La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y sus 17 seccionales a nivel nacional expresaron su rechazo al reciente aumento del precio del Acpm decretado por el Ministerio de Hacienda, con el que subió el galón en $1.904 en todo el país.
Según el comunicado emitido por la ACC, esta decisión va en contra de los acuerdos alcanzados con el presidente Gustavo Petro en agosto de 2022, cuando se prometió estudiar una nueva fórmula para el precio de los combustibles en lugar de alinearlo a los precios internacionales.
Además, la asociación denuncia la ineficacia de la Superintendencia de Transporte para regular el sector y abordar las irregularidades en el sistema de costos, lo que agrava la situación de los transportadores. También critican que el Gobierno no haya implementado medidas de alivio similares a las otorgadas al gremio de taxistas frente al aumento de la gasolina.
“Se demostró que Ecopetrol produce todo el Acpm que requiere el país, se expusieron graves fallas de la formula actual, donde unilateralmente y sin contrapropuesta alguna lo único que expreso el Gobierno Nacional fue su negativa en estudiar la fórmula del precio Colombia y que se requería era imponer fechas para programar las alzas del precio del Acpm por lo tanto, no existió el mecanismo del dialogo constructivo”, advirtieron en su documento.
El conflicto escaló cuando el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X (antes Twitter), acusó a las juntas directivas de los camioneros de estar alineadas políticamente con el uribismo y de intentar desestabilizar el país, comparando la situación con los eventos ocurridos en Chile en 1972.
Ante estas declaraciones, la ACC rechaza categóricamente las acusaciones y responsabiliza al presidente por la seguridad de sus dirigentes, asegurando que tales señalamientos ponen en riesgo la vida y la integridad de sus miembros.
La ACC también hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, a la ONU y a la Defensoría del Pueblo para que tomen medidas en protección de sus directivos, y expresó que, debido a la falta de garantías, se ven obligados a abstenerse de participar en cualquier tipo de protesta pacífica. Sin embargo, dejaron en manos de cada camionero la decisión de ejercer su derecho a protestar en el marco de la ley.
El gremio camionero, que ha realizado más de 29 protestas a lo largo de sus 28 años de historia, asegura que esta es la segunda vez que enfrentan persecución estatal, y lamentan que se les estigmatice como golpistas en un régimen democrático.
“Este incremento del precio del Acpm impactara directamente no solo a los 4.000 más ricos del país, sino que impactaré el costo de vida y la canasta familiar de los 50 millones de colombianos, además del incremento del combustible y de la estructura de costos, también subirán todos insumos y se afectará directamente el patrimonio de las familias transportadoras, por ser el camionero, el eslabón más débil de la cadena del transporte y no reconocérsele el valor real de su labor, sumando a esto la muy grave disminución de la carga, como consecuencia del estancamiento de la economía colombiana”, subrayó el gremio transportador.
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