EPM inició cobro del aporte especial para La Guajira, como estableció el Gobierno.
Ante la expectativa de la ocurrencia del fenómeno de El Niño, se están observando incrementos considerables en los precios de la energía, tal y como se muestra en la información que viene publicando XM, para lo que en el sector denomina el predespacho.
Es así como el valor predespacho el pasado miércoles, 9 de agosto, estuvo en $536 por kilovatio hora, mientas que el sábado, 12 de agosto, estuvo a $756.
“Aunque estos valores, dejan un sinsabor, al contrastarlos con las reservas y los aportes hídricos, pues no se explican tales incrementos”, anotó Marta Aguilar Méndez, directora de la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (Acce), al precisar que al inicio de esta semana el nivel de los embalses era del 81,5%.
Lo más grave es el efecto de un incremento de casi un 13% en la tarifa de energía, incrementos que como siempre, tendrán que pagar todos los usuarios de Colombia, de todos los estratos residenciales, así como los usuarios comerciales e industriales, añadió la dirigente.
Igualmente, explicó que el Gobierno Nacional, por concepto de la opción tarifaria, otorgó el beneficio de financiación de las tarifas a los usuarios, a cargo de algunas de las comercializadoras de energía, que a hoy tienen represados más de $6,5 billones por cobrar, y que los usuarios están además pagando la financiación de este dinero. “Otro concepto a ser sumado a la tarifa...”, añadió Aguilar.
De otro lado, advirtió del impacto de la aplicación del Decreto 1276, pues si bien la intención del Gobierno pudo ser buena, las medidas tomadas no resuelven el problema de La Guajira, sino que, por el contrario, tienen un impacto negativo para todo el país, dada la suspensión decretada de los contratos de suministro de energía de los proyectos de La Guajira.
Para la Acce, el aplicar el Decreto 1276, implica la suspensión de 172 contratos bilaterales (firmados entre privados), lo que desata una exposición en bolsa adicional estimada en 278,05 millones de kilovatios hora-mes, que valorados a precio de bolsa de la semana pasada de $530,52 por kilovatio-hora (kWh), representarán el próximo 18 de agosto, un incremento en el valor de las garantías de $126.559 millones.
“El impacto económico en tarifas, para el costo de generación de energía, ante la coincidencia de los altos precios de bolsa y la suspensión de los contratos, según el Decreto 1276, es de alzas tarifarias de más del 22%, lo que representarán incrementos aproximados de $74,35 por kWh.
“Estos incrementos contradicen los objetivos del llamado Pacto por la Justicia Tarifaria. Estos mayores costos de las tarifas, afectarán a cerca de 16 millones de hogares colombianos, incluidos los de La Guajira”, agregó la Asociación.
Adicionalmente, según la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía, el Gobierno pretende la intervención en los contratos bilaterales pactados por los agentes, los cuales se rigen por el derecho privado, lo cual se considera inconstitucional, y golpea la seguridad jurídica del sector energético.
“El efecto económico de tal suspensión, es que las comercializadoras, que estuvieron obligadas a participar en las subastas, pasarán de pagar hoy por esa energía contratada $288,26/kWh, a pagarla a $732,5/kWh en la bolsa. Todos los efectos de esta diferencia, serán asumidos por los usuarios y los comercializadores de energía, en detrimento de sus finanzas. Peor aún: define el Decreto, que aun cuando se van a suspender los contratos, los agentes están obligados a continuar pagando las garantías financieras derivadas de éstos. Ahora bien, desde el punto de vista de los agentes, esta decisión de suspensión de los contratos, no soluciona los atrasos de los proyectos de generación ni de los transmisión, y sí en cambio, expone a las comercializadores a bolsa, quienes deberán trasladar los incrementos (tanto por precio, como por garantías) a los usuarios”, anticipó la Acce.
Para el gremio de los comercializadores de energía la improvisación y falta de evaluación de impacto del Gobierno en sus decretos, traerá, no solo inseguridad jurídica al sector, sino un mayor riesgo e inestabilidad financiera, que podrían llevar a un riesgo sistémico, toda vez que las empresas sufrirán semanalmente duros golpes a sus flujos de caja.
De otro lado, en cumplimiento del Decreto 1276 del 31 de julio de 2023, por el cual el Gobierno Nacional estableció, entre otros, medidas especiales para contar con recursos que contribuyan a la energización del área rural y no interconectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el departamento de La Guajira, EPM inició en la facturación de agosto el cobro y recaudo entre sus usuarios de los aportes obligatorios establecidos en esa disposición.
Esta medida aplica desde este mes de agosto hasta el término de seis meses o por un tiempo mayor que determine el Congreso de la República dentro del año siguiente.
El decreto determina cobros mensuales obligatorios, así:
Usuarios de estratos 4, 5 y 6: $1.000 por factura.
Usuarios comerciales e industriales: $5.000 por factura.
Los usuarios que pertenezcan a los estratos 4,5,6 e industriales y comerciales y tengan la modalidad de energía prepago también pagarán los valores establecidos por el Gobierno, cada vez que hagan una recarga.
Los pagos de los usuarios del concepto “Aporte Departamento de La Guajira”, que se verán en las facturas, serán puestos a disposición del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (Fazni). A su vez, la administración de los fondos recaudados corresponderá al Ministerio de Minas y Energía.
“Según lo indicado por el Decreto 1276 del 31 de julio de 2023, es importante considerar que el no pago de este aporte tendrá las mismas consecuencias que el no pago del servicio de energía eléctrica”, enfatizó EPM.
