El Gobierno de Gustavo Petro reveló su proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para 2025. Algo esperado por los analistas de la economía ante el evidente problema de caja que se enfrenta en la Casa de Nariño.
La idea del Ministerio de Hacienda es que el Congreso de la República apruebe un presupuesto de $523 billones, superior en 4,1% frente a los $502,6 billones que tuvieron luz verde para este año.
Uno de los puntos que más despertó críticas fue la notable disminución en el componente de inversión, ya que se estima un recorte de 17,4%. Esto, al pasar de contar con un monto de $99,86 billones el año pasado a $82,46 billones para 2025, de los cuales unos $12 billones serían aportados con la Ley de Financiamiento, que no es otra cosa que una nueva reforma tributaria.
El documento precisa que se destinarán $112,60 billones para pagar deudas el año entrante, lo que es 19,12% superior frente a los recursos destinados al mismo fin este 2024.
Entérese: Gobierno radicó Presupuesto de 2025 por $523 billones
No obstante, algo que llamó la atención fue el incremento de 6,1% en los gastos de funcionamiento. Ese dinero se destina a la contratación de funcionarios y el pago de sus salarios, servicios públicos, suministros, mantenimiento de infraestructuras y otros gastos operativos esenciales para mantener las instituciones gubernamentales.
La propuesta del Ejecutivo es que estos gastos escalen de $308,85 billones para este año a $327,93 billones para 2025. Eso representaría el 62,7% de todo el Presupuesto General, algo que no sorprende porque históricamente el funcionamiento abarca la mayor parte del dinero estatal.
Lo que sí causó malestar en algunos sectores políticos fue que el Ministerio de Hacienda esté pensando aumentar los gastos de funcionamiento en medio de una coyuntura que tiene al Gobierno con problemas de caja ante un alto nivel de endeudamiento por la pandemia de la covid-19 y una notable caída en los ingresos por recaudos tributarios. Y, además, busque mayores recursos con la presentación de una nueva reforma tributaria.
Por ejemplo, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, indicó que este presupuesto es insostenible para la capacidad de las finanzas públicas de Colombia. “Que entre 2022 y 2025 se aumenten casi $120 billones en gastos de funcionamiento, equivale a 6 reformas tributarias, es como si aumentarán 20% anual”.
El académico defendió que, en su concepto, no es necesario presentar una reforma tributaria para financiar parte del presupuesto; y, en cambio, el Ministerio de Hacienda debería optar por reducir más los gastos de funcionamiento y “las burocracias innecesarias”.
Agregó que adelantar una tributaria le inyectará una dosis de incertidumbre y desconfianza a la economía y a la inversión privada en el país, lo que no conviene en época de vacas flacas.
Por su parte, Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo, sostuvo que en medio de la difícil coyuntura económica se debe buscar dinamizar la economía y garantizar la estabilidad fiscal.
No obstante, explicó que bajar el flujo de inversión va en contra de dinamizar la economía. Y buscar mayores ingresos con una tributaria podría entorpecer la estabilidad fiscal dependiendo de dónde decida el Gobierno aumentar el recaudo. “Lo ideal sería controlar los gastos de funcionamiento y hacer una reforma tributaria pro inversión privada”, anotó.
Otra advertencia viene desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que ha publicado anteriores informes sobre un incremento desmesurado en el gasto de funcionamiento en los últimos años.
Dicha institución señaló que el gasto en funcionamiento se agravó después de la pandemia producto de gastos de salud y transferencias que se volvieron permanentes. “En un escenario de estrechez fiscal como la actual, en donde el gasto de inversión se está viendo afectado por recortes, es necesario que el Gobierno racionalice el gasto de funcionamiento en caso de que no se apruebe la Ley de Financiamiento que busca recaudar $12 billones”, sentenció el Observatorio.
Sin embargo, Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, comentó que el problema es que el Ejecutivo tiene muy poco margen de maniobra en los componentes de deuda y funcionamiento. Esto porque por Ley el Estado está obligado a aumentar en el Sistema General de Participación las transferencias a entes territoriales.
Por esa razón, el componente de inversión fue el más castigado. Romero señaló que la situación evidencia la compleja situación fiscal del Estado, ya que el Gobierno tiene muy pocas opciones y si la Ley de Financiamiento no recibe el visto bueno en el Congreso, entonces, el monto de inversión tendrá que disminuir a solo $70 billones y su caída ya no sería de 17,4%, sino de 28% frente al presupuesto de este año.
El Ministerio de Hacienda defendió que es un proyecto responsable con la sostenibilidad fiscal y garantiza que los recursos públicos serán asignados, buscando inclusión social y fortalecimiento de la estructura productiva del país.
Hacienda reconoció que Gobierno afronta importantes limitaciones en el espacio fiscal, lo que dificulta el aumento de la inversión pública requerida para elevar la productividad y el PIB potencial. “Somos conscientes de la necesidad de mantener la deuda pública y el déficit fiscal en una trayectoria sostenible. Es así como el PGN 2025 está alineado con una apuesta nacional de reactivación económica que ayude a reducir la desigualdad, acelerar la transición energética y garantizar la estabilidad macroeconómica”.
Lo cierto es que se tratan de cifras plasmadas en un proyecto de Ley que deberá ser debatido y aprobado en el Legislativo, al igual que la nueva reforma tributaria. Hay que tener en cuenta que los analistas cuestionaron que el presupuesto de 2024 estuvo inflado, algo que de seguro los congresistas tendrán en cuenta para votar el actual proyecto.
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