Desde 2011, la adjudicación de contratos para el servicio de transporte helicoportado en Ecopetrol ha estado bajo la lupa.
La historia revela un patrón de presunto favorecimiento hacia la empresa Helistar, lo que ha generado denuncias de competencia desleal, manipulación de pliegos de licitación y sobrecostos millonarios para la petrolera estatal.
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Para entender el lío hay que remontarse al 30 de agosto de 2024, cuando Ecopetrol adjudicó un contrato por $600.000 millones para el transporte aéreo en zonas estratégicas para la extracción de petróleo.
El acuerdo dejó a Helicol a cargo de la operación en Paz de Ariporo (Casanare), con el compromiso de adecuar la base e incorporar aeronaves en un plazo de seis meses, hasta el 3 de febrero, para arrancar operaciones el 1 de marzo. Mientras tanto, Helistar se quedó con las rutas en Cúcuta y Soracá.
Es decir, en 2024, Ecopetrol abrió una nueva licitación para el servicio de helicópteros. Sin embargo, los pliegos de condiciones parecían diseñados para beneficiar a Helistar, contaron a esta redacción varias fuentes cercanas al proceso. El departamento de aviación de Ecopetrol habría invitado a empresas que no contaban con aeronaves o certificación como operadores aéreos, lo que sería una estrategia para simular pluralidad en la licitación.
Frente a esta situación, la empresa Helicol presentó una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), lo que obligó a Ecopetrol a modificar los pliegos. Aún así, la asignación final del contrato fue un 80% para Helistar y solo un 20% para Helicol, a pesar de que la oferta de esta última tenía tarifas hasta un 50% más bajas.
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El conflicto entre Ecopetrol y Helicol se intensificó tras la decisión de la petrolera de terminar anticipadamente el contrato CW215358, un acuerdo clave para el servicio de transporte aéreo de la compañía.
A través de documentos oficiales a los que obtuvo acceso este medio, se evidencia que Ecopetrol justificó su decisión argumentando supuestos incumplimientos contractuales por parte de Helicol, mientras que la empresa afectada ha respondido con una férrea defensa, asegurando que la terminación fue arbitraria y motivada por intereses ocultos.
Apenas seis meses de alistamiento del contrato, Helicol se quedó sin nada. La terminación anticipada dejó más preguntas que respuestas y sembró la duda sobre si aquella adjudicación no fue más que un “contentillo” de corto alcance.
“Nos quitaron el contrato”: Helicol
En conversación con EL COLOMBIANO, Juan Pablo Estrada, abogado apoderado de Helicol, no ocultó su inconformidad frente a la situación. La empresa de helicópteros quedó fuera de un contrato que, según él, fue terminado de manera “arbitraria y unilateral”.
“Ecopetrol, amparado en que su régimen es de derecho privado, no nos dio oportunidad de rebatir las razones para esa terminación. Presentamos un escrito de reconsideración y hasta el día de hoy no nos han respondido”, denuncia Estrada.
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Mientras Helicol sigue esperando respuestas, recibió una contestación a otro documento sobre la inhabilidad de los inspectores. “Nos salieron con unas nimiedades. Ya les pedimos que lo corrijan otra vez”, afirma.
El problema no es solo administrativo. La compañía quedó con inversiones realizadas, aeronaves compradas y listas para operar, pero sin contrato. “Cumplimos con todos los requisitos y estamos sufriendo un perjuicio económico enorme. No solo perdemos la utilidad esperada, sino que además ya hicimos la compra de los helicópteros”, enfatiza.
Para Estrada, todo esto tiene un trasfondo preocupante: “Ellos (Ecopetrol) están acomodando todo para entregarle la operación a Helistar, la competencia, dándole la base de Paz de Ariporo que nos correspondía a nosotros”.
Helicol, tras obtener una porción del contrato, enfrentó múltiples trabas administrativas y regulatorias para poder operar. La Aeronáutica Civil habría retrasado procesos claves como la asignación de áreas en Paz de Ariporo y la designación de inspectores, lo que dificultó el cumplimiento de los plazos.
Por otro lado, según fuentes cercanas al contrato, las auditorías de Ecopetrol parecían diseñadas para generar incumplimientos inexistentes. Se exigieron estándares que no aplicaban al contrato y se reportaron fallas técnicas infundadas, como la supuesta falta de actualización de la base de datos de un equipo ADSB Out, que en realidad no requiere tal actualización.
Estos obstáculos fueron interpretados como un intento deliberado de invalidar la participación de Helicol en la licitación.
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Las irregularidades detrás del contrato de helicópteros
El 3 de marzo de 2025, Ecopetrol comunicó a Helicol el cierre del procedimiento de terminación anticipada de su contrato. En el documento oficial, la petrolera sostiene que Helicol no cumplió con los requisitos técnicos exigidos, incluyendo la adecuación de aeronaves, la disponibilidad de una base operativa en Paz de Ariporo y la certificación del personal aeronáutico.
Según la auditoría realizada el 19 de febrero, se detectaron fallas en la aeronavegabilidad, como la falta de actualización de bases de datos en sistemas de navegación, deficiencias en equipos de seguridad y la ausencia de permisos reglamentarios de la Aeronáutica Civil.
Además, la inspección realizada en la base de Paz de Ariporo tuvo 24 hallazgos que indicaban que la infraestructura no cumplía con los estándares contractuales. Helicol habría propuesto una sede alternativa debido a retrasos administrativos en la asignación del espacio por parte de la Aerocivil, pero Ecopetrol desestimó la justificación y reafirmó su decisión de terminar el contrato.
Otro punto de fricción en el proceso fue la inspección de la aeronave HK 5459 en Bogotá. El reporte de auditoría del 19 de febrero de 2025 identificó que la aeronave no contaba con registro ni certificado de aeronavegabilidad en el momento de la inspección.
Sin embargo, Helicol respondió a Ecopetrol asegurando que la documentación estaba en trámite y que la asignación de registros dependía de la Aeronáutica Civil. “Nos exigen requisitos que la misma entidad reguladora no ha podido cumplir en los tiempos esperados”, afirmó un directivo de la empresa en su defensa.
Según Estrada, el problema comenzó cuando Ecopetrol tuvo que corregir las reglas del contrato. Inicialmente, todo parecía diseñado para que solo Helistar pudiera participar. “Cuando se arma el escándalo, nos dejan entrar y nos dan seis meses para cumplir con las condiciones. Pero entonces, misteriosamente, la Aerocivil empieza a retrasarnos los permisos y autorizaciones. Todo apuntaba a que nos iban a decir: ‘El 1 de marzo no estaban listos’”.
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Lo que no esperaban, dice, es que Helicol sí estuvo listo. “El 28 de febrero les mandamos una carta informándoles. Pero ellos se quedaron con lo que vieron en una inspección 15 días antes, cuando aún faltaban algunos ajustes menores. No quisieron reconocer que habíamos cumplido a tiempo”.
El 28 de febrero de 2025, Helicol entregó todas las correcciones requeridas y certificó el cumplimiento de los requisitos. Sin embargo, Ecopetrol nunca respondió a la comunicación y, el 3 de marzo, sin tener en cuenta las subsanaciones presentadas, decidió dar por terminado el contrato unilateralmente e impuso una multa de 1,48 millones de dólares a Helicol.
Para el abogado, la maniobra es evidente: “Nos dejan participar para guardar apariencias, pero al final nos sacan del camino con argumentos sin sentido y le entregan el contrato a Helistar”.
Y no solo eso. Estrada señala que las inspecciones y verificaciones fueron hechas por personas con vínculos previos con la competencia. “Esos funcionarios antes trabajaron con la otra empresa. Y como Ecopetrol aplica normas del derecho privado, se les olvida que es una entidad de economía mixta y que deben cumplir con la Constitución y los principios de transparencia”.
Según Estrada, detrás de todo hay un interés económico. “Si nosotros entrábamos, la tarifa del vuelo bajaba y eso obligaba a la otra empresa a cobrar menos. Pero ahora, con solo un operador, pueden hacer lo que quieran con los precios”.
Además, asegura que el proceso estuvo lejos de ser transparente. “Nunca nos informaron quiénes eran los técnicos que nos inspeccionaban. Y cuando nos enteramos, vimos que los dos tenían conflictos de interés. Si nos hubieran dicho antes, los habríamos recusado”.
En respuesta, el 5 de marzo, Helicol presentó una solicitud formal de reconsideración, en la que argumentó que la terminación del contrato violó el debido proceso y desconoció pruebas que demostraban el cumplimiento de las exigencias antes de la fecha límite. Helicol sostiene que las auditorías fueron sesgadas y que, a pesar de haber corregido los hallazgos dentro del plazo contractual, la petrolera omitió revisar la documentación actualizada antes de emitir su decisión.
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Uno de los puntos más críticos de la defensa de Helicol es la acusación de conflictos de interés dentro del equipo auditor. Según la empresa, Harold Ramírez, funcionario clave en la evaluación del contrato, tuvo vínculos previos con Helistar, empresa que resultó beneficiada tras la salida de Helicol. Además, el auditor Jorge Rincón, de la firma SGS Aviation Compliance, habría tenido roces previos con Helicol en otra auditoría, lo que generó dudas sobre su imparcialidad.
EL COLOMBIANO se comunicó con Ramírez, quien respondió: “Por razones institucionales y por respeto a las políticas internas de mi empresa empleadora, no estoy autorizado para ofrecer declaraciones públicas relacionadas con asuntos que involucran a Ecopetrol. En este sentido, le sugiero amablemente que cualquier inquietud o consulta sea canalizada directamente a través de los medios oficiales de Ecopetrol, quienes están debidamente facultados para tratar estos temas”.
En ese orden, también se consultó a Ecopetrol tres veces por medio de sus comunicadores organizaciones, de quienes no hubo respuesta satisfactoria.
La relación Helistar - Ecopetrol
El vínculo entre Helistar y Ecopetrol no es nuevo. Desde 2011, la petrolera ha tenido contratos con esa empresa que, según estimaciones, han representado ingresos superiores a 2 billones de pesos. La evolución de los pliegos de licitación muestra cómo los requisitos se han ajustado progresivamente a las capacidades de Helistar, asegurando su dominio en el sector.
Por lo tanto, la controversia no es solo contractual, sino que se enmarca en un patrón más amplio de adjudicaciones en Ecopetrol. La empresa Helistar ha mantenido un dominio en la prestación del servicio de transporte aéreo para la petrolera. Helicol ha señalado que este caso forma parte de un esquema sistemático de direccionamiento de contratos, con reglas diseñadas para excluir a la competencia y favorecer a un solo proveedor.
En su solicitud de reconsideración, Helicol recalca que Ecopetrol aplicó indebidamente una cláusula de terminación anticipada sin respetar un plazo especial de seis meses otorgado en el método de elección. Según la empresa, se encontraba lista para operar antes del 1 de marzo de 2025, pero la decisión de la petrolera se basó en informes desactualizados y en criterios inconsistentes.
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La reciente apertura del proceso por parte de la SIC contra Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar por irregularidades en la licitación de 2021 es un reflejo de las sospechas que han rodeado estos contratos. La Superintendencia investiga si hubo colusión y manipulación en los procesos de adjudicación.
Denuncia y acusaciones de corrupción
Ante la gravedad de las irregularidades, Helicol contrató a la firma Julián Quintana Abogados para interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. En el documento legal se argumenta la existencia de un cartel ilegal de direccionamiento de contratos, con acusaciones de concierto para delinquir, corrupción y restricción de la competencia.
La denuncia sostiene que Ecopetrol ha manipulado sistemáticamente los procesos de licitación para favorecer a Helistar, estableciendo condiciones restrictivas y obstaculizando la participación de otros operadores. También se identificaron conflictos de interés entre funcionarios clave de Ecopetrol y Helistar, como el caso de Harold Ramírez, quien trabajó en Helistar antes de ocupar un cargo estratégico en Ecopetrol.
El abogado Julián Quintana, representante legal de Helicol, afirmó: “La decisión de Ecopetrol de terminar unilateralmente el contrato con Helicol y aplicar una sanción millonaria es, a todas luces, arbitraria, infundada y producto de un direccionamiento ilegal de la contratación pública en favor de Helistar”.
Además, enfatizó que “existen pruebas claras y verificables de que Helicol cumplió con todos los requisitos antes del vencimiento del plazo, lo que evidencia que la terminación anticipada no tuvo fundamento técnico ni legal, sino que respondió a un interés claro de favorecer a Helistar”.
Para Helicol, la sanción no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático que ha favorecido a Helistar. “Esto no es solo un contrato cancelado. Es una estrategia premeditada para eliminar a la competencia y asegurar que Helistar mantenga el monopolio del servicio de transporte helicoportado para Ecopetrol”, sostiene el equipo legal.
Desde el punto de vista penal, Helicol no descarta que se configure un caso de prevaricato o abuso de autoridad por parte de los funcionarios de Ecopetrol. “Existen suficientes elementos para considerar que se ha cometido corrupción y restricción a la competencia. Funcionarios de Ecopetrol tomaron la decisión de terminar el contrato basándose en informes manipulados y sin una justificación técnica válida”, enfatiza la defensa.
La empresa también advierte que los obstáculos regulatorios impuestos por la Aerocivil fueron parte de una estrategia deliberada para desacreditar a Helicol y justificar su salida del mercado. “Esto no fue accidental. Fue una maniobra calculada para asegurarse de que Helistar quedara como la única beneficiaria de los contratos de Ecopetrol”, asegura el documento.
Helicol ya ha iniciado acciones legales para revertir la sanción impuesta y establecer responsabilidades individuales en las entidades involucradas. “Hemos presentado recursos administrativos y demandas ante la jurisdicción contencioso-administrativa para restablecer el equilibrio en la contratación”, señala el equipo legal. Además, han estructurado denuncias penales contra funcionarios de Ecopetrol y Helistar por corrupción y concierto para delinquir.
Helistar y sus enredos
Una investigación de La Silla Vacía detalló que el dueño de Helistar, Orlando Cabeza, es una figura con una trayectoria que abarca desde su labor como piloto de la Policía hasta su posición como uno de los empresarios más influyentes del sector aéreo.
Su nombre ha sido vinculado en informes de inteligencia con actividades de narcotráfico, aunque él lo ha negado categóricamente. “Mi éxito se debe al trabajo arduo y a la disciplina”, declaró Cabeza a La Silla Vacía, enfatizando que las acusaciones son intentos de desprestigio.
Desde 2011, Helistar ha sido el contratista principal de Ecopetrol en transporte aéreo. En los últimos tres años, la empresa ha recibido contratos por un total de 320 mil millones de pesos. La investigación también expone las estrechas conexiones de Cabeza con el círculo cercano al presidente Gustavo Petro. Uno de los puntos más cuestionados es que, a pesar de las sombras sobre su pasado, Cabeza ha logrado mantener su influencia en el sector y seguir ganando contratos estatales de gran magnitud.
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El informe de La Silla Vacía también indica que Cabeza ha tomado medidas activas para eliminar información comprometedora en internet. “Existen registros de solicitudes para borrar datos de búsquedas y artículos que lo mencionan en contextos problemáticos”, se lee en la investigación.
Un documento filtrado a este medio da cuenta que Cabeza Peñaranda, conocido en el gremio como “Lucho Cabezas”, inició su carrera en la aviación en la década de 1980, cuando la Policía Nacional incorporó a oficiales formados en escuelas de aviación privadas. Sin embargo, su reputación dentro del sector es controversial.
Según el documento, fue señalado por antiguos pilotos como un operador vinculado a actividades ilícitas de narcotráfico. “Era el hombre de confianza de Luis Enrique Murillo, alias Miky, quien a su vez tenía conexiones con el Cartel del Valle”, menciona el informe. También se le atribuye haber transportado $100 millones en efectivo en un vuelo clandestino en 1994, dinero que supuestamente fue usado en la campaña presidencial de Ernesto Samper.
En 1999, Cabeza Peñaranda fundó Helistar, compañía que desde entonces ha dominado el sector del transporte aéreo en la industria petrolera. Según el documento, su crecimiento no fue fortuito, sino resultado de sobornos a políticos y funcionarios. “El contrato con Ecopetrol se ha mantenido a través de pagos irregulares y favores políticos”, detalla el informe.
Sus nexos con el actual gobierno también son cuestionados. Su relación con Danilo Romero Gómez, quien mantiene lazos cercanos con el Ejecutivo, ha sido clave para su consolidación. “No solo son amigos personales, sino también socios comerciales en diversas empresas”, afirma el documento. Se destaca que la familia de Romero tiene inversiones conjuntas con Cabeza Peñaranda en negocios de marihuana medicinal y cultivos de palma en Cesar.
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El texto también indica que Helistar habría facilitado transporte irregular de personas vinculadas con grupos subversivos y políticos extranjeros, particularmente venezolanos.
“Helistar ha servido como una plataforma logística para trasladar a individuos fuera del marco legal colombiano”, reza el informe. Además, se le atribuyen esquemas de fraude en seguros, evasión de controles y pagos a militares y policías para asegurar ventajas en contrataciones públicas.
A través de un comunicado, Helistar aseguró que dichos señalamientos carecen de veracidad y negó cualquier conducta de “cartelización vertical” en su operación. Defendió su presencia en la base de Paz de Ariporo, asegurando que responde a compromisos contractuales con Ecopetrol. Destacó que posee un contrato de arrendamiento con la Aerocivil, renovado en enero de 2024, que impide la cesión a terceros.
