El hundimiento de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro marca un capítulo de alta tensión política y económica, porque pone contra las cuerdas la inversión y los gastos del presupuesto del 2025. ¿Con qué plata se financiará?
En un desenlace que tomó por sorpresa a muchos, las comisiones económicas conjuntas del Congreso archivaron la iniciativa que buscaba tapar un desfinanciamiento de $12 billones en el presupuesto de 2025, aunque la meta de MinHacienda era de $9,8 billones al retirar el polémico impuesto a juegos de azar y apuestas en línea, con el que recaudaría $2 billones, tras presión y lobby en las comisiones.
“Este no es un voto en contra del presidente Petro, se han negado las posibilidades de inversión, se ha hecho un recorte al Presupuesto General (de $523 billones)”, expresó Diego Guevara, nuevo MinHacienda.
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El revés no solo golpea las finanzas del Ejecutivo, sino que también pone en jaque programas clave para el próximo año, que desde ya han sufrido ‘el tijerazo’ como subsidios de vivienda, vías, Icetex y Prosperidad Social.
“Con esta decisión se afecta directamente a los más pobres y a las clases medias. Cerca de 26 sectores no tendrán presupuesto de inversión”, advirtió Alexander López, director de Planeación Nacional.
El hundimiento de la reforma también deja un problema urgente: la necesidad de firmar el Presupuesto General de la Nación para 2025, con esa brecha fiscal.
La legislación establece que este debe ser expedido a más tardar el 30 de diciembre, lo que obliga al Gobierno a buscar nuevas estrategias. Ya Guevara, antes de hundirse el proyecto, había dicho que, si no pasaba la reforma, tendrían que hacer un ajuste en los montos, “pero el 2025 tendrá un mayor nivel de crecimiento económico y con ello esperamos un mayor recaudo”.
Incluso, el nuevo ministro de Hacienda anticipó que el Ejecutivo sí hará esos ajustes en los montos previstos. “Haremos un análisis con el presidente Petro para buscar opciones responsables y sostenibles. La estabilidad macroeconómica sigue siendo nuestra prioridad”, indicó Guevara.
Dentro de ese análisis para buscar ese plan B, Guevara anticipó que buscarán los compromisos que tiene este gobierno con la deuda y con el manejo prudente de las finanzas. “Será un análisis que haremos, vamos a hacer ya una sesión con todo el alto gobierno que nos acompaña”.
El panorama luce sombrío. Según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el Gobierno deberá recortar al menos $37 billones del presupuesto para cumplir con la Regla Fiscal. Esto incluiría ajustes en subsidios, programas sociales y proyectos de inversión, agravando el impacto en las regiones.
Con el rechazo del Congreso, el Gobierno enfrenta un dilema crucial. Sin la ley de financiamiento, la administración de Petro deberá decidir entre implementar un programa de austeridad o buscar alternativas para incrementar los ingresos.
El nuevo escenario también reaviva el debate sobre el gasto público. Para el director de Fedesarrollo, la verdadera urgencia del Ejecutivo radica en controlar un gasto excesivo que supera la capacidad de generación de ingresos.
“La Ley de financiamiento era inoportuna, inconveniente y desviaba la atención del problema central que enfrentará el Ministerio de Hacienda: la necesidad de realizar un recorte cercano al 7% en el presupuesto del próximo año”, precisó Mejía.
La situación se agrava por la presión de cumplir con la Regla Fiscal, una de las principales garantías para mantener la confianza de los mercados internacionales.
La decisión del Congreso desató una ola de reacciones. Desde el Gobierno, las críticas fueron contundentes. El presidente Petro calificó el rechazo como “un golpe al pueblo colombiano”. Alexander López, de Planeación Nacional, afirmó que la oposición actuó con “irresponsabilidad”, al dar la espalda a programas de inversión social.
Por otro lado, el empresariado celebró el hundimiento. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, destacó la necesidad de disciplina fiscal. “Esta propuesta afectaba la reactivación económica, la inflación y a las empresas”, sostuvo. Otros analistas, como José Ignacio López, de Anif, señalaron que la reforma habría puesto en riesgo la regla fiscal y la sostenibilidad económica del país.
“Una propuesta que era inconveniente para el país e iba a poner en apuros al propio Gobierno en 2025 con $12 billones de compromisos de gasto que iban a quedar desfinanciados con este proyecto, de poco recaudo”, detalló López.
¿Será un arranque del 2025 difícil?
Con este hundimiento de la tributaria, el presupuesto del 2025 está desfinanciado. Por eso, Germán Machado, economista y docente de los Andes, aseveró que el Gobierno tendrá que cortar el gasto para acomodarlo a sus posibilidades reales.
“Eso significa que, en la primera semana de enero, el Gobierno tendrá que recortar $12 billones al presupuesto. Pero, además, durante el año tendrá que recortar otros $30 billones adicionales para cumplir con la regla fiscal y respetar los límites de deuda y de déficit del país”, indicó el analista económico.
En esa misma línea, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, recalcó que el Ejecutivo tendrá que ajustar mucho más el gasto público el próximo año.
“Esto nos deja un presupuesto para 2025 de $511 billones, de los cuales sólo $70 billones corresponden a la inversión pública, lo que implicaría un castigo a este rubro con la reducción del 26% en términos reales en comparación con el presupuesto de este año”.
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Por lo tanto, hizo un llamado al Gobierno nacional para que afronte el reto de hacer estos recortes sin afectar los programas sociales que están vigentes y las nuevas necesidades que surjan.
Machado también alertó que el Gobierno nacional, que conoce esta situación, podría negarse a cortar el presupuesto y sacrificar la burocracia y la inversión. En ese caso, incumplirá la regla fiscal.
Para el analista Mateo Rivera, magíster en Economía de la Eafit, el mensaje es claro: la reforma no cumplía su propósito. Lejos de resolver el problema fiscal, se planteaba como una mezcla de medidas ambiguas y fuentes de ingresos inciertas. Propuestas como el supuesto “mayor espacio de endeudamiento” son poco más que un espejismo.
“Aumentar la deuda no es sinónimo de ingresos adicionales; es como ampliar el cupo de una tarjeta de crédito sin mejorar el nivel de ingresos corrientes. Peor aún, las proyecciones de endeudamiento dependen de factores volátiles como la tasa de cambio, que actualmente pone en riesgo incluso el margen fiscal estimado”, explicó Rivera.
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Por lo tanto, el hundimiento de la reforma obliga al Gobierno a adoptar un Plan B. ¿Qué opciones tiene? La más inmediata es un recorte drástico del gasto público, como ya lo propuso Fedesarrollo, quien estima que se requerirá ajustar $37 billones.
“Esto implica priorizar programas esenciales y dejar de lado metas menos urgentes. Sin embargo, este camino podría afectar la inversión pública y el crecimiento económico, dos motores claves en un contexto de recuperación”, dijo el analista.
¿Y si el Gobierno no recorta el gasto? “En ese escenario, podría decretar una emergencia económica (que la Corte Constitucional encontraría mal fundamentada) o suspender la aplicación de la regla fiscal. Si el gobierno nacional no hace el recorte necesario y no respeta la regla fiscal, la economía colombiana enfrentará serios problemas”, advirtió Machado.
Entre las principales consecuencias está un bajonazo en la calificación internacional, se perderá inversión y aumentarán los costos de financiamiento. “Los efectos negativos durarían varios años”, concluyó Machado.
Para afrontar estos escenarios, Rivera también planteó otra alternativa, que sería intensificar la gestión tributaria, apostando por un mayor recaudo a través de la Dian. Aunque esto parece viable en teoría, en la práctica el margen es limitado: el presupuesto ya proyecta ingresos ambiciosos por $14,5 billones bajo este rubro, y depender exclusivamente de esta estrategia sería arriesgado.
“La verdadera solución, aunque políticamente compleja, es avanzar hacia una reforma tributaria estructural. Colombia necesita un sistema más equitativo, que reduzca la carga sobre las empresas, amplíe la base gravable y simplifique los procesos. Sin embargo, esto no se logrará con medidas improvisadas o aisladas”, enfatizó Rivera.
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Fracaso anunciado: la batalla perdida en el Congreso
Desde el inicio del debate, la reforma enfrentó un panorama sombrío. Los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical anunciaron su oposición, asegurando que el proyecto era inviable.
La salida del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no bastó para ganar respaldos. Ni siquiera la llegada de Diego Guevara, su reemplazo, pudo salvar el proyecto.
El hundimiento de la reforma también afecta directamente a programas sociales clave porque el Gobierno dice no tener plata, infló las cuentas de recaudo tributario, aumentó el gasto de funcionamiento y la inversión está rezagada. Entonces, subsidios de vivienda, servicios públicos y apoyo al deporte y la cultura están en riesgo.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, advirtió que ya no se podrá cubrir la deuda de la Opción Tarifaria, afectando a los usuarios de energía. “El Congreso les propina un duro golpe a los colombianos”, escribió en X. Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Rojas, había condicionado previamente los giros del Icetex al éxito de la reforma. Ahora, el futuro de miles de estudiantes podría también verse comprometido, recalcó el funcionario.
En ese orden, el fracaso de la reforma tributaria también pone en entredicho la agenda fiscal del Gobierno Petro para el 2025. Este revés se suma a otros tropiezos legislativos y evidencia la fragilidad de las coaliciones en el Congreso. Además, la falta de respaldo a medidas tributarias clave limita las posibilidades del Ejecutivo para cumplir con sus metas de inversión social y desarrollo.
