Durante su primer encuentro con el sector minero-energético, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, propuso que los usuarios de estratos 4, 5 y 6, así como los industriales, sean quienes asuman los saldos pendientes por concepto de la opción tarifaria, cuya deuda acumulada ascendería a $3,1 billones a nivel nacional.
Así lo afirmó Palma durante el Congreso Colombia Genera, de la Andi, que se realiza en Cartagena, quien planteó que los estratos altos y los sectores institucional y comercial asuman gradualmente esta deuda en un período de entre 8 y 10 años, con el fin de evitar un impacto en los consumidores de estratos más bajos.
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“Es una propuesta que queda sobre la mesa y que consideramos viable para aliviar la situación financiera de las empresas distribuidoras de energía. Si bien la iniciativa inicial del Gobierno Nacional era incorporar esta deuda en la Ley de Financiamiento, la falta de apoyo político ha obligado a buscar opciones alternativas”, expresó el ministro.
Y es que el Gobierno inicialmente había contemplado incluir esta deuda en la Ley de Financiamiento, con la intención de que la Nación la asumiera en su totalidad; sin embargo, el proyecto no obtuvo el respaldo suficiente en el Congreso.
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“Es un tema que está en la agenda, particularmente de las distribuidoras, que creo que vale la pena analizar. La promesa del Gobierno Nacional fue llevarla al Congreso de la República, y este decidió, en contra de los intereses del pueblo caribeño, archivarla. Todo sistema tributario está edificado sobre la solidaridad, los que más tienen más deben pagar. Son ideas en borrador”, anotó Palma.
Las reacciones a la propuesta
Ante esta propuesta, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, consideró “que la opción tarifaria fue definida y ofrecida originalmente por el Gobierno Nacional ante una situación compleja que se presentó en la pandemia, y es una deuda que hay con las compañías, de manera que el Estado colombiano, que fue el que hizo las obligaciones, es quien tiene que pagar por ello”.
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A su turno, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), expresó a este diario que se deben considerar varias cosas, una de ellas es que, desde el punto de vista legal, ni la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ni el Ministerio de Minas y Energía tendrían facultades para decidir “que unos paguen por otros”.
“Tú no le puedes exigir a un usuario que le pague la deuda a otro. Las personas pueden decir: ‘¿yo por qué tengo que pagar una deuda que no es mía?’”, anotó Castañeda.
Adicionalmente, cuestionó cuál sería el impacto de distribuir $3 billones en un porcentaje reducido de la población: “Si estamos hablando solamente de los estratos 4, 5, 6, que pesan únicamente entre el 15% y el 10% del total de los usuarios del país en términos de consumo, ¿le vas a cargar $3 billones solamente al 15% de la población? ¿Cuánto se les subirá entonces la tarifa?”, apuntó.
Por el lado de la industria y el comercio, señaló que esta iniciativa los golpearía aún más.
“La industria ya bastantes cargas tiene. Creo que eso es perder competitividad y no creo que los usuarios van a estar muy cómodos con la propuesta. A eso hay que tirarle números y análisis. No es tan fácil decidir que un usuario asuma la deuda de otro”, puntualizó el líder gremial.
¿Hay otras soluciones para saldar la opción tarifaria?
De acuerdo con Castañeda, una posible alternativa es que el Gobierno le preste los recursos a las distribuidoras y ellas los reembolsen en la medida en que el usuario les vaya pagando.
“Esto, para que por lo menos en el sector eléctrico no sigamos apretados desde el punto de vista de caja”, dijo.
