Las emisiones de deuda temáticas, que se caracterizan por estar asociadas a criterios de medio ambiente, sociales o de gobierno corporativo –conocidos simplemente como criterios ASG–, vienen ganando terreno en el sector privado colombiano y desde 2017 ha habido 11.
Lo revela un informe de la comisionista Casa de Bolsa. "A la fecha, se han realizado 11 emisiones temáticas por un monto mayor a 3,5 billones de pesos, registrando demandas de más de $7,8 billones", describe Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de esa firma, que hace parte de Grupo Aval.
Se trata de una estrategia a través de la cual las compañías obtienen recursos frescos para adelantar proyectos medioambientales o sociales con impacto positivo; contemplan, por ejemplo, iniciativas que ayuden a reducir las emisiones de CO2 o que busquen una mayor inclusión de mujeres en diferentes áreas.
A ojos del experto en temas empresariales, Juan Pablo Granada, hoy más que nunca las unidades productivas encuentran consumidores e inversionistas más críticos y atentos a sus prácticas, razón por la cual proyectos como los bonos sostenibles están en el radar a la hora de apostar por determinada marca.
Y es que solo en lo que va de 2021 se ha colocado deuda temática por más de $880.000 millones en el país, que registró demandas mayores a $1,5 billones, lo que en efecto demuestra que hay apetito. Banco W y Bancamía están entre los que recientemente se subieron a esa ola y para Casa de Bolsa son casos destacados, pues no son emisores tradicionales en esta materia.
Para dar cuenta del alcance, Bancamía, por ejemplo, dijo en su momento que la colocación de sus bonos sociales tendría un enfoque de equidad de género, pues los recursos obtenidos se destinarían al otorgamiento de aproximadamente 50.000 créditos para financiar "unidades productivas de mujeres microempresarias del país en condición de vulnerabilidad".
Entre tanto, el Banco W apuntó que los bonos sociales que colocó a través de la Bolsa de Valores de Colombia por $160.000 millones tuvieron una demanda de $340.162 millones, que es equivalente a 2,13 veces el monto ofertado, y se emplearían para financiar los proyectos de unas 27.000 personas en el marco de la reactivación económica.
