En un discurso desde Cartagena, el presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno cortará relaciones con las comisiones económicas del Congreso, una decisión drástica tras el hundimiento de la reforma tributaria, conocida como ley de financiamiento.
El mandatario calificó esta medida como un “golpe significativo” a sus objetivos económicos y acusó a los congresistas de obstaculizar el progreso del país.
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“La relación del Gobierno con las comisiones económicas ha finalizado. Ellos verán si aprueban presupuestos o créditos; por nuestra parte, asumiremos las consecuencias”, afirmó Petro en un acto público en la capital de Bolívar.
Además, arremetió contra quienes votaron en contra de la reforma, señalándolos de buscar réditos políticos para las elecciones de 2026.
Horas antes, el jefe de Estado publicó en su cuenta de X un mensaje cargado de reproches hacia el Congreso, señalando que la decisión de hundir la reforma tributaria va en contra de la justicia fiscal que establece la Constitución. “Le quitaron la progresividad, debilitando su impacto y alcance. Este es un golpe profundo contra la economía del país”, escribió.
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¿Qué pasó en las comisiones económicas?
En la noche de este miércoles, las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara le dijeron “no” al proyecto de ley de financiamiento propuesto por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo era recaudar cerca de $10 billones a través de nuevos impuestos para cubrir la vigencia presupuestal de 2025.
El debate arrancó con la votación de un paquete de impedimentos que fue rechazado por las mayorías. Después, se pasó a la discusión del proyecto, donde los senadores Miguel Uribe, Antonio Zabaraín, Juan Pablo Gallo y Mauricio Gómez presentaron una ponencia que proponía archivar la iniciativa del Ejecutivo.
Según ellos, aprobar nuevos tributos en este momento sería un golpe inoportuno para la economía de los colombianos.
La votación de la ponencia se dio de la siguiente manera: Comisión Tercera del Senado: 8 votos en contra y 6 a favor del proyecto. Comisión Cuarta del Senado: 8 votos en contra y 6 a favor. Comisión Cuarta de la Cámara: 16 votos en contra y 10 a favor. Comisión Tercera de la Cámara: 17 votos en contra y 12 a favor.
¿Qué implica romper relaciones con las comisiones económicas?
Según el profesor Henry Amorocho, experto en Hacienda Pública, Tributación y Control Fiscal, se trata de una reacción impulsiva que podría cambiar con el tiempo y la reflexión. “Es una declaración dada al calor de los hechos. El presidente, con su experiencia como congresista durante casi cuatro períodos, conoce bien la importancia de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo”, señaló.
En este contexto, el analista político Gabriel Cifuentes expresó su preocupación sobre el impacto de este hecho. “Estamos frente a un hecho inédito, un hecho que pone en riesgo y en tela de juicio un principio fundamental: la colaboración armónica entre las ramas del poder público. Además, cuestiona el trabajo que debería darse en el marco de la independencia de los poderes”.
El analista no dudó en señalar que las acciones del mandatario representan un desconocimiento de los principios democráticos. “Tanto en la forma como en el fondo, el presidente desconoce principios básicos de la democracia”.
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Por su parte, Mateo Rivera, analista y profesor de Economía, consideró que, desde una perspectiva institucional, el distanciamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo podría dificultar la negociación de reformas esenciales, particularmente, aquellas relacionadas con asuntos económicos. “Este tipo de desencuentros tiene el potencial de generar bloqueos legislativos, lo que limitaría la capacidad del Gobierno para ejecutar su plan de desarrollo y cumplir con los compromisos presupuestales”.
En esta misma línea el docente y analista económico Germán Machado sostuvo que la ruptura de relaciones dejaría al Gobierno aún en peores circunstancias frente al manejo fiscal.
“Por ejemplo, se debe recordar que la comisión interparlamentaria de crédito público estudia previamente cualquier crédito externo que quiera tomar el Ministerio de Hacienda. Además, dos presidentes de las comisiones económicas del Congreso hacen parte del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el cual monitorea el desempeño de las finanzas públicas del país y ha demostrado que el cumplimiento de las metas de deuda y déficit están en riesgo”, detalló Machado.
Asimismo, las comisiones económicas iniciarán en apenas cuatro meses el estudio del anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2026, mientras al mismo tiempo ejercen su tarea de hacer seguimiento al presupuesto del 2025. “No es muy buena idea para el Gobierno torpedear las posibilidades de resolver los problemas fiscales en armonía con el Congreso”.
Amorocho destacó que la relación entre ambos poderes está fundamentada en la Constitución, y recordó que aún quedan importantes proyectos por tramitar en el Congreso antes de que finalice el gobierno de Petro en 2026. Entre ellos, mencionó la reforma tributaria territorial, que lleva años en espera.
“Esa reforma es fundamental y ha estado pendiente desde gobiernos anteriores. Es un acierto que se incluya en la agenda legislativa del próximo año”, afirmó. Este proyecto, explicó, deberá ser estudiado en las comisiones económicas del Senado y la Cámara antes de pasar a plenarias.
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En esta tensión, Rivera estimó que el Ejecutivo podría verse tentado a recurrir a herramientas como los decretos legislativos, lo que, si bien es permitido en ciertas condiciones por la Constitución, podría generar tensiones sobre el balance de poderes y abrir la puerta a intervenciones judiciales para garantizar el respeto a los límites constitucionales.
Con la ruptura de relaciones entre el Ejecutivo y las comisiones económicas, el panorama político se vuelve más incierto. Petro dejó claro que su Gobierno buscará “otras formas de avanzar”, aunque no precisó cuáles serán.
Amorocho subrayó la necesidad de que el Congreso retome su rol en la aprobación del presupuesto nacional para 2026, último año de gobierno de Petro. “El presupuesto debe ser estudiado y aprobado por el Congreso, tal como lo establece la Constitución. Lo ocurrido este año fue una excepción, pero el próximo año el espíritu democrático debe prevalecer”, concluyó.
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