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Importar gas desde Venezuela, ¿qué pasará con la autonomía energética y las tarifas?

Colombia iniciaría la importación de gas a partir del 2025. Expertos consideran que la prioridad debería ser la producción local, además de que se podrían generar costos adicionales en las tarifas.

  • Según la Upme, la demanda de gas por parte de los colombianos llegaría a los 1.300 millones pies cúbicos por día en 2034, que corresponde a un aumento del 30% con respecto a 2022. Foto: Juan Antonio Sánchez
    Según la Upme, la demanda de gas por parte de los colombianos llegaría a los 1.300 millones pies cúbicos por día en 2034, que corresponde a un aumento del 30% con respecto a 2022. Foto: Juan Antonio Sánchez
Importar gas desde Venezuela, ¿qué pasará con la autonomía energética y las tarifas?
05 de marzo de 2024
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Los acuerdos entre Ecopetrol y la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, son un asunto de vieja data: se remontan a un contrato que tienen desde el 2007, con vigencia a noviembre de 2027, para la compraventa y transporte de gas a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, que en el pasado permitió la exportación del combustible hacia el vecino país.

Dicho contrato se ha mantenido inactivo bajo la figura de estabilización de equipos, lo cual implica que no se han generado obligaciones comerciales de nominación ni entrega de gas. Hasta ahora, que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, confirmó que una de las alternativas que están estudiando para garantizar el abastecimiento suficiente de gas natural es importarlo de Pdvsa a partir del 2025.

Las razones, según Roa, es que hay un déficit del 17% en la demanda actual de gas en Colombia y la maduración de los proyectos que se están ejecutando en el mar Caribe, y que permitirán una mayor producción local de este combustible, tardarían entre siete y nueve años.

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“El déficit que hemos determinado de Ecopetrol en gas para el país empieza el año entrante. Entonces, ahí es que estamos hablando de entre 160 y 170 millones de pies cúbicos. Y esto es como el 16% del mercado nacional de la demanda nacional”, sostuvo Roa en entrevista con Noticias Caracol.

Pero aclaró que, de hacerse, no sería en su totalidad. “No podemos decir que el primero de enero vamos a tener 170 millones de pies cúbicos de gas a través del gasoducto Antonio Ricaurte, pero sí podemos estar pensando que por ahí pueden entrar unos 50 o 60 millones de pies cúbicos de gas”, dijo.

El presidente de la petrolera también recordó que actualmente Colombia ya importa gas, a través de una plataforma de regasificación en el mar Caribe, en Cartagena.

“Ahí estamos importando entre 200 y 300 millones de pies cúbicos de gas, esto es entre el 20 y 30% de la demanda nacional, y a unos costos altísimos. Estamos hablando de entre 17 y 19 dólares el millón de BTU, cuando lo normal en el mercado es 6 o 7 dólares por millón de BTU”, recalcó Roa.

Y en cuanto a las sanciones que retomaría Estados Unidos contra el petróleo y el gas de Venezuela, por las barreras puestas a la opositora María Corina Machado, aseguró que este no es un tema de preocupación, porque “la decisión se enmarca en el levantamiento que hay hoy de esas restricciones. En la medida en que ellas vuelvan a existir, pues nos abstendremos de hacer las transferencias y transacciones”.

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¿Y la autosuficiencia?

Un diagnóstico realizado el año pasado por el Ministerio de Minas y Energía da cuenta que la demanda de gas natural a nivel internacional aumentaría levemente durante esta década, manteniéndose estable entre 2030 y 2050. E, incluso, ante un escenario consistente con la descarbonización, se espera una reducción de la demanda de hasta un 70% para 2050.

Sin embargo, de acuerdo con el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028, de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), la situación de Colombia es diferente, pues el gas natural tiene un papel crucial en la transición energética: actualmente el país autoabastece el 95% del consumo de gas natural, con unas importaciones de entre 6 y 10 gigapies cúbicos (gpc) anuales, principalmente para dar respaldo a las termoeléctricas a gas.

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De hecho, uno de los escenarios de la Upme contempla que la demanda de gas por parte de los colombianos llegaría a los 1.300 millones de pies cúbicos por día en 2034, que corresponde a un aumento del 30% con respecto a 2022.

En este sentido, el Plan advierte que, a menos de que los hallazgos actuales de yacimientos de gas natural se conviertan en reservas o se tomen medidas adicionales para reducir el consumo de gas, el país requeriría importaciones crecientes de este combustible en los próximos años.

Ese es, precisamente, el meollo del asunto, pues los expertos consideran que la prioridad debe ser la producción del combustible en suelo nacional.

De acuerdo con Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, las reservas de gas en el país pasaron de 8 a 7,2 años entre 2021 y 2022, las más bajas en los últimos 17 años.

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Por esto, para Murgas es importante que el Gobierno colombiano permita y acompañe los procesos de consulta para la perforación de los pozos ya previstos en Córdoba, Atlántico, Magdalena y Sucre, con el fin de aumentar entre 10 y 45 millones de pies cúbicos el suministro.

“Necesitamos que la Creg ajuste la comercialización para que ese gas esté disponible de manera inmediata, y que apruebe las tarifas para facilitar el transporte de gas en todo el territorio y las inversiones para ampliar la capacidad de transporte de un tubo que va de Barranquilla hasta el interior del país. También que la Anla expida las licencias ambientales para que se empiece a producir el combustible que ya se descubrió”, añadió Murgas.

Desde la óptica de Julio César Vera, presidente de la fundación Xua Energy, las importaciones de gas de Venezuela podrían ser favorables si se mantienen los precios que se tenían previstos en el acuerdo inicial entre Ecopetrol y PDVSA, y no con referencia al mercado de gas licuado.

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Sin embargo, enfatizó en que la mejor alternativa para el país siempre seguirá siendo garantizar su soberanía y seguridad energética con recursos internos. “Hay que aprovechar, por ejemplo, el potencial de cuencas tan importantes como el Piedemonte; Sinú-San Jacinto-Valle Inferior del Magdalena; Cesar-Ranchería, y la Guajira offshore”.

Para el analista, resultaría paradójico que el país solo destinara sus esfuerzos para materializar las importaciones, cuando puede avanzar a la par en el frente local.

¿Qué pasará con las tarifas de gas?

Cuando en 2022 la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, expresó las intenciones de importar gas natural de Venezuela, así como de otros países, una vez el recurso se agotara en Colombia, Felipe Bayón, quien era el presidente de Ecopetrol, calificó la propuesta como inconveniente para el país.

En palabras de él, el hecho de importar gas natural triplicaría el costo del servicio para el usuario final. “Esa factura de $30.000 sería de $120.000 o $150.000. Sería un impacto para el colombiano de a pie”, subrayó Bayón en esa ocasión

Sobre este posible incremento que tendrían las tarifas de los usuarios, Murgas explicó que las importaciones generarían un costo adicional en los servicios, pues se tendría que cubrir costos de licuefacción, transporte y regasificación, además de los incrementos provenientes de la exposición a la volatilidad de precios de gas en el mercado internacional.

“Al final, la tarifa del usuario incluye tanto las inversiones en infraestructura como el valor de la venta de la molécula de gas, así que, por supuesto, habrá que tomar en su momento la suma de estos componentes para determinar la tarifa”, dijo Murgas.

De hecho, el mismo Roa reconoció que importar gas implicará un mayor costo, ya que es una situación parecida a lo que pasa con la energía.

“Ha subido la energía porque la estamos produciendo con gas importado a 18 o 19 dólares, y eso se refleja en el precio final”, anotó el presidente de la petrolera.

Las dudas con PDVSA y el gasoducto

Los cuestionamientos sobre este posible negocio no han sido pocos. Uno de ellos es qué tan conveniente es para Ecopetrol asociarse con PDVSA, dado que sus finanzas son inciertas luego de que estallara la crisis y las restricciones contra Venezuela.

Además de que lo último que se sabe es que para el año 2022 su deuda financiera estaba en el orden de los US$3.800 millones, y la mayor parte estaba concentrada en bonos corporativos, préstamos y líneas de crédito que le han resultado imposibles de pagar por la falta de acceso a financiamiento derivada de las sanciones.

En este sentido, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, consideró que asociarse con una empresa “que fue mal manejada y a la que le metieron ideología, en lugar de buena administración” como PDVSA, podría deteriorar significativamente la operación de Ecopetrol.

Y si por un lado llueve, por el otro no escampa. También hay dudas sobre el estado en que se encuentra el gasoducto Antonio Ricaurte, por donde se transportaría el combustible desde el vecino país.

Y es que este complejo, que comprende 224 kilómetros y se extiende desde los yacimientos de gas de la región occidental de Venezuela, cerca al lago de Maracaibo, hasta la Estación Ballena, en la Guajira (Colombia), no ha sido utilizado desde 2015, y la falta de mantenimiento podría representar riesgos de seguridad.

Para los analistas, al estar tantos años fuera de servicio, readecuar este gasoducto requerirá de grandes inversiones.

“Esa decisión no es fácil de implementar: el gasoducto se encuentra deteriorado debido a saqueos, válvulas ilícitas, robo de partes de la tubería y años sin servicio de vigilancia ni mantenimiento. Se debe invertir una suma considerable para ponerlo en operación, pero el gasoducto es de PDVSA; por lo que no sabemos el precio ni si cumple con los requerimientos técnicos”, indicó Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes.

Finalmente, aunque el presidente Gustavo Petro manifestó a través de su cuenta de X que cuando Colombia complete su matriz de energía limpia, la demanda por gas disminuirá sustancialmente, el Plan de Abastecimiento de la Upme expone que, de seguirse los lineamientos de un escenario de descarbonización, se tendría que iniciar en 2023 con el desmonte del uso de gas natural de uso domiciliario, lo que iría en contravía de la meta del actual Plan Nacional de Desarrollo de aumentar la cobertura de gas en 1,5 millones de nuevos usuarios residenciales.

Adicionalmente, sería necesario limitar la venta y reconversión de vehículos a gas e implementar tecnologías más eficientes para el aprovechamiento de este combustible, “por medio de medidas más estrictas como prohibiciones o mandatos”.

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