Carlos es un trabajador de una empresa manufacturera que gana $1.600.000 al mes. Él vive con su esposa Cristina, quien se ocupa del hogar y de sus dos hijos: Juan y Pedro. Solo Carlos percibe ingresos, los cuales deben cubrir los gastos de cuatro personas, lo que deja a cada miembro con $400.000 para alimentación, vivienda y otros bienes de primera necesidad. Es decir, los ingresos de esta familia están por debajo de la línea de pobreza monetaria a nivel nacional, estipulada en $435.375.
Esta situación, que es la de millones de colombianos, fue abordada en un reciente informe de la Universidad Javeriana, el cual busca cuantificar el costo de erradicar la pobreza en el país y mostrar posibles soluciones como la implementación de una renta básica.
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Pobreza en Colombia, ¿qué se debe hacer para erradicarla?
Según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane para 2023, la línea de pobreza extrema en el país fue de $218.846, mientras que la línea de pobreza monetaria fue de $435.375.
De esta manera, el análisis de la U. Javeriana arrojó que erradicar la pobreza extrema en Colombia se necesitaría entre $11 y $19 billones, mientras que para la pobreza monetaria entre $41 y $87 billones, dependiendo del esquema de financiamiento adoptado por el Gobierno.
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Este esquema de financiamiento está basado en un planteamiento de tres escenarios con diferentes tasas impositivas: el primero, donde la tasa es cero, no se cobra ninguna contribución adicional a las personas que se encuentran por debajo de las líneas de pobreza.
Esto implica que estas personas reciben un monto equivalente a la línea de pobreza monetaria o extrema, adicional a su ingreso bruto. En otras palabras, cada miembro del hogar recibe un ingreso extra correspondiente a las líneas de pobreza, lo que les permitiría salir de esta condición. En este escenario, el costo fiscal oscilaría entre $18 y $87 billones.
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En el segundo caso, con una tasa del 19%, se tiene en cuenta que, por cada peso que una persona gana y gasta, una parte se destina al pago del IVA. Esto, de acuerdo con el Observatorio, es lo más acorde con el sistema tributario, ya que el IVA es del 19% y, en general, lo pagan tanto las personas en situación de pobreza como aquellas con mayores ingresos al adquirir bienes y servicios.
Sin embargo, aclaró el estudio, dado que los hogares de menores recursos destinan una mayor proporción de su ingreso al consumo, se esperaría que este planteamiento tuviera un impacto relativo más alto en estos hogares. Para este caso, el costo fiscal sería de entre $12 y $50 billones.
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En el tercer caso, se establece una tasa del 100%, lo que implica que el Estado recauda todo el ingreso bruto de las personas a través de impuestos y luego redistribuye esos recursos. De este modo, cada individuo en situación de pobreza recibe el monto necesario para alcanzar el umbral de pobreza extrema o de pobreza monetaria. Es decir, el ingreso disponible de las personas en condición de pobreza será equivalente a los valores correspondientes de las líneas de la misma, asegurando que nadie quede por debajo de ese nivel mínimo de ingresos.
Este ejercicio es equivalente a completarle a las personas el dinero que les falta para llegar a la línea de pobreza. En este escenario, el costo fiscal oscilaría entre $11 y $41 billones.
“Con estas tres opciones planteadas buscamos comprender cómo cada tarifa impositiva impacta a las personas en situación de pobreza. En el escenario uno, el de mayor costo fiscal, las personas con ingresos ligeramente superiores a la línea de pobreza podrían verse incentivadas a reducir su trabajo para cumplir con los requisitos del programa y así obtener el beneficio, siendo este un efecto que debe considerarse. En el escenario dos, con una tasa del 19%, el financiamiento de la renta básica provendría de una reasignación del presupuesto público utilizando ingresos ya recaudados en lugar de crear nuevos impuestos”, indicó el informe.
Desde el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana instaron al Gobierno a que revise la eficiencia del gasto público, revisando la asignación de recursos y asegurando que contribuyan efectivamente a reducir la desigualdad.
Y agregaron que, en Colombia, aunque han existido programas como Familias en Acción y Colombia Mayor, junto con otras iniciativas gestionadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Ministerio de Igualdad, la pobreza sigue siendo un desafío central en la agenda del gobierno.
¿Qué han hecho otros países para erradicar la pobreza?
En América Latina, los programas de renta básica y las transferencias condicionadas son limitados, pero existen algunos otros casos de políticas similares implementadas en la región, teniendo en cuenta el presupuesto estatal y las políticas fiscales.
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Uno de ellos, destacó el informe, es Brasil con ‘Bolsa Familia’: aunque no es una renta básica universal, este es uno de los programas de transferencia de ingresos más conocidos y exitosos en América Latina, el cual proporciona transferencias monetarias a familias de bajos ingresos, condicionado a que los niños asistan a la escuela y se cumplan ciertos requisitos de salud.
Este programa fue financiado principalmente a través del presupuesto general del gobierno federal, utilizando recursos provenientes de la recaudación de impuestos. Su financiamiento se basó en una redistribución del gasto público, con el objetivo de canalizar recursos hacia las familias más vulnerables.
Otro ejemplo es Uruguay con ‘Ingreso Ciudadano’: a diferencia de los programas de transferencias condicionadas, este programa no exige que los beneficiarios cumplan con requisitos como la asistencia escolar o visitas médicas regulares para recibir el apoyo.
El Ingreso Ciudadano forma parte del Plan de Equidad, lanzado en 2007, que fue financiado a través del presupuesto nacional con fondos provenientes de la recaudación de impuestos de ese país.
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Esta implementación se enmarca dentro de una reforma fiscal que buscaba aumentar la progresividad del sistema tributario, haciendo que los contribuyentes de mayores ingresos aportaran más al financiamiento de políticas sociales. Además, resaltó el informe, este se ajustó el gasto público para priorizar programas que redujeran la pobreza y mejoraran la equidad social de los uruguayos, lo que permitió concentrar recursos en las familias vulnerables y garantizar la sostenibilidad del programa.
Para los analistas, la experiencia de algunos países sugiere que mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y fortalecer la progresividad del sistema fiscal podrían hacer más efectiva la lucha contra la pobreza en la región.
