Un nuevo capítulo de tensión se escribe en el sector energético de Colombia. Esta vez, el protagonista es Darinel Arrieta Madarriaga, un indígena que, según denunciaron fuentes a medios nacionales como La W, exigió el pago de un millón de dólares a cambio de levantar un bloqueo en el proyecto gasífero Sucre Norte, ubicado en el municipio de San Marcos (Sucre).
De acuerdo con Canacol Energy, el bloqueo —al que calificaron de “ilegal”— ha venido afectando seriamente las operaciones en este proyecto estratégico.
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El líder señalado, aunque es parte del Cabildo Indígena Monte Grande, estaría actuando sin el respaldo institucional ni comunitario de dicha autoridad nativa, según la versión de la empresa.
¿Qué hay detrás del bloqueo en Sucre Norte?
Canacol fue enfática al asegurar que el proyecto Sucre Norte cuenta con el aval del cabildo indígena Monte Grande, por lo que atribuyen los bloqueos actuales a decisiones unilaterales e individuales, más que a una voluntad colectiva de la comunidad.
“La vía de hecho se originó por exigencias económicas sin sustento legal, formuladas por individuos que buscan ejercer presión indebida en contravía del ordenamiento jurídico colombiano”, sostuvo la compañía en un comunicado oficial y en declaraciones a La W.
La situación escaló al punto que Canacol Energy interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, solicitando la imputación de cargos contra Arrieta Madarriaga por extorsión, fraude a resolución judicial y violación a la libertad de trabajo.
Uno de los hechos más graves denunciados por la compañía es la supuesta exigencia del pago en efectivo de 1 millón de dólares, equivalentes a $4.100 millones, dinero que —según Canacol— debía ser entregado a título personal al líder indígena.
“La Fiscalía ya tiene en su poder múltiples pruebas que respaldan los hechos y documentan las afectaciones sufridas tanto por el proyecto Sucre Norte como por los funcionarios públicos que intervinieron para atender el bloqueo”, añadió la empresa.
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Autoridades ya intervinieron en el conflicto
Canacol explicó que, tras agotar todos los canales de diálogo con la Alcaldía de San Marcos y representantes comunitarios, la autoridad local autorizó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) para recuperar el control del área y permitir la reanudación segura de las operaciones.
La empresa reiteró su compromiso con las comunidades indígenas legítimas y su disposición para el diálogo y la concertación, siempre dentro del marco legal.
“Rechazamos de manera enfática cualquier intento de obstaculizar el normal desarrollo de nuestras operaciones mediante vías de hecho o exigencias ilegítimas. Nuestra actuación se basa en el cumplimiento de la ley, la transparencia y la construcción de relaciones respetuosas con las comunidades”, concluyó Canacol.
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