Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y concejal de Bogotá, estuvo en Medellín, y EL COLOMBIANO aprovechó para charlar con él sobre la situación económica del país. Le consultamos, por ejemplo, cuál es el mayor problema que tiene Colombia hoy y sin titubear señaló la informalidad laboral: el 56% de los trabajadores está en esa condición, y en la ruralidad la incidencia llega al 85%.
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“Yo creo que en este momento lo que demuestra el fracaso de la articulación de las reformas que ha querido presentar el gobierno del presidente Gustavo Petro, que son la de salud, la laboral, la pensional, y convirtiendo en círculo ese triángulo, la de educación, es que Colombia antes de eso tiene que definir cómo va a lograr que haya más empleo y actividad económica formal”.
Oviedo ve el 2025 difícil y aprovecha para hablar del anuncio del presidente Petro esta semana, en el sentido de que el Gobierno tendría que recortar la inversión pública de $96 billones a $57 billones para pagar deuda. “Hay una cortina de humo. Sé que hay que hacer un ajuste presupuestal, pero para lograr esa reactivación económica el país necesita que haya más inversión pública”.
Si se hace un ajuste de ese tamaño, la gran preocupación de Oviedo es que la inversión en infraestructura caerá dramáticamente, porque es difícil pensar que la “peluqueada” sea por el lado de los subsidios. En todo caso, insiste en que a su gusto esto es “generar una presión sobre la opinión pública” y “una actitud de chantaje”, porque el Gobierno tiene cómo optimizar gastos de funcionamiento y burocracia antes de pensar en una medida tan radical.
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El plan de reactivación
En cuanto a las medidas de reactivación y la ley de financiamiento que el Ejecutivo ha anunciado que llevará el 20 de julio al Congreso, el concejal cree que “lo que se va a presentar es un reencauche de mostrar como reactivación económica los recursos que no se han ejecutado en materia de regalías, que son aproximadamente $16 billones”.
Añadió que ejecutar los proyectos de regalías tiene una dificultad muy importante y es que la soberanía de los recursos es de cada alcalde o de cada gobernador, “entonces ahí vamos a necesitar una articulación con los gobiernos locales con los gobiernos departamentales, que ha sido prácticamente ausente en la gestión”.
En cuanto a la ley de financiamiento, Oviedo aclara que primero hay que conocer el proyecto, pero ahonda en lo dicho hasta ahora por el Gobierno. Aunque está la idea de disminuir la tasa de renta corporativa y poner a más personas naturales a contribuir, a su juicio “la problemática del sistema tributario en este momento es que tiene sobrecargados a quienes ve el Gobierno fácilmente en su capacidad de generar ingresos y de incurrir en costos, que son las sociedades”.
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Indica que es difícil bajarle impuestos a empresas y respaldarlo con más recaudo por personas naturales, toda vez que el empleo está afectado y la informalidad representa casi más de la mitad de la economía. “Además, no vemos al Gobierno con una posición clara frente a cómo ampliar la cobertura del régimen simple, que es ‘pague una vez y eso corresponde a todos los impuestos que posiblemente se pueden causar por su actividad económica’, una herramienta muy importante para formalizar la actividad económica (...) creo que hay que pensar en el descuento de IVA de bienes de capital para reactivar la economía”.
La autonomía regional
Oviedo también tuvo espacio para hablar del referendo por las regiones, en el que participa como miembro del comité promotor, y por el cual tuvo un cruce con el presidente Gustavo Petro recientemente en redes sociales.
“Vimos al presidente pronunciarse sin argumentos diciendo que este referendo lo que iba a hacer era que como los departamentos más ricos iban a recaudar sus impuestos y no la Nación, entonces los ricos se iban a hacer más ricos y los departamentos pobres como Vichada o Vaupés, que no tienen tanta capacidad de generar impuestos, de ahorro y patrimonio, pues van a ser más pobres. Es falso”.
Por el contrario, continúa, el referendo buscaría que colectivamente los 32 departamentos y el Distrito Capital de Bogotá tengan la gobernanza sobre “unos recursos tributarios para que se repartan bajo criterios de coordinación, solidaridad, equidad regional y subsidiariedad”.
Apunta que “esto significa que Bogotá, Antioquia, Valle, Cundinamarca y Santander, que son los cinco que generan más del 60% del PIB, no se queden con el 60% de los impuestos, sino que haya unos recursos que vayan a los otros departamentos para que podamos tener proyectos de infraestructura turística o de atención en salud”.
Así, de hacerse realidad el referendo, “esa plata se va a llevar a una bolsa de las gobernanzas colectivas y se va a repartir con criterios de equidad”.
¿Y la inflación?
Otro tema de gran relevancia al que se refirió fue la inflación, que venía de más de un año de desaceleración, pero en los últimos meses se estancó e incluso subió al 7,18% anual en junio. Aseguró que esto se dio porque el fenómeno de la indexación (subidas de precios con base en la inflación o salario mínimo) se hizo presente.
Pero hay otro factor. “La mayoría de las juntas de propiedad horizontal tienen indexada la cuota de administración al salario mínimo. Y eso es un elemento de una regulación de propiedad horizontal que el Gobierno no ha podido sacar, por consiguiente el gasto de arrendamientos y de administración terminó afectado por el comportamiento tanto del 9,28% de la inflación del año anterior como del 13% (salario mínimo) porque todos los contratos se renovaron alrededor de esas dos cifras”.
Los corrientazos, que también están pegándole al costo de vida, afectan la indexación de costos asociados al salario mínimo, y esto explica en gran parte el retroceso en la inflación, sumado a aspectos como los precios de la electricidad en el Caribe o el desmonte del subsidio a los combustibles.
