 (EPM). En el caso de los estratos 4, que no tienen ningún subsidio, en la Costa pagaron promedios de $412.263 y $441.272, mientras que en Medellín pagaron $140.229.
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En lo que coinciden todos los expertos en la materia es en que la situación en la Costa es muy preocupante e insostenible, no es justo que los habitantes de estratos bajos estén gastando hasta el 65% de sus ingresos pagando servicios públicos, como no es equitativa esa diferencia con el interior del país. Pero tampoco puede ser la respuesta cambiarlo todo, poniendo en riesgo un sistema que desde el apagón de 1993 ha venido respondiendo de forma sólida, consistente y financieramente viable con el servicio en todo el país.
El gobierno adelanta varias reformas, algunas por decreto desde el Ministerio de Minas y Energía y otras mediante proyectos de ley que harán trámite en el Congreso de la República; y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) también va tomando decisiones. En ellas, por ejemplo, se le otorgan facultades al presidente de la República que hoy son de la Creg, lo que podría cambiar el carácter técnico de las decisiones por uno político. Muchas de esas reformas preocupan a los empresarios del sector, quienes sienten que les están cambiando las reglas del juego.
“Una ley no funciona para bajar las tarifas, porque una ley se demora entre 8 y 12 meses en salir y el problema de tarifas de hoy, de ayer y de antier se tiene que solucionar de una vez. Y eso solamente se logra con recursos frescos del presupuesto nacional”, dijo Camilo Sánchez, presidente de Andesco, gremio de las empresas de servicios públicos domiciliarios.
También aseguró que este es un sistema confiable, que es referencia en América Latina: “Sí, hay que hacer leyes, hay que hacer una actualización tecnológica, que la ley incluya medidores inteligentes, micro medidores, macro medidores, todas esas cosas que no existían hace 30 años, pero no cambiar lo que funciona, no dar ese salto al vacío que simplemente puede perjudicar al sector. No se pueden intervenir los mercados, porque sería un error histórico”.
Además, dichas reformas, al ser tan profundas están afectando desde ya a los empresarios, quienes no logran conseguir la financiación para sus proyectos por la incertidumbre, pues los inversionistas sienten que hay un mayor riesgo al poner su plata en Colombia.
Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), contó que en este momento está pagando 200 puntos básicos más de intereses por financiación de iniciativas en el país, y esa cifra es muy significativa cuando se habla de proyectos que superan los US$400 millones. “Se está haciendo mucho más fácil invertir en Brasil o Perú porque allá sí logramos vender los proyectos, pues en Colombia se está complicando”.
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Los problemas de la Costa
Las explicaciones para que la energía sea más cara en la Costa son muchas y muy variadas: el calor hace que consuman más energía, la situación económica y sociocultural hace que mantengan electrodomésticos ineficientes, las construcciones no se adaptan a las condiciones climáticas, las empresas de energía no han logrado controlar las conexiones ilegales ni robustecer el sistema para evitar pérdidas y, además, en muchos de los municipios se incluyen unos carísimos contratos de alumbrado público.
Todos esos problemas llevan años acumulándose y la debacle de Electricaribe, en 2020, no hizo más que acrecentarlos. El Gobierno tuvo que asumir las deudas post toma que incluyen $1,6 billones de pasivo pensional, $400.000 millones para garantizar el servicio y $860.000 millones del plan de inversión de ese año, como detalló la entonces superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño.
Mientras que, para sanear la situación, a las empresas que entraron a reemplazarla les dieron unas mayores garantías económicas a cambio de que realizaran las inversiones que no hizo Electricaribe en su momento, y cuya inexistencia tenía al sistema generando grandes pérdidas de energía en todo el camino entre la generación y el usuario final, especialmente por la cultura del no pago que hay en esa región del país. Se trata de energía que los comercializadores compran, pero nadie les paga, entonces dicha pérdida se distribuye entre los que sí pagan.
Así que Air-e (del empresario Alberto Ríos Velilla) y Afinia (ahora de EPM) se comprometieron a invertir en el sistema $12 billones en una década, pero les cayó la pandemia y el gobierno de Iván Duque implementó la llamada opción tarifaria, que obligaba a los comercializadores a reducir o congelar los precios del servicio para que los usuarios no se vieran aún más afectados en su economía. La promesa era que los mismos usuarios pagarían los recursos que quedaran debiendo en el futuro.
Obviamente, la caja de todas las comercializadoras se vio afectada por la opción tarifaria, el año pasado los gremios del sector advertían que si esos cobros no se podían hacer cuanto antes, el sistema atravesaría un “apagón financiero”. Pero para Air-e y Afinia, que eran nuevas en el mercado, que no contaban con un gran músculo financiero para enfrentar semejante crisis y que heredaron un sistema expuesto a tantos riesgos, la opción tarifaria fue un golpe mortal.
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“Durante el transcurso de la operación de Air-e, la empresa comercializadora, a riesgo propio con su caja, financió más de $1,1 billones de pesos, saldo que, al corte de comienzos de este año, había recuperado apenas $200.000 millones aproximadamente”, detalló Santiago Posso, gerente general de Air-e.
En el caso de Afinia, el hueco por cubrir es de $1,7 billones, según reveló la Junta Directiva de EPM. Para que esta empresa pueda seguir prestando el servicio, EPM le ha inyectado recursos constantemente: en marzo de 2023 la empresa autorizó un contrato de crédito por $450.000 millones, en septiembre dio luz verde para una capitalización de $350.000 millones y luego otra capitalización de $250.000 millones en diciembre pasado.
Una vez superada la pandemia, las comercializadoras podrían diferir los pagos de los usuarios hasta en 6 años, cada una tomaba la decisión de en cuánto tiempo cobrar porque de ello depende qué tanto se afecta a los usuarios. Mientras algunas empresas en el interior del país decidieron diferirlos en 5 o 6 años, las de la Costa los cobrarán en 1 o 2 años, pues su situación es frágil.
Y llegó El Niño
Ahora que los comercializadores empezaron a cobrarles a los usuarios esos saldos, coincide con el fenómeno del Niño, que ha reducido las precipitaciones y bajado los niveles de los embalses. XM, operador del sistema interconectado nacional, reportó que el embalse real para el día 21 de marzo de 2024 finalizó en 34,83%, un nivel que causa mucha preocupación, pues exige que las térmicas estén trabajando a toda capacidad (con los precios del gas por las nubes), y si bien es cierto que para coyunturas como estas es que existen las térmicas, se aumenta el costo de generar energía, que es lo que menos se quiere.
Desde que inició la reducción de las lluvias, el precio en bolsa ha fluctuado mucho, alcanzando un máximo el 24 de octubre de 2023, cuando llegó a $1.595 el kilovatio, dicho precio en una temporada normal ronda los $300 (el 19 de marzo de 2024 registró $655). Mucho se ha dicho que el precio en bolsa no es tan relevante porque las empresas tienen contratos de largo plazo y utilizan la bolsa solo cuando la energía contratada no les alcanza. Las estimaciones de Acolgen, gremio de las empresas generadoras, indican que el peso de la energía en bolsa puede llegar al 20% del total del componente de generación.
El problema es que, durante el fenómeno de El Niño, el consumo de energía se dispara y con ese aumento de la demanda, la exposición de las empresas comercializadoras al mercado bursátil se aumenta. “Aunque en enero de 2023 la exposición de la empresa era mínima, alcanzando apenas un 5%, para septiembre aumentó drásticamente al 30%. Los altos costos sostenidos hacia finales del año pusieron en riesgo todo el sistema”, explicó el gerente general de Air-e.
Como se requieren soluciones, estas deben ir a cada una de las causas explicadas al comienzo de este artículo.
Reducir el consumo
EL COLOMBIANO recogió y sistematizó la información disponible en la Superintendencia de Servicios Públicos para entender el comportamiento de las tarifas en las diferentes regiones del país, como se puede apreciar en el gráfico, en todos los estratos el consumo es superior en la Costa, y ahí entran a jugar varios factores.
El primero es muy obvio, las altas temperaturas exigen un mayor gasto energético, como no se está cómodo con el calor, lo usual es que en las casas de la Costa haya muchos ventiladores o aires acondicionados, y que los electrodomésticos de enfriamiento como neveras y congeladores tengan un mayor gasto de energía para cumplir su función.
A esto se suma que en esa región del país los electrodomésticos son muy obsoletos, muchos utilizan aún el congelador de escarcha, o lavadoras muy viejas heredadas por generaciones y cuyo eficiencia es muy mala. “Uno se encuentra allá familias que tienen la lavadora o la nevera de la abuela, y le tienen cariño, y no se deshacen de ella por nada del mundo”, contó un conocedor del tema.
Por eso, el Gobierno Nacional, a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) subsidió, entre septiembre de 2020 y enero de 2024, 29.434 neveras eficientes para sustituir las obsoletas en hogares de estrato 1 y 2 de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Córdoba, con un apoyo de $840.000, incluso Air-e puso otro monto, de modo que muchas de esas familias recibieron hasta un millón de pesos. La reducción en las facturas de la luz para cada familia se estima en $50.000 mensuales.
Ayudas así hay que seguirlas gestionando, coinciden los expertos consultados. No solo con neveras, sino con lavadoras y aires acondicionados, pues muchas familias han heredado aires viejos que salieron de oficinas precisamente por ineficientes. Mientras más actores entren a la ecuación mayor será el impacto en el consumo de energía de los hogares de esa región.
En ese sentido, Fenoge anunció que se ampliará el cambio de neveras a los siete departamentos de la región Caribe. Además, incluirá la sustitución de bombillas ineficientes por bombillas LED y la implementación de medidas de gestión eficiente y soluciones solares fotovoltaicas en edificaciones públicas.
De otro lado, es urgente que las constructoras piensen en la eficiencia energética, dado que las viviendas de interés social en la Costa Caribe tienen techos de zinc, que las convierten en un hervidero, lo que no ocurre en el Pacífico donde se utiliza madera y paja. E incluso, muchas NoVIS tienen los techos tan bajos que no es posible instalar un ventilador que es más eficiente que uno de pie.
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Aumentar los subsidios
En Colombia, los estratos bajos reciben subsidios en sus facturas de servicios públicos, a menor estrato mayor es el subsidio, sin embargo, hay un tope de 143 kilovatios hora que pueden ser subsidiados por cada hogar, por ser considerado este legalmente el consumo mínimo de subsistencia.
En todo el país, en promedio, los estratos 1, 2 y 3 consumen por debajo de ese límite, pero en la Costa lo superan ampliamente, y todos los kilovatios que exceden ese tope deben ser pagados con tarifa plena. Ahí se genera otra inequidad, porque como se aprecia en el gráfico, si un hogar estrato 1 en Medellín consume 98 kilovatios hora y otro en Barranquilla consume 204, en Medellín el 100% del consumo estaría subsidiado en el 60%, mientras que en Barranquilla el subsidio sería apenas para 143 kilovatios y pagaría completa la tarifa por los 61 kilovatios hora restantes.
De ahí que el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, le pidiera al Gobierno modificar los límites del consumo de subsistencia para que los usuarios que viven por debajo de los 340 metros sobre el nivel del mar tengan subsidios al consumir menos de 252 kilovatios hora, con eso, todo el consumo promedio de los usuarios de la Costa estaría amparado por el subsidio que es de 60% para el estrato 1, del 50% para el estrato 2 y del 15% para el estrato 3.
Esta propuesta requiere de recursos públicos, pues lo que transmiten los usuarios de estratos 5 y 6 para ayudar a pagar esos subsidios no es suficiente. Se espera entonces que el Ministerio de Hacienda se pronuncie en ese sentido, para saber si hay viabilidad técnica y financiera.
¿Eliminar cobros de alumbrado?
Por ley, en Colombia, el impuesto al alumbrado público, que es un servicio que contrata cada municipio con autorización del Concejo, se puede cobrar en la factura de la luz. Es bien conocido que este servicio en Atlántico, al igual que en otras regiones del país, es prestado desde hace más de 20 años por empresas de Euclides Torres, quien habría financiado la campaña de Gustavo Petro a la presidencia.
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En el caso de Air-e, los cobros son variados, dependiendo del municipio, en algunos se incluye la gestión de basuras, el alumbrado público, la seguridad, entre otros, que pueden costar entre el 10% y el 30% del total de la factura.
Juan Ricardo Ortega, del GEB, explicó que esos son montos inconcebibles: “Nosotros prestamos el servicio de alumbrado público en Perú y los costos son cerca del 4%, 5% o 6% de la tarifa de energía, y así y todo tenemos un buen margen de utilidad. ¿Se imagina cuánto están ganando cuando el cobro es del 30%? Están llegando a más del 1.000% de utilidad”.
Además, estos cobros están sometidos al vaivén político, pues las administraciones municipales pueden tomar decisiones al respecto a su antojo. Recientemente, en Barranquilla la administración municipal decidió eliminar el cobro del alumbrado público para los estratos 1 y 2 y aumentarlo 29% en los demás estratos en el sector residencial y 42% en el comercial. “La reforma es tan onerosa, que solo en el sector residencial los incrementos aprobados entre estratos 3 y 6 le asegurarán a la empresa de economía mixta Kyena, que maneja el alumbrado público, un recaudo casi 6 veces superior al año 2023”, expresó el Comité Atlántico de Servicios Públicos.
En ese sentido, Posso asegura que lo mejor es que esos cobros salgan de las facturas de energía, para que los usuarios puedan ser conscientes de cuánto es lo que en realidad están pagando por la luz.
El Ministerio de Minas y Energía viene trabajando en un decreto en ese sentido, pero ya encontró oposición. Contralores de todo el país expusieron en una carta de 26 páginas que no están de acuerdo con que se dé a los usuarios la posibilidad de realizar pagos independientes para los servicios públicos domiciliarios y los cobros de terceros como el impuesto al servicio de alumbrado público, porque va en contra de la ley.
Si los cobros de alumbrado público se sacan de la cuenta de servicios domiciliarios, la gente tendería a no pagarlos, lo que causaría una bomba social aún más grave. Camilo Sánchez, de Andesco, advirtió que se requieren mecanismos que permitan evitar la corrupción en estos contratos, pero que hay que garantizar el pago del alumbrado público porque es un servicio del que depende la seguridad ciudadana.
Combatir la ilegalidad
Uno de los componentes de la tarifa en la que hay mayor diferencia entre la Costa Caribe y el interior del país es en las pérdidas, que para Air-e están en $206, para Afinia en $194, mientras que para EPM en Medellín en $69 por kilovatio hora.
El presidente Gustavo Petro ha dicho que esto es ilegal, y que el contrato entre el gobierno y las comercializadoras que les permite distribuir entre quienes sí pagan la ineficiencia del sistema está por fuera de la ley.
Lo cierto es que cuando Air-e asumió la operación, el indicador de pérdidas eléctricas superaba el 32%, pues allá hay una arraigada cultura del no pago, y para finales del año pasado se redujo al 25%. Además, Air-e dice que ha generado más de 550 denuncias penales por esos delitos.
Y es que, de acuerdo con el presidente de Andesco, este es un problema de fondo: “La gente tiene que entender que robar energía no es un chiste, que no pueden reírse cuando ven al vecino pegándose del cable, sino que tiene que denunciar, por el bien suyo y el de toda la comunidad”.
Lo que hace la Creg
La Creg ha tomado algunas decisiones que aplican para todo el país, como permitir transitoriamente que las empresas generadoras y comercializadoras firmaran contratos con más larga duración y evitar así la exposición en bolsa, y permitir que las pequeñas plantas de energía, como las que tienen algunas empresas para su propio uso, puedan ofrecer su energía sobrante al Sistema Eléctrico Nacional más fácilmente.
Además, la Creg propuso establecer un precio máximo de lo que podría costar la energía en el mercado, determinando un límite de $532 por kilovatio hora, asunto que sigue en evaluaciones.
En el caso específico de la Costa Caribe, decidió disminuir el porcentaje de cargo adicional que se paga por las pérdidas, ajuste que se debe realizar directamente en el cálculo del costo unitario del kilovatio hora. También se contempla una reducción anual del costo unitario gracias a la disminución causada por menor reconocimiento en las actividades de administración, operación y mantenimiento dentro del componente de distribución.
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Y es ahí donde Air-e se queja, porque dice que todas las medidas para controlar el precio terminan afectando directamente a los distribuidores y comercializadores, que ya vienen muy aporreados.
En opinión de Posso, “los comercializadores de energía emergen como los rostros visibles ante los consumidores, sin embargo, recae sobre ellos una carga desproporcionada. Mientras tanto, otros eslabones de la cadena apenas asumen riesgos mínimos en muchos casos inexistentes. Los generadores y transmisores, por ejemplo, gozan de una estabilidad financiera casi inalterable, ya que sus costos y utilidades permanecen inmunes a las fluctuaciones del mercado. Son los comercializadores y distribuidores quienes, desde su estructura financiera, sostienen al usuario final asumiendo los riesgos de impago y enfrentando las inclemencias externas que puedan afectar la capacidad de pago de los consumidores”.
Sin embargo, desde el lado de la generación argumentan que las utilidades del sector son muy pequeñas comparadas con el enorme capital que tienen invertido, pues desde el apagón de 1993 las generadoras han puesto más de $140 billones.
Juan Ricardo Ortega dijo que los accionistas del GEB, solo uno de los generadores del país, tiene invertidos $21 billones, que es “el ahorro de gente que se enterró por el futuro del país y se enterró postergando la capacidad de hacer cosas hoy para poder tener cosas mañanas”. Así que en su lógica, la utilidad del 10% no es demasiado, pues está muy cercana a la inflación que el año anterior cerró en 9,28%.
Para este artículo, EL COLOMBIANO intentó conocer la posición de Afinia, pero, dado el reciente cambio en el mando de la empresa, no alcanzaron a dar respuesta al cierre de esta edición.
De momento, los usuarios siguen pagando facturas caras y los comercializadores están con el agua al cuello, esperando respuestas del Gobierno que, en medio del caldeado ambiente político, no parecen llegar pronto.
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