La minería informal en Colombia ha sido un dolor de cabeza de dicho sector económico. Recientemente, la Procuraduría General de la Nación reveló un informe que da cuentas sobre el impacto de esta práctica que padecen el 90,6% de los departamentos en el país.
Así es, el ente de control informó que, en los últimos diez años, se ha reportado la presencia de minería ilegal en 29 de los 32 departamentos del país. Las regiones más golpeadas son Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía.
De hecho, más del 50 % de los municipios colombianos han sufrido los estragos de esta actividad informal.
Y es que la extracción ilícita de los minerales se ha consolidado como uno de los principales conflictos en el país, pero también trae problemas sociales como, desplazamientos forzados, violencia, explotación laboral y el aumento de riesgos para la salud de quienes se dedican a la minería y de las comunidades ribereñas, especialmente las más vulnerables, como niños y mujeres embarazadas.
Ahora, la informalidad golpea la economía porque resulta un gran impulso para evadir impuestos y regulaciones, lo que resulta en pérdidas significativas de ingresos para el Gobierno. Además, destruye recursos naturales valiosos y crea inestabilidad en las comunidades locales, lo que dificulta el desarrollo sostenible y el progreso económico en las regiones afectadas.
El documento recuerda que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló que la minería de oro de aluvión se practica en 94.000 hectáreas en el país. Eso la ubica como la “explotación ilícita responsable del 73 % de esta actividad, lo que agrava la contaminación por mercurio y la deforestación”.
En el documento se lee que entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, con el apoyo de la Organización Pure Earth y la financiación de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, se realizaron siete campañas de muestras que evidenciaron niveles de mercurio, plomo y arsénico superiores a los límites permisibles en varios departamentos.
El informe destacó que, a pesar de los avances alcanzados, hay mucho por hacer, entendiendo que la protección de recursos naturales y la preservación de un ambiente sano para las futuras generaciones requiere la colaboración de todos los sectores: gobierno, sociedad civil, organismos internacionales y el sector privado.
Para el Ministerio Público, la situación es “aún más grave considerando que Colombia es el país con la mayor liberación de mercurio per cápita al medio ambiente, lo que ha generado un daño irreversible en los ecosistemas y la salud de la población”.
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