Las leyes 142 y 143 de 1994, creadas tras el racionamiento que hubo entre el 2 de marzo de 1992 y el 7 de febrero de 1993, son el bastión de la transformación de un sector que arrastraba diversos problemas por décadas. Estos inconvenientes estaban relacionados con deficiencias en la cobertura, la calidad, la continuidad, la estabilidad en las reglas e, incluso, en la tributación.
Por eso es importante reconocer los logros del sector en 30 años, pues, aunque existan retos y problemas por resolver en algunas zonas del país, es vital no permitir que el país se vuelva a apagar. Tal y como lo indicó recientemente la exministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez: “Solo una hora de apagón eléctrico le puede costar al país cerca de $200.000 millones de pesos. Estamos operando al límite, no demos por sentado lo que ha funcionado por años. Los mensajes, la política pública, el sentido de urgencia, la institucionalidad, las reglas de juego, la relación y confianza entre y con los agentes. Todo importa”.
El reconocimiento cobra aún más valor cuando se comparan las situaciones que viven otros países de Latinoamérica y el sector colombiano todavía resiste, siendo ejemplo en la región. Argentina ha afrontado cortes prolongados de su servicio durante algunos años porque su matriz energética está soportada en el petróleo y el gas natural, pero ha tenido retos para mantener los niveles de producción; Ecuador ha experimentado cortes frecuentes y prolongados por su dependencia de la generación hídrica y la sequía actual ha causado estragos; y en Cuba se ha agudizado la crisis energética por la falta de inversión y lo desactualizadas que están las plantas.
Así se dio el cambio
Para Jorge Valencia, exdirector de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el cambio tuvo que ver con varios factores. “Primero, el cambio político por un modelo que buscaba un papel de garante para el Estado de muchos servicios, entre ellos los servicios públicos, promoviendo la competencia y, posteriormente, la participación de inversión privada, gracias a la Constitución de 1991. Además, se presentó el fenómeno de El Niño, que es la punta del iceberg de lo que venía pasando en el sector, que estaba hasta ese entonces casi completamente estatizado y que evidenció todas sus falencias”.
Además, el sector presentaba algunos problemas como la falta de rigor técnico en la formulación de las tarifas de consumo, por lo que había un déficit importante en la tributación. Las empresas se hacían cargo de las deudas y esto se convirtió en un lastre, pues llegaron a representar el 30% de la deuda externa del país en los años noventa. Por la falta de control y regulación tampoco pudieron entrar en operación las termoeléctricas que se tenían programadas como respaldo en la generación de energía, lo que agudizó más la situación del apagón. Estufas de gasolina, pipetas de gas, entre otros recursos, fueron una solución en los hogares en esa contingencia.
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Con la adversidad, el sector entendió la necesidad de transformarse. Las leyes 142 y 143 de 1994 crearon las condiciones para diversificar el mercado y promover las inversiones. Nacieron la CREG, la UPME, XM y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para definir las reglas del juego. Hoy el país cuenta con altos estándares de calidad, uno de los mejores sistemas de América Latina, sin duda, con tarifas que no son las más altas de la región.
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Millones de dólares fue la inversión extranjera que trajo el sector de servicios públicos en 2023.
