En su discurso en la Convención Bancaria, que organiza Asobancaria, en Cartagena, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió a dos deudas que quedaron más marcadas por la pandemia y que tiene el Gobierno Nacional. Una es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, conocido como Fepc. Y la otra es la opción tarifaria.
Esta última fue una medida que aplicaron empresas comercializadoras de energía como una alternativa para los usuarios afectados por la crisis económica y social en pandemia.
El monto total estimado de la deuda asciende a alrededor de $4,7 billones, de los cuales cerca del 50% corresponde a la Costa Caribe. Con la responsabilidad de esta deuda por el Gobierno Nacional, se espera una reducción en las tarifas de energía eléctrica entre el 7% y el 19% para los usuarios que aún se encuentran aplicando la opción tarifaria y/o están en proceso de recuperación de sus saldos.
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Bonilla dijo que las comercializadoras ya la están cobrando, “se lo están cobrando a los usuarios y eso tiene seriamente consecuencias el presupuesto familiar en la Costa Caribe”, pues Air-e y Afinia le están cobrando a los consumidores esta deuda.
“El Gobierno se comprometió a asumir esta deuda de opción tarifaria, lo que permite es asumir para estratos 1, 2 y 3. Nos toca llevar un proyecto al Congreso el 20 de julio que nos permita tener el mecanismo para pagarlo”, estimó el ministro de Hacienda.
Esta medida implica el pago por la Nación del monto del saldo adeudado por los usuarios del servicio de energía eléctrica a los prestadores de este, que aún tienen opción tarifaria o recuperan sus saldos.
Ya a principios de mayo, los gremios de energía y gas del país (Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y SER Colombia) expresaron su total respaldo a la decisión del presidente Gustavo Petro de asumir la deuda asociada a la opción tarifaria, medida que representa un alivio significativo para los usuarios y la industria energética en general.
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¿Cuánto es la deuda por opción tarifaria? Bonilla respondió que la deuda total es $4,7 billones, pero para estratos 1, 2 y 3 suma $2,8 billones, “que es lo que va a sumir el Gobierno”.
Sobre esto, José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, afirmó: “Esta medida permitirá aliviar la carga tarifaria para los usuarios y contribuirá a la recuperación financiera de las empresas prestadoras del servicio, garantizando la continuidad y calidad del suministro de energía eléctrica en el país”.
Qué dicen las empresas
Por ejemplo, en horas de la mañana de este viernes, Aire reiteró que hoy se cumple el plazo dado por el presidente Petro para bajar tarifas y asumir la opción tarifaria. “Somos conscientes que el Caribe no tendrá buen servicio de energía de manera sostenida mientras la gente reciba facturas que no tenga como pagar”.
Por eso, esta compañía aplaude dar soluciones y bajar tarifas. “Mientras el Gobierno tramita la ley que se requiere para poder asumir la opción tarifaria, Air-e se compromete a bajar el 10% en estratos 1, 2,3 y 25% en áreas especiales (los 2 millones de personas más vulnerables que atendemos)”.
Para lograr este propósito, la empresa comercializadora invitó al sector energético, los generadores de energía, gremios como Acolgen y Andeg, a que se comprometan y dispongan de tan solo el 3% de la energía total de Colombia a precios justos para las poblaciones más vulnerables del país.
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“Adicionalmente, es determinante que se reduzcan las excesivas cargas de garantías que exigen los generadores y así evitar transferirle costos innecesarios a los usuarios. Para lograr esto hoy mismo, se deben y pueden habilitar cambios regulatorios inmediatos desde la Creg”, dijo la empresa.
En su mensaje que publicó a través de redes sociales, indicó que, si toda la cadena se compromete con la equidad en Colombia, la reducción de tarifa, en las poblaciones más necesitadas, será un anhelado sueño hecho realidad que más de 5 millones están esperando desde hace mucho tiempo.
En resumen, la opción tarifaria fue una medida tomada por el Gobierno nacional y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para reducir las tarifas eléctricas durante la pandemia de la covid-19 y proteger a los hogares del país de los aumentos de precios y las dificultades económicas.
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