La captación ilegal de recursos de la firma Élite International Américas afectó a inversionistas antioqueños, que esperan que alguien responda por unos 160.000 millones de pesos que depositaron en esa compañía, que ofrecía altas rentabilidades mediante la transacción de libranzas.
Los anuncios de la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades), en el sentido de intervenir a varias personas, jurídicas y naturales, que sirvieron a Élite para cometer el desfalco, devuelve alguna esperanza a los inversores paisas, que serían unos 1.400.
La acción de la Superintendencia implica el embargo y secuestro de los bienes, haberes y derechos de Credimed del Caribe, Corporación Aliada para el Desarrollo Integral de los Trabajadores al Servicio del Estado Corposer e Inversiones Alejandro Jiménez AJ. Según las averiguaciones de la Supersociedades, estas firmas generaban el 58 % de la cartera de Élite.
La medida también cobija el patrimonio de 17 personas naturales y tres firmas de revisoría fiscal. Adicionalmente, se nombró a María Mercedes Perry como interventora del proceso.
“Ahora debemos esperar el aviso de prensa para presentar las reclamaciones y que sean reconocidos los acreedores”, dijo José Luis Giraldo, abogado que representa a varios de inversionistas paisas afectados por la operación de Élite.
En julio del año pasado, Élite pidió 45 días de plazo a los inversionistas para reordenar el flujo de pagos, no obstante, en septiembre, la Supersociedades decretó la apertura del proceso de reorganización de esa firma, una de las más grandes no financieras en el mercado de libranzas.
Los hallazgos en malos manejos en el negocio de compraventa de pagarés de libranza, llevó a la entidad a ordenar la liquidación de Élite, en octubre.
