De cada 100 consumidores de alimentos ultraprocesados en Colombia, 29 lo hacen entre 2 y 3 veces a la semana; y otros 25 lo comen una vez a la semana, según el Dane. Con el impuesto saludable, que entró en vigencia este miércoles, el Gobierno Nacional busca desestimular ese consumo y defiende que su finalidad no es recaudar recursos.
Se trata de una medida contenida en la Reforma Tributaria aprobada en noviembre del año pasado en el Congreso. El impuesto grava con un 10% las papas fritas, las golosinas, y demás alimentos de paquete, pero en el 2024 habrá otro aumento de 15% y en 2025 será del 20%.
El propio presidente Gustavo Petro sostuvo en su cuenta de X (antes Twitter): “Esto no es para recoger dinero suyo, es para que usted escoja alimentos saludables y mejore el estado de salud del pueblo colombiano”.
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La respuesta va dirigida a los analistas y gremios que advierten que, ante los altos niveles de inflación, no es oportuno gravar más productos de la canasta familiar para que el Estado recaude más dinero, pues, esto golpea el bolsillo de las personas.
A la explicación se sumó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien argumentó que se trata de un impuesto de salud pública y no de recaudo.
“La canasta básica en Colombia es de 243 productos y este impuesto no grava frutas, verduras, tubérculos, hortalizas, leche, huevos, pollo, pan y tampoco carne”, dijo el alto funcionario.
Bonilla agregó que se gravarán cerca de 21 productos y algunas variedades que contengan exceso de grasa, azúcar y sodio. Precisó que el objetivo también es que las empresas modifiquen su oferta.
El impacto
Pese a que gremios como la Andi y Fenalco han cuestionado dicha medida porque impactaría la inflación, a los tenderos y a los industriales, para el analista económico Mateo Rivera, la relación entre el impuesto saludable y la inflación es más compleja de lo que parece.
“Es cierto que pueden aumentar los precios en el corto plazo, pero a largo, puede reducir los costos de atención médica y mejorar la salud pública”, destacó.
De hecho, el ministro Bonilla indicó que el impacto que se proyecta sobre la inflación es casi nulo, de solo el 0,2% y pidió a los medios no desatar pánico económico.
Si bien, la cartera de Hacienda asegura que el fin no es recaudar, lo cierto es que estima que la medida permita recoger cerca de $5,7 billones en 2024 y $7,5 billones en 2026.
