El ente de control busca definir si hubo omisiones en el proceso normativo que debió surtirse para la asignación de $13 billones. Los detalles.
Este lunes, la Procuraduría General de la Nación ordenó abrir una indagación previa contra funcionarios del Ministerio de Hacienda, debido a las presuntas irregularidades en la expedición del decreto con el que se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2024.
Los funcionarios que se indagarán, según el ente de control, están por determinarse.
La delegada para la Economía y la Hacienda Pública sostuvo que, de acuerdo con lo reportado por varios medios de comunicación en los últimos días, habría material probatorio que evidenciarían posibles anomalías en el detalle de las apropiaciones y en la clasificación y definición de los gastos de cerca de $13 billones.
De esta manera, la Procuraduría busca definir si hubo omisiones al surtir el proceso como dicta la normativa y se pasó por alto incorporar las modificaciones realizadas durante el proceso legislativo, así como las razones por las que inicialmente no hubo claridad en la destinación de los recursos de inversión.
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La apertura de esta indagación ordena, además, la revisión el Decreto 2295 de 2023, en el que estaban consignados los gastos presupuestados para 2024, y la fusión de dos documentos de naturaleza técnica y normativa, para dejar todo en uno solo, con lo que se pudo contravenir lo señalado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que establece la emisión por separado de los mismos.
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Asimismo, se indagará por el acta que debió gestionar el encargado de la secretaría técnica del Consejo de Ministros y que, al parecer, por desconocer su responsabilidad omitió hacer, lo que habría provocado el extravío de las conclusiones y su elaboración tardía.
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Adicionalmente, el organismo ordenó la práctica de pruebas para identificar a los sujetos procesales implicados, establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
¿Qué pasó?
El problema surgió cuando el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana alertó que el Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 y su anexo técnico no especificaban al detalle la destinación de $13 billones que representan recursos apropiados para el sector Transporte ($10,5 billones), Hacienda ($2 billones) y Educación ($0,5 billones). Dicha cifra significa el 13% del total de gastos de inversión para 2024.
El Observatorio detalló que en el anexo de cada decreto de liquidación se detalla el destino específico del presupuesto de inversión que obedece a la clasificación presupuestal establecida por programas, subprogramas y proyectos. Sin embargo, en el caso de estos $13 billones, el detalle únicamente llegaba a nivel de “subprograma”, no al nivel de proyectos, por lo que no era clara su destinación específica al liquidarse el Presupuesto.
“La situación abre otros interrogantes: ¿El desconocimiento del marco de nuestro sistema presupuestal generará demandas contra el decreto de liquidación que ponga en pausa la ejecución del Presupuesto de este año? ¿Se trata de un error técnico del Gobierno o detrás está la intención de que el Ejecutivo tenga cierta discrecionalidad sobre el destino final de estos recursos?”, cuestionó en ese momento el Observatorio.
Lo anterior, suscitó temores con relación a que no solo se comprometían obras relevantes como el Metro Ligero de la 80 y el Túnel del Toyo, sino que quedarían para el manejo discrecional del presidente Gustavo Petro.
Y a su vez, generó renuncias como la de Jorge Iván González de la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien era considerado uno de los funcionarios más técnicos y de mayor credibilidad.
Según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, la renuncia de González se dio por la inconformidad del presidente Petro con la liquidación del Presupuesto, pues allí las vigencias futuras se iban a obras para departamentos como Antioquia y no se priorizaban los proyectos que quería fondear el mandatario.
Días más tarde se conoció que Claudia Marcela Numa, directora general del presupuesto, y quien llevaba más de 15 años al interior de Hacienda, también dejó su cargo.
Las medidas
Ante la polémica y con miras corregir la situación, el Ministerio de Hacienda publicó el decreto de yerros para aclarar el destino de esos $13 billones del PGN.
Sin embargo, la semana pasada se conoció que el Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un borrador de decreto que le entregaría facultades al presidente Petro para que apruebe directamente los proyectos que comprometan las vigencias futuras, lo cual modificaría la concepción del PGN, lo cual siguió generando diversas críticas.
En síntesis, en el documento se propone que los proyectos de inversión que tengan previo aval del Departamento Nacional de Planeación (DNP) “deberán solicitar la conformidad del Presidente de la República, en los casos de autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales”.
Y actualmente, esta es una tarea que le compete a directores de organismos, a los Consejos Directivos, al DNP y a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
Durante su intervención en el foro Perspectivas Económicas 2024, realizado por Anif y Fedesarrollo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió a las vigencias futuras, y aseguró que lo que busca el presidente Petro es “estar al tanto” de la asignación de estos recursos y conocer el avance de las obras.
De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, las vigencias futuras “podrían reprogramarse en función de que si la obra está atrasada, no tiene ningún sentido que me pidan recursos, cuando la plata está ahí represada”.
“No es que uno pueda arbitrariamente decir ‘yo ya no se la giro’ sino que podemos y se puede hacer renegociación de dónde están y podemos revisar los compromisos de las vigencias futuras, no para eliminar, sino para cambiar los flujos”, dijo el ministro.
Tanto exministros como líderes gremiales y exdirectores de entidades del Estado se han pronunciado en rechazo de estas medidas que plantea el Gobierno Nacional.
Por ejemplo, para el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, este mecanismo “no se necesita”, además “ya existen instancias suficientes y deliberantes como las reuniones del Conpes o el Confis con presencia del presidente o con un delegado”.
Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló que la principal virtud de las vigencias futuras es que permite que el Estado se comprometa a largo plazo a pagar obligaciones derivadas, por ejemplo, de la construcción de una obra pública, o de la participación en una concesión.
Por esta razón, dijo, “la idea de que se vaya a generar un mecanismo subjetivo para decidir a quien se le paga o no, o con quien se va a renegociar o no, es un paso atrás, ya que introduce nuevamente elementos de incertidumbre que ya se habían subsanado”.
Este es el proyecto de decreto que reposa en la página del Ministerio de Hacienda y el cual agrega un parágrafo al artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015.
