Tras las fuertes críticas de Angélica Lozano y Hernán Penagos sobre la reducción del presupuesto de la Registraduría para 2025, MinHacienda se pronunció.
En medio de la polémica generada por la reducción del presupuesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil para el 2025, la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, expresó su preocupación al asegurar que este recorte comprometería la preparación para las elecciones de 2026.
Lozano calificó la situación como “un golpe a la democracia” y cuestionó la autonomía de la entidad frente a las decisiones del Gobierno.
Por su parte, Hernán Penagos, registrador nacional, advirtió que depender del presupuesto asignado por el Gobierno podría comprometer la imparcialidad de los organismos electorales.
El recorte del 77,4% en los recursos asignados a la Registraduría ha generado inquietud sobre cómo afectará la preparación para las elecciones de marzo de 2026, ya que, según Lozano, la contratación de tecnología y logística debe iniciar un año antes, en 2025.
Ante estas críticas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, salió al paso para aclarar la situación. “El presupuesto para la Registraduría está garantizado”, afirmó Bonilla, quien explicó que los recursos no han sido retirados, sino que se han redistribuido.
Según el ministro, estos fondos fueron asignados inicialmente y luego transferidos a la “bolsa” del Ministerio de Hacienda mientras se define su uso total, pero permanecen a nombre de la Registraduría.
Bonilla señaló que este es un mecanismo expedito y legal que se ha utilizado en el pasado. “La Registraduría tiene un periodo electoral con necesidades transitorias. Los recursos están en la bolsa del Ministerio y se entregan según las solicitudes del registrador en cada momento”, explicó.
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El ministro aseguró que, aunque los recursos no están directamente en manos de la entidad, se mantienen a su disposición y serán distribuidos conforme a las necesidades preelectorales.
Sin embargo, la senadora Lozano respondió que ese recorte no fue un error, sino que fue intencional. “Ayer Jairo Bautista, el director de Presupuesto Público Nacional, me admitió en una llamada que no se trataba de un error. “Puede ser polémico”, me dijo. Polémico es poco. Es altamente riesgoso para la democracia”.
La ponencia del presupuesto para 2025, que incluye los $523 billones propuestos por el Gobierno, está en proceso de debate en el Congreso. El plazo para su primer debate vence mañana, lo que ha aumentado la tensión en torno a la distribución de los recursos para entidades clave como la Registraduría.
El recorte a la Registraduría no es el único cambio significativo en el presupuesto radicado para 2025. Otras entidades, como el Consejo Nacional Electoral y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, también verán reducciones, mientras que ministerios como el de Cultura y Hacienda recibirán aumentos.
Si no se aprueba, el presidente Gustavo Petro tiene la posibilidad de aprobar el presupuesto vía decreto, como ya ha mencionado en ocasiones anteriores.
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