$3,19
billones son las inversiones trazadas para la ampliación del Canal del Dique.
Cuando todo el país, incluso el alto Gobierno, daban por descontado que la firma española Sacyr, como único oferente, se iba a quedar con el desarrollo de las obras de ampliación del Canal del Dique, el proceso “se quemó en la puerta del horno”.
La razón: una cadena de cuestionamientos y observaciones que se generaron desde diferentes sectores del país, incluso de los organismos de control, llevaron a que la licitación pública fuera aplazada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y ahora la suerte de la megaobra está en manos del próximo Gobierno.
“La entidad ha manejado todos los procedimientos técnicos y estimó que el proceso se debe demorar un poco más. Hicimos todo lo humanamente posible para dejar el proyecto a punto y espero que pueda recibir el espaldarazo del próximo gobierno”, dijo el presidente Iván Duque.
Al respecto, la firma española en un pronunciamiento oficial señaló: “Acatamos la decisión de la ANI y estamos a disposición de las decisiones que tome el nuevo gobierno sobre el futuro del proyecto”.
Pero, ¿cuáles fueron los motivos para que un proceso de más de 10 años sea aplazado nuevamente y a última hora?
La Contraloría cuestiona
El principal motivo por el cual la ANI habría decidido aplazar la adjudicación de las obras del Canal del Dique, es la lista de cuestionamientos planteados por la Contraloría General.
Dos oficios enviados por el ente de control fiscal a la ANI y a la Procuraduría, a los cuales tuvo acceso EL COLOMBIANO, advierten de los riesgos que existen con la adjudicación de la megaobra cuya inversión supera los $3,19 billones.
Para la Contraloría, la empresa Sacyr, que es la única oferente, no estaría cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el proceso de adjudicación.
Subraya, que las certificaciones de experiencia en inversión no cumplirían con los requisitos establecidos para poder firmar el contrato, ya que la empresa española informó de una participación del 37,4% en la compañía Desarrollo Vial al Mar (Devimar), cuando el mínimo para entrar a una licitación pública debe ser del 51%.
Además, que Sacyr Colombia presentó una acreditación de inversión amparada en su casa matriz en España y de otra compañía similar en el mismo país, lo que no es aceptado en un proceso de licitación pública en Colombia.
La Contraloría también cuestiona la capacidad financiera de Sacyr para el desarrollo de la megaobra, ya que además está participando en el proceso de adjudicación de la concesión vial de Buenaventura - Loboguerrero.
Dudas del nuevo gobierno
El contrato del Canal del Dique fue uno de los temas que generó chispas en el proceso de empalme entre los delegados del presidente saliente Iván Duque y los del mandatario electo Gustavo Petro.
Para estos últimos, la ANI no cumplió con la socialización y participación de las comunidades en los temas ambientales, y tampoco se han definido las medidas para mitigar los impactos que causaría el aumento de sedimentos en las zonas de influencia.
“Hay un tema grave que vimos en el empalme y es que en nuestro criterio se han inventado un instrumento de manejo ambiental que no existe en la norma para justificar la asociación público – privada (APP) y acelerar su trámite de adjudicación”, dijo la ministra de Ambiente designada, Susana Muhamad.
Otro de los aspectos que levantó ampolla en el equipo del presidente electo, es que la obra sería entregada tres días antes del cambio de gobierno.
De acuerdo a una carta que enviaron en días pasados al Ejecutivo, los miembros del equipo de la próxima administración solicitaron la suspensión del proceso con el argumento que para las características del proyecto y monto de la inversión, se debe escuchar más a las comunidades.
Por su parte, el Ejecutivo salió al paso y aseguró que esta APP ha cumplido con todas las fases de ley, e incluso afirmaron que se surtieron 16 procesos de consulta previa, por lo que ya están protocolizados los acuerdos con las comunidades.
El futuro del proyecto
Al consultar con analistas del sector sobre el futuro del megaproyecto, afirmaron que podría suspenderse indefinidamente, si no se firma antes del 7 de octubre que es el plazo máximo.
“El comité de empalme del Gobierno Petro ha considerado que el instrumento ambiental planteado para las obras no era el adecuado según la legislación ambiental vigente, por lo que el futuro del proyecto podría verse comprometido”, señaló María Lucía Amador, directora del Área de Infraestructura de la firma Mendoza.
A su vez, Cristina Vásquez, socia de Infraestructura de Posse Herrera Ruiz, indicó que “derivaría en demandas porque el oferente tiene todos sus documentos y requisitos en regla. La obra es necesaria y ha sido consultada con las comunidades”, aseguró.
