A Ecopetrol le surgió un nuevo dolor de cabeza que resulta ser un problema para la producción y abastecimiento de gas en el país si no se resuelve con prontitud. Este viernes el Distrito Judicial de Santa Marta dio a conocer un fallo judicial que ordenó suspender de manera inmediata las actividades de exploración y explotación de gas en el pozo Uchuva 2, ubicado en el Bloque Tayrona (Caribe colombiano) a unos 31 km de la costa, en límites entre La Guajira y el Magdalena.
Ariel Daniels de Andreis, gobernador de la comunidad Taganga, presentó una acción de tutela con el argumento de una presunta violación al derecho fundamental de la consulta previa, ya que según el documento dicha comunidad no recibió ese beneficio. El juez del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, Carlos Villalva, fue quien emitió el fallo. En pocas palabras, se ordena suspender trabajos hasta que no se adelante una consulta previa.
Para contexto, la Agencia Nacional de Minería explica que la consulta previa es un mecanismo de participación constitución y obligatorio. Debe realizarse siempre que se vayan a decidir, adoptar o ejecutar medidas administrativas, legislativas o proyectos públicos o privados, que puedan afectar directamente las formas y sistemas de vida de los pueblos indígenas o su integridad étnica, cultural, espiritual, social y económica.
EL COLOMBIANO consultó a Ecopetrol y confirmó la veracidad del documento. Al interior de la empresa calificaron la situación como “compleja” y hubo una reunión en horas de la mañana de este viernes con el Ministerio de Minas y Petrobras para conocer el alcance del fallo.
Hay que tener presente que Uchuva 1 y 2 son descubrimientos recientes en el Bloque Tayrona. La zona es operada por Petrobras, con una participación del 44,4%: y Ecopetrol, con el 55,6%.
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El Impacto
¿Qué tan determinante e importante es este pozo?, por lo menos dos expresidentes de la petrolera nacional y un exministro de Minas y Energía calificaron la situación de ser muy grave, ya que el gas de Uchuva 2 no es crucial en el corto plazo, pero sí para atender la demanda en tres o cinco años.
Almykar Acosta, exministro de Minas y Energía, dijo que el problema no es otro que el atraso de las actividades en este pozo. “Los recursos contingentes que estiman son en 5 terapies cúbicos (TPC), el doble de las reservas remanentes que nos quedan, pasan a reservas probadas y estar más cerca de la comercialización”.
La afirmación del exministro es aterrizada si se tiene en cuenta que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que las reservas probadas de gas reservas de gas bajaron 15,7%, de 2,82 terapies cúbicos en 2022 a 2,37 terapies cúbicos en 2023.
Ahora, frente al aporte de dicho pozo, desde Ecopetrol sostuvieron que todavía no se ha difundido el cálculo oficial del aporte de Uchuva 2, pero confirmaron que los descubrimientos del área gasífera Caribe Norte (donde reposa Uchuva) podría ubicarse entre 2 y 5 TPC. De hecho, se calcula que el gas que contiene Uchuva 2 es muy superior al pozo 1. Un aporte muy significativo en medio de un contexto de escasez.
No es por nada que para muchos es la joya más valiosa que ha descubierto Colombia en los últimos años. Este pozo fue perforado a finales de junio de este año, y cuentan que fue un respiro para Ecopetrol y el Ministerio de Minas y Energía ante la baja de reservas en año venideros.
Esa visión la confirma Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol, quien aseguró que Uchuva es la promesa de producción de gas más pronta y valiosa que tiene el país. Aclaró que efectivamente no atenderá la demanda el próximo año, porque se podría demoras tres años en comenzar a operar, ya que hacen falta perforaciones en pozos y adelantar infraestructura.
Añadió: “es muy importante que este juez entienda la relevancia estratégica que tiene esto. No se compadece que porque no se haya hablado con una comunidad pase esto, porque en general las comunidades están inventariadas antes de empezar a hacer los procesos”, indicó.
Sostuvo que dicho fallo es preocupante para el país. Y expresó que es “increíble que Ecopetrol y Petrobras no hayan evaluado a las comunidades, “debe haber una historia más compleja atrás”.
La esperanza que despierta ese pozo es tal que Felipe Bayón, otro expresidente de Ecopetrol, cree que sumando este proyecto, Colombia podría llegar a 15 o 20 años de reservas. La ANH calcula que las reservas llegaban a 6,1 años a corte de 2023.
Bayón recordó que el país podría perder más de 40 años de autosuficiencia de gas y que este escenario empeora el panorama. “Esto lo que genera es mayor incertidumbre y agrega demoras en los tiempos para desarrollar estos yacimientos. Esperemos que Ecopetrol y Petrobras puedan de manera diligente evitar que se generen demoras en un posible desarrollo de Uchuva”, dijo.
Otras preocupaciones
Almykar Acosta indicó que el fallo del juez de Santa Marta obedece a la falta de una reglamentación clara para las consultas previas. Y señaló que ese vacío se debe a la “decidía del Congreso de la República”, al no tramitar la respectiva ley, algo que ha ordenado en reiteradas ocasiones el Consejo de Estado.
En cuestión de tiempos, el fallo ordena al Ministerio del Interior que en un plazo no mayor a un mes reconozca la presencia de los indígenas Taganga en el Área de Explotación de Tayrona.
Asimismo, ordena que se autorice en un plazo no menor a 30 días la realización inmediata de la consulta previa, libre e informada con dicho cabildo indígena. Esto sobre el área de interés de perforación exploratoria en Tayrona. Precisa que esta consulta deberá hacerse de conformidad con los estándares intencionales y constitucionales, pero garantizando la participación de la comunidad Taganga.
Además, ordena a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que realice un nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural que incluya los impactos del proyecto al cabildo Taganga.
Este diario consultó al Ministerio del Interior y a Ecopetrol sobre cuánto tiempo tardaría la consulta previa, pero no hubo respuesta al cierre de esta publicación.
Otro malestar de fuentes consultadas por EL COLOMBIANO obedeció a que presuntamente esta comunidad indígena es prácticamente nueva y que fue reconocida hace poco tiempo en el gobierno de Iván Duque. “Si bien hay que respetar los procesos, estamos hablando de 50 millones de colombianos que dependen del gas”, manifestó una fuente.
Lo cierto es que la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) registró el 16 de marzo de 2020, que en la resolución 010 del 5 febrero de 2020, el Ministerio del Interior inscribió al cabildo Taganga en el registro oficial de comunidades indígenas en Colombia.
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