La elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) sigue generando controversia.
Este jueves, 13 de febrero, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, está citado a rendir testimonio en el Juzgado 18 Civil del Circuito de Medellín, en el marco de la demanda interpuesta por el abogado Julio César Yepes, socio minoritario de ISA, quien cuestiona la idoneidad del proceso de selección.
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Sin embargo, el abogado de Roa, Luis Eduardo Nieto, solicitó aplazar la audiencia argumentando que su defendido se encuentra fuera del país en una misión oficial con el Gobierno.
Además, un apoderado de ISA pidió que la diligencia se llevara a cabo bajo reserva, alegando que involucra información sensible para la compañía.
¿Por qué se cuestiona la elección del presidente de ISA?
Yepes presentó una demanda de nulidad electoral señalando que el proceso de selección de Carrillo no fue transparente y que Roa habría influido en la decisión.
Además, existen dudas sobre la experiencia y trayectoria del elegido.
La polémica se intensificó cuando se conoció que Roa Barragán planea testificar desde Emiratos Árabes, donde se encuentra acompañando al presidente Gustavo Petro en un viaje oficial.
Ante esto, su abogado envió un documento al juez solicitando aplazar la audiencia, argumentando que su defendido no puede comparecer en la fecha estipulada.
En su solicitud, a la que accedió EL COLOMBIANO, Nieto señala: “Por medio del presente documento, de forma respetuosa, solicito a su Despacho el aplazamiento de la audiencia de testimonio en el marco de la solicitud de prueba extraprocesal citada para el 13 de febrero de 2025 en el trámite de la referencia. Lo anterior, toda vez que el señor Ricardo Roa Barragán se encuentra fuera del país en una misión oficial del gobierno colombiano”.
Además, como prueba de la ausencia de Roa, Nieto anexó una certificación de la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol y un comunicado de prensa de la Presidencia de la República.
ISA quiere que la audiencia sea reservada, pero hay oposición
En paralelo, Sergio Londoño, apoderado de ISA, solicitó que la declaración de Roa y las demás audiencias sean confidenciales, amparándose en la normativa de protección de datos y secreto comercial.
Según su escrito: “Solicito al Despacho que sujete a reserva las audiencias y diligencias que serán practicadas en el marco de este trámite, junto con sus actas y grabaciones, con fundamento en lo previsto en el numeral quinto del artículo 107 del Código General del Proceso”.
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Asimismo, justificó su petición afirmando que: “Los asuntos que serán ventilados en el marco del trámite extraprocesal de la referencia se encuentran sujetos a la reserva comercial prevista en el artículo 61 del Código de Comercio, al secreto profesional y a la reserva de los datos personales contemplada en la Ley 1581 de 2012”.
No obstante, Yepes rechazó esta solicitud, argumentando que los procesos judiciales son públicos y que no existen razones legales para restringir la audiencia.
“Los actos transparentes, correctos y que se ciñen a la ley, a los estatutos sociales, al Código de Buen Gobierno y al Código País, pueden y deben ser públicos al interior de diligencias judiciales (...). No es fácil comprender cómo un acto que, según ISA, se sujetó a la normatividad, debe convertirse en reservado”, afirmó en su documento de oposición, al que tuvo acceso esta redacción.
Además, cuestionó las intenciones de la compañía al pedir la reserva: “¿Qué quiere ISA? ¿Que las decisiones tomadas y que afectan a los accionistas minoritarios tengan estricta reserva? ¿Que lo que declaren los testigos en una audiencia pública no lo pueda conocer la ciudadanía, máxime cuando en esa compañía están involucrados dineros públicos al ser Ecopetrol la principal accionista?”
Impacto en los accionistas de ISA y en el mercado
La disputa legal ha generado incertidumbre entre los accionistas de ISA, una empresa en la que Ecopetrol tiene el 51,41% de participación. Yepes enfatizó que se trata de una empresa con fondos públicos y que, por lo tanto, el proceso debe ser transparente.
Además, planteó dudas sobre la falta de información oportuna en la Bolsa de Valores: “La tardía revelación de información relevante respecto al nombramiento de su presidente se hizo 15 horas después de que la Junta Directiva de ISA había tomado la decisión, contrariando lo dispuesto en el Decreto 151 de 2021”.
La controversia sobre la elección de Carrillo como presidente de ISA radica en dudas sobre su experiencia y en la presunta influencia de Ricardo Roa en el proceso.
Yepes ha señalado inconsistencias en su hoja de vida y en el procedimiento de selección, lo que ha generado inquietud entre accionistas minoritarios y analistas del sector.
Además, cuestionó que Carrillo haya presentado información inexacta en su hoja de vida: “En la hoja de vida que presentó en el proceso de selección, suministró información que no corresponde con la realidad, toda vez que dijo que desde enero de 2009 hasta julio de 2019 había desempeñado funciones en la sociedad Profesionales de Inversión (Profinvest), no obstante que esta compañía solo se creó en agosto de 2009”.
Carrillo no firmó los estados financieros del tercer trimestre de 2024
En medio de la controversia, el concejal de Medellín Alejandro De Bedout reveló preocupantes hallazgos sobre el proceso de designación de Carrillo.
Según De Bedout, el revisor fiscal de ISA, Andrés Morales, confirmó que el nuevo presidente de la compañía no firmó los estados financieros del tercer trimestre de 2024, a pesar de que la norma exige su suscripción.
Esta información la corroboró el accionista minoritario Yepes, quien practicó testimonio al revisor fiscal de ISA en un juzgado y confirmó que en noviembre había requerido a la compañía porque Carrillo no podía firmar estados financieros del tercer trimestre.
“¿Por qué un presidente que recibe un jugoso sueldo desde el 2 de septiembre de 2024 no firma los estados financieros, cuando la norma exige que sean suscritos tanto por él como por el revisor fiscal?”, cuestionó De Bedout.
El concejal también alertó sobre la tardanza en el registro de Carrillo ante las entidades correspondientes, lo que impidió que pudiera asumir plenamente sus funciones.
“En audiencia presidida por el Juez Luis Guillermo Salas, se evidenciaron graves omisiones y retrasos en su nombramiento y registro. Andrés Morales, revisor fiscal de ISA, reveló que la empresa tardó en inscribir a Carrillo, impidiéndole firmar los estados financieros y afectando la legalidad del proceso”.
Además, la revisoría fiscal detectó irregularidades en la documentación de la empresa. “La revisoría fiscal alertó sobre múltiples actas sin formalizar y el 13 de noviembre de 2024 emitió el requerimiento AS-8966-24, advirtiendo sobre el posible incumplimiento en la inscripción del presidente y la falta de actualización en los libros oficiales”.
Otro hecho clave es que Carrillo ni siquiera estaba en la lista inicial de candidatos. “El revisor fiscal reveló que Carrillo no estaba en la lista principal de candidatos, pero fue seleccionado de una ‘lista 2’ tras una comunicación entre el VP de Talento Humano y una funcionaria de Korn Ferry, ignorando el proceso inicial”.
La audiencia también confirmó que la información sobre el nombramiento de Carrillo se divulgó con 15 horas de retraso, cuando la norma exige publicación inmediata.
“Pese a que el revisor fiscal insiste en que su labor es independiente, su desconocimiento del periodo mínimo para publicar decisiones clave genera preocupación. Además, la revisión tardía del acta 918, que formaliza el nombramiento de Carrillo, deja en entredicho la efectividad de su función de control. ¿Quién responde por estas irregularidades?”, cuestionó el corporado.
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