Este jueves 19 de diciembre se conoció que EDP Renewables (Edpr), empresa a cargo de los parques eólicos más grandes de Colombia, Alpha y Beta, ubicados en La Guajira, se va de Colombia.
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Los dos proyectos de parques eólicos obtuvieron los permisos ambientales en agosto de 2019; sin embargo, la empresa aseguró que durante la pandemia del covid-19 el proceso de obtención de permisos medioambientales para la línea de interconexión de 81 kilómetros requerida sufrió retrasos significativos.
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También afirmaron que, a finales de 2022, luego del cambio de Gobierno, solicitaron ajustes sustanciales para el permiso medioambiental de la línea de interconexión, lo que provocó un retraso material en el proceso de desarrollo, incluido el aumento del número de comunidades indígenas locales implicadas, pasando de 56 a 113.
Otras de las razones que motivaron su declinación fue la falta de disponibilidad de activos de transmisión que se planeaba construir y operar por terceros en la región; el aumento significativo de los costos de construcción; la devaluación del peso colombiano y el aumento de los costos de financiamiento.
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“En agosto de 2023, el gobierno publicó el decreto 1276 que contenía importantes medidas de emergencia, pero este fue anulado judicialmente en octubre de 2023, manteniendo la situación desequilibrada de los proyectos”, indicó la compañía.
De esta manera, EDPR consideró que estos proyectos no cumplen los criterios de inversión ni el perfil de riesgo de la empresa, por lo que decidió no llevar a cabo las inversiones restantes necesarias para construir los parques eólicos.
“EDPR estima pérdidas de hasta 700 millones de euros por el deterioro de los proyectos, y 200 millones de euros adicionales en garantías y pasivos futuros, sin impacto recurrente en su política de dividendos”, explicó el analista Sergio Cabrales.
Entre tanto, el senador José David Name opinió que “el tiempo para los proyectos renovables en Colombia se agota debido a retrasos en licenciamiento y consulta previa, impactando costos y la transición energética”.
A través de sus redes sociales expresó que empresas como EDP Renewables y Enel están renegociando o suspendiendo proyectos en La Guajira, por lo que “la Anla y otros entes deben agilizar los procesos para evitar más obstáculos y asegurar un futuro energético sostenible”.
¿Hay más proyectos de renovables en riesgo?
La decisión de EDP Renewables se suma a otras advertencias lanzadas anteriormente por empresas como Celsia, la cual, el pasado mes de febrero, anunció sus posibles planes de vender los proyectos eólicos, que tiene también en La Guajira.
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Según indicó Celsia en ese momento, entre las razones están las dificultades con las comunidades para el cierre de las consultas previas; demoras en obtener o modificar las licencias ambientales, e imposibilidades técnicas para entrar en operación en las fechas comprometidas, dado el atraso en la entrega de las líneas de refuerzo de transmisión (Colectora), entre otros
Y es que todo esto ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de los trámites burocráticos y la demoras en la obtención de permisos que se han convertido en un obstáculo para la transición energética en Colombia.
Según un informe pasado de la Asociación de Energías Renovables (Ser Colombia), entre 2024 y 2025 se espera que entren en operación 119 proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER); sin embargo, el 46% de ellos (2.400 MW) está todavía tramitando permisos ambientales o técnicos.
Actualmente, los proyectos deben realizar más de 15 tipos de trámites diferentes, entre permisos técnicos y ambientales ante autoridades nacionales y regionales.
De hecho, el 70% del tiempo que se lleva la ejecución de un proyecto de renovables corresponde a trámites ante terceros. Y solo el 30% a actividades exclusivas de las empresas.
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De esta manera, hay proyectos que se están demorando nueve meses en construcción y tres años en trámites, y otros que están por cumplir hasta seis años solo en papeleo.
Para el gremio de las renovables, los puntos más críticos que causan la mayoría de demoras en los proyectos renovables son la ausencia de tiempos normativos de respuesta o que no se cumplan los términos de ley; y la falta de articulación y estandarización de criterios para evaluar la información presentada, por parte de las entidades, especialmente en las CAR´s.
De hecho, tras el resultado de la pasada subasta de energía, en la cual se asignaron 4.441 megavatios (MW) de plantas solares nuevas (99%) y 48 MW de plantas térmicas (1%), una de las preocupaciones de la Contraloría General de la Nación es que no habría garantías de que toda esta energía entre en operación y a tiempo.
Así las cosas, uno de los factores que más preocupa, y que pone en riesgo la operación de las empresas, es el de los tiempos de construcción de las plantas y todo lo que ello implica, como las licencias ambientales, las audiencias públicas, las servidumbres (gravamen sobre los predios por los que pasan las líneas de energía) y las relaciones con las comunidades.
