En los últimos días se dieron a conocer los resultados de la encuesta MiPyme Anif 2022-2023, en la que se menciona que las mujeres son quienes toman las decisiones en este tipo de empresas en Colombia. Es que al analizar quién está en la jefatura, se observó que el 55% son mujeres, mientras un 45% corresponde a hombres.
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El estudio fue encabezado por el centro de estudios económicos Anif, con el apoyo de Bancóldex, el Banco de la República, BID Invest y el BID y se basó en las respuestas de 4.700 micro, medianas y pequeñas empresas de los sectores económicos más representativos.
Se destaca, por ejemplo, que “en el sector industrial, el 46% de las empresas son dirigidas por mujeres y el 54% por hombres. En el sector servicios, la distribución es más equitativa, con el 51% de las empresas dirigidas por mujeres y el 49% por hombres”.
El informe menciona que en un porcentaje elevado de microempresas de comercio, industria y servicios, las mujeres son las mayores tomadoras de decisión, en lo que tiene que ver con gestión de préstamos, acceso a crédito y adquisición de activos y que a medida que las compañías aumentan de tamaño, los hombres lideran más dichos aspectos.
A pesar de estos indicadores, entre las firmas encuestadas el 79,1% de las microempresas, el 77,75% de las pequeñas y el 72,5% de las medianas no cuentan con metas respecto a la equidad de género.
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Con relación al nivel educativo, se encontró que la mayoría de los tomadores de decisiones cuenta con un título universitario completo, especialmente en las empresas medianas del sector de construcción, donde el 48,3% cuenta con este título.
Un hallazgo interesante es que aunque desde 1990 hubo una tendencia creciente en la creación de empresas, esta “llegó a su pico en 2020, año a partir del cual ha caído drásticamente como consecuencia de la pandemia”.
Incertidumbre por decretos
Vale mencionar que los empresarios de estas pequeñas empresas siguen de cerca una serie de seis borradores de decreto que revivirían artículos tumbados del proyecto de reforma laboral.
En los borradores hay una apuesta por regular, por ejemplo, la negociación por niveles, la intermediación laboral ilegal, la votación de la huelga, los tribunales de arbitramento, los comités de convivencia laboral y la huelga en servicios públicos esenciales.
Según recopila la firma Chapman Wilches, “uno de los decretos hace referencia a que los beneficios que se otorguen a un grupo de trabajadores deben ser aplicados en todas las empresas de la misma industria o sector productivo”, lo que haría que “sindicatos impongan sus beneficios extralegales”, afectando a pymes, que no podrían soportarlo por su nivel de ingresos u operación.
También se revive la propuesta que abre la posibilidad de huelga en empresas de servicios públicos, lo que gremios han advertido por una potencial interrupción en la prestación de estos para los colombianos.
“No obstante, el decreto que representa el mayor riesgo para las pequeñas y medianas empresas es el relacionado con la tercerización laboral. En un intento por solucionar las malas prácticas en este tipo de contratación, el Ministerio de Trabajo busca imponer una serie de restricciones como una medida para luchar contra la intermediación laboral ilegal, en vez de reforzar sus facultades de inspección y vigilancia”, dice la firma.
Agrega que esto es particularmente importante para las mipymes, en el entendido de que el 98% de esas firmas se dedica a ser contratista de servicios para grandes compañías de Colombia.
