La Superintendencia de Servicios publicó este jueves 9 de enero una resolución en la que reveló la modalidad de cómo se tomó posesión de la empresa Air-e, que comercializa energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Esta será con fines de liquidación.
Lo anterior también incluye una etapa de administración temporal que dé la oportunidad de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho.
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La decisión, según la Superintendencia, se adoptó luego del análisis del “Informe Diagnóstico de Gestión” remitido por el agente especial de Air-e (intervenida), que muestra la compleja condición financiera y operativa de la empresa.
Ante esto, el analista Sergio Cabrales, profesor de Los Andes y experto en energía, reiteró que la modalidad de toma de posesión es con fines liquidatorios. “El análisis financiero y operativo evidenció un deterioro en indicadores clave, atrasos en los pagos a proveedores y deficiencias en la infraestructura, las cuales afectan la calidad y continuidad del servicio”.
Cabrales indicó que las pérdidas alcanzarán $1,4 billones en 2024 y superarán $2,5 billones en 2025, lo que hace necesaria su liquidación. “Estas medidas buscan garantizar la prestación continua del servicio eléctrico, proteger los derechos de los usuarios y adoptar acciones para la recuperación de la empresa”.
Asimismo, del análisis del componente financiero, tal como lo indicó la Superservicios, se concluye que Air-e presenta un deterioro financiero y operativo representado en indicadores financieros negativos por cuatro periodos consecutivos y caja limitada con atrasos en pagos a proveedores que limitan la operación, reflejando una situación financiera que no es óptima y retrasos significativos en la ejecución del plan de inversiones en redes.
“De la misma forma, existen importantes deficiencias de infraestructura que afectan la calidad y continuidad del servicio”, detalló la Superservicios.
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En consecuencia, la decisión se fundamenta en que dicha modalidad de intervención permite que la empresa continúe desarrollando con normalidad su objeto social y se garantice la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica, esto con el fin de salvaguardar los derechos de los usuarios en la Costa Caribe.
Además, como lo expresó la Súper, esta modalidad de intervención permite abrir un espacio de administración temporal dentro del cual se pueden adoptar diferentes medidas para atender de manera estructural, a corto y largo plazo, los problemas financieros, técnicos y operativos por los que atraviesa la compañía.
“Con la decisión adoptada se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho, y desde la Superservicios se adelantarán las medidas necesarias para que Air-e pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la ley”, puntualizó la Superintendencia.
Por otra parte, tras el informe entregado por el agente interventor, en el que se señala la complejidad financiera, la junta directiva manifestó mediante una carta que hay “múltiples imprecisiones e información abiertamente equivocada” sobre los problemas estructurales de la compañía.
El máximo órgano de gobierno corporativo sostuvo que se cumplió con 90% de indicadores, no disminuyó la calidad del servicio y añadieron que la empresa alcanzó un Ebitda positivo a finales de 2022.
También, agregaron que no se está reconociendo el cobro de $5 billones a usuarios y entes oficiales, afirmando que “es responsabilidad del interventor gestionar esos cobros”.
Air-e: la crisis energética que pone al país en jaque
La intervención de la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos en septiembre de 2023 es apenas la punta del iceberg de una crisis más profunda en el sector energético.
Como lo explicó el exministro de Minas Amylkar Acosta, la medida se dio tras la solicitud de la propia compañía debido a su incapacidad de cumplir con los compromisos contractuales y financieros. En ese momento, Air-e ya había declarado insolvencia, argumentando una falta crítica de liquidez. “La intervención era inevitable”, recordó Acosta, señalando que la empresa quedó inmersa en lo que se conoce como “limitación de suministro”.
El Gobierno Nacional reaccionó con medidas de emergencia, como la Resolución 40611 y la apertura de una línea de crédito a través de Findeter. Estas iniciativas buscaron paliar la crisis provocada, entre otros factores, por la suspensión del cobro de la Opción Tarifaria, que acumulaba una deuda superior a los $5 billones.
Según Acosta, esta deuda fue exacerbada por retrasos del Gobierno en los reintegros de subsidios para los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, estas soluciones no atacaron de raíz el problema. “Sin recursos frescos, es imposible garantizar la operación y evitar un apagón”, enfatizó.
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Ahora, como se dijo al principio, la Superintendencia anunció que la intervención de Air-e pasó de tener fines administrativos a fines de liquidación, respaldada por un diagnóstico que expone la delicada situación financiera de la empresa.
Esta decisión se tomó, según Acosta, para “garantizar la continuidad del servicio como un derecho”, pero solo será viable si se inyectan recursos suficientes.
Mientras tanto, el panorama es sombrío: el Presupuesto 2025 no asegura el financiamiento completo de los subsidios, y el riesgo de un efecto dominó entre generadoras y distribuidoras crece. “Esto no es un caso aislado; es un síntoma de la crisis estructural del sector”, advirtió Acosta.
La alarma ya ha sido encendida por gremios como Andesco y Acolgén, así como por actores clave como EPM, que advierten que, sin soluciones inmediatas, otras empresas podrían colapsar. “El Gobierno tiene que actuar ya”, insistió Acosta.
Según el exministro, la deuda acumulada, los subsidios pendientes y la indecisión oficial están llevando al sector al borde de una crisis sistémica. “No es solo Air-e, todo el sistema energético está en riesgo. Es hora de soluciones contundentes antes de que sea demasiado tarde”.
