El ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, sacó pecho con el acuerdo al que esta semana llegó el Gobierno Nacional con los banqueros, pues es una muestra de la relación armónica que puede tener el ejecutivo con el sector privado, ¿pero será posible hacerlo con el sector minero?
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Sobre la necesidad de llevarlo a cabo parece que están de acuerdo tanto el Gobierno como la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que este jueves dio apertura a su Congreso Nacional de Minería en Cartagena.
El ministro Camacho explicó que el Ejecutivo quiere definir dónde se debe hacer minería en el país, y cómo hacerla, para lo que se requiere la aprobación de una Ley Minera y la constitución de Ecominerales, la empresa estatal que se dedicará a la exploración, explotación y formalización minera.
Pero también, de acuerdo con Camacho, es necesario avanzar en la definición de las consultas previas, pues existen comunidades indígenas que se oponen a la minería, y están en su derecho de así manifestarlo.
Y, de otro lado, hay una exacervación del conflicto armado en las zonas mineras, “tenemos un gran consenso en avanzar en la legalidad en la minería. Hay una realidad de que los grupos armados han migrado del narcotráfico a la minería. No hemos logrado como Estado contribuir a que esa ilegalidad sea remediada. Por eso tenemos que trabajar en desarrollar encadenamientos productivos, construir circuitos de legalidad que permitan que a través de la participación del Estado en la comercialización de los minerales podamos arrebatarle esas rentas a los ilegales”, anotó el ministro de minas.
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Y entonces lanzó su propuesta de una acuerdo nacional: “El modelo minero se debe modernizar, necesitamos hacer cambios, y el papel del Estado en esa conflictividad. Hemos logrado como Gobierno un acuerdo con la banca, hay uno en curso con las EPS, hubo uno con los fondos de pensiones, y creo que puede haber uno con los gremios, las comunidades, los alcaldes y gobernadores, para ponernos de acuerdo con lo que haya que cambiar, para que podamos avanzar en el planeamiento minero”.
Pero la duda está en qué tan factible es un acuerdo entre las partes cuando se parten de supuestos tan diferentes.
Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, dijo en su intervención de apertura que este es el sector que más ha reclamado un acuerdo nacional: “Ministro, usted dice que hay que definir dónde se hará minería. Deberíamos avanzar en esa conversación para decir quién va a definirlo, cómo se va a definir y bajo cuáles criterios. Colombia necesita más exploración. El 97% del país está sin titulación, nadie conoce la riqueza general que tiene el país”.
Y aseguró que cuando la regulación acoge la inversión, esa inversión llega, para lo que mostró que la inversión minera en Chile ha aumentado 30%, en Ecuador 40%, y Colombia se ha mantenido estable, siendo el país de esos que más área tiene por explorar.
E intuyó que el gran problema ha sido que “en parte de la política pública han venido quedando plasmadas las conversaciones de redes sociales, en las motivaciones de los decretos algo que yo siento que no es justo con el sector”, y mostró los pantallazos de posteos en redes que tratan de desinformar a la opinión pública. “Necesitamos una conversación de aquello del dato mata el relato, llevar a esa conversación pública los datos para sopesarlos”.
Y, con esa intención, trató de derribar al menos tres relatos: primero, “se dice que la minería no genera el valor agregado y que las exportaciones son negativas. Les tengo el dato: en una hectárea que se dedica a minería en el país se generan $224 millones de valor agregado, en la agricultura $14 millones y en la ganadería $2 millones. Además, si la minería, la balanza comercial pasaría de -4,4 billones de dólares a -10,3 billones de dólares”.
Segundo, se dice que la regulación ha beneficiado solo a las grandes compañías en la titulación minera, y la verdad, según Nariño, es completamente diferente: el 1,6% del territorio nacional está titulado para la extracción de minerales, y solo 0,3% en gran minería.
Y, tercero, “se dice la fauna se ve afectada: cuando se miran las cifras de las inversiones fueron de $727.000 millones, las del Ministerio de Ambiente fueron de $317.000 millones. En los últimos 6 años este sector ha invertido 3,6 billones, 2,5 veces más que el MinAmbiente”.
Y es por eso que el gremio siente que la regulación no va en sintonía con lo que el mundo está haciendo, que es generar incertidumbre a la inversión.
Una vez más, la apertura del Congreso Nacional de Minería fue un espacio para hablar de deseos, pero pocas acciones, no se sabe cuándo se sentarán las partes a negociar un acuerdo que permita un Pacto como el que anunciaron esta semana los bancos y el Gobierno Petro.
