La Mesa de Empleo y Productividad, conformada por 34 agremiaciones, sindicatos y organizaciones sociales que representan a más de 25.000 empresas y en las que laboran más de 3 millones de trabajadores en Colombia, expresó su rechazo al llamado del presidente Gustavo Petro a convocar movilizaciones ciudadanas y a promover una reforma a través de una consulta popular sin respetar el Congreso de la República.
“Colombia es una democracia representativa, donde las leyes y reformas deben ser debatidas y aprobadas por los congresistas elegidos por el pueblo. Saltarse este proceso no solo vulnera el equilibrio de poderes, sino que genera inestabilidad jurídica y económica en el país. La Mesa manifiesta su apoyo a los ocho congresistas de la Comisión Séptima del Senado de la República, que presentaron una ponencia negativa y solicitud de archivo a la reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional”, se lee en un comunicado.
Esta reforma laboral, según el Banco de la República, podría haber generado la pérdida de 750.000 empleos. Además, solo ofrecía garantías a grupos específicos, sin beneficiar a emprendedores, al crecimiento de las empresas ni a los trabajadores informales que necesitan formalizarse con el tiempo. “Por ello, consideramos que esta reforma es perjudicial para el empleo, la competitividad, la calidad de vida de los hogares que dependen de buenos ingresos y el desarrollo de nuestro país”, se insistió.
La Mesa de Empleo y Productividad añadió que está comprometida con el trabajo de calidad y la mejora de los ingresos de los colombianos, basados en la productividad, competitividad, innovación, y desarrollo de mercados, así como el esfuerzo de los colombianos para mejorar su calidad de vida. “Por lo tanto, estamos convencidos de que se necesita una reforma laboral que explore la generación de riqueza, la creación de nuevas empresas, la facilidad en la normatividad, la reducción de impuestos y las leyes laborales equitativas entre empleado y empleador”, se lee en el texto.
Igualmente, la entidad confió en estos ejes sean considerados en los proyectos de ley que se discutan en el futuro en el Congreso de la República y que el sector productivo sea invitado permanente en su construcción consensuada.
“Agradecemos la participación activa en las audiencias públicas y en la radicación de posturas y propuestas de todos los actores involucrados, especialmente los gremios y sindicatos de la Mesa de Empleo y Productividad, así como la de los congresistas que nos escucharon y especialmente a los que hoy han presentado ponencia negativa y solicitud de archivo en la consecución de este importante logro”, se agregó.
A su turno, la Asociación Colombiana de BPO (BPrO) reconoció el papel fundamental del Congreso de la República como garante de la deliberación democrática y la estabilidad institucional. El gremio destacó la importancia de que cualquier reforma, independientemente de su alcance, se base en criterios técnicos y se desarrolle en un ambiente de autonomía, sin injerencias que comprometan el equilibrio de los poderes públicos.
“En materia laboral, la Asociación enfatiza la necesidad de una discusión técnica en una mesa ampliada, donde todas las voces sean escuchadas y se construya un marco normativo que fomente el empleo formal, fortalezca la competitividad y brinde estabilidad a sectores estratégicos como el BPO, clave en la generación de oportunidades y el crecimiento económico”, se anotó en un comunicado.
“Las reformas laborales deben diseñarse con base en el respeto por la institucionalidad y la independencia del Congreso. Es fundamental que cualquier modificación normativa surja de un diálogo amplio, libre de presiones externas, garantizando tanto la estabilidad empresarial como la protección de los trabajadores”, señaló Ana Karina Quessep, presidenta ejecutiva de BPrO.
Desde la Asociación, se reafirmó el compromiso de formular propuestas que mejoren las condiciones laborales sin afectar la sostenibilidad de las empresas ni comprometer la competitividad del país. Asimismo, se considera crucial que las reformas respondan a las dinámicas actuales del mercado, promuevan la formalización y brinden seguridad jurídica a los inversionistas que siguen apostando por Colombia.
BPrO hizo un llamado a la prudencia y al respeto por la independencia de los poderes públicos, evitando cualquier injerencia que altere el equilibrio institucional, genere incertidumbre en el sector productivo o debilite la confianza en las instituciones. Es esencial que el desarrollo de políticas laborales garantice un entorno estable y seguro para el empleo y la inversión, equilibrando el crecimiento empresarial con la protección de los trabajadores.
El gremio recordó que el Congreso tiene un rol clave en este proceso, por lo que es fundamental que las decisiones se tomen con total autonomía, preservando la solidez democrática y asegurando que cualquier reforma responda a criterios técnicos y a la realidad del país.
Y frente al anuncio del presidente Petro de convocar una consulta popular, ante el posible hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República, desde el ICP se pidió respetar la separación e independencia de poderes, y no instrumentalizar un mecanismo de participación ciudadana para desconocer el proceso político en el Congreso.
La propuesta de consulta popular y la narrativa del “bloqueo institucional” trasladan el debate del contenido de la reforma a una confrontación que busca desconocer la legitimidad del Congreso, por el que votaron más de 18,6 millones de colombianos. Como ya ocurrió con el anuncio de convocar a una Asamblea Constituyente, esta estrategia busca presionar a las instituciones y debilitar la separación de poderes.
Según el ICP, el Gobierno insiste en que el Congreso ha bloqueado la reforma, cuando en realidad este fue el espacio donde se dieron los debates más amplios y representativos. Sindicatos, microempresarios, académicos y técnicos expusieron la inconveniencia de la iniciativa. Aunque se hicieron ajustes —como la eliminación del artículo sobre el jornal agropecuario—, el proyecto mantuvo rigideces que afectaban la formalización, el empleo juvenil y la viabilidad de las empresas, en un país donde más del 93 % de las unidades productivas son Mipymes.
El “gran acuerdo nacional” fracasó no por falta de espacios, sino porque el Gobierno condicionó el diálogo a la aceptación de su agenda. Un acuerdo legítimo se construye con pluralidad. Insistir en la consulta tras el hundimiento legislativo evade al Congreso y distorsiona el sentido de la participación ciudadana, anotó el ICP.
