La Ley de Crecimiento tiene por delante una semana de infarto en el Congreso de la República. Si no supera los debates que le restan para ser aprobada, se hundirá uno de los proyectos económicos bandera de este Gobierno (ver Radiografía).
Su importancia radica, entre otras razones, en promover la seguridad jurídica y solucionar un problema de fondo: las empresas en Colombia tienen una de las tasas más altas de tributación, que llega al 71,2 % del valor de las utilidades del sector privado (por renta, ICA, impuestos laborales e IVA, entre otros), aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Macter.
La aplanadora legislativa funcionó en los debates en las comisiones económicas, pero el trámite no tiene un camino muy fácil por delante, en cuanto a votos, sobre todo por el anuncio de la bancada del Partido Liberal, de votar negativo toda la iniciativa.
Además del pulso político, esta Ley ha estado en el centro de la polémica por las exenciones tributarias que contempla para empresarios del país. El Gobierno argumenta que esto permitiría una mayor capacidad de crear empleo y eso ayudaría a reducir esas cifras, que han venido en aumento en los últimos meses.
Sin embargo, el expresidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, aseguró que la iniciativa llega con unas prerrogativas para los grandes empresarios por 20 billones de pesos y no 9, como se ha anunciado.
“Solo lo miran desde el punto de vista de la renta presuntiva y la baja de renta de los tres puntos a las empresas, pero se les ha pasado revisar la eliminación de IVA para los bienes de capital que representan 7 billones y lo que es peor, del pago del ICA también para los empresarios, es decir otros 7 billones de pesos”, explicó.
El proyecto llegará a su discusión en plenarias con 28 nuevas propuestas.
Uno de los cambios más importantes tiene que ver con medicamentos, algunos pasarán de excluidos a exentos, lo que le dará licencia a las empresas para que descuenten en la cadena de producción el IVA, por esta vía disminuiría el costo de estos bienes.
Uno de los artículos que generó polémica y que finalmente no se incluyó en el articulado es el que buscaba aplicar un impuesto del 4 % a personas que compren bienes en plataformas digitales.
El sustento de la propuesta estaba en que el impuesto aplicado contribuiría a equilibrar las cargas tributarias entre productores nacionales y extranjeros. Sin embargo, la propuesta fue retirada del documento que en la noche del miércoles radicó el Gobierno Nacional.
Otra de las propuestas que llegaron con la última ponencia fue la de quitar el IVA al consumo en departamentos como Chocó, Guainía y Guaviare. También se habló de beneficios para Electricaribe en pro de su buen funcionamiento.
En su primera ponencia, presentó cuatro puntos sociales, referentes a la devolución del IVA a colombianos de bajos ingresos, los tres días sin IVA para ventas presenciales, la reducción en los aportes a salud en pensionados con salario mínimo del 12 % al 4 %, y un estímulo a las empresas para que contraten jóvenes.
El 14 de noviembre, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo: “el mensaje es claro: tenemos que insistir en lo que está bien. Este dato refleja que las medidas que incluyó la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso el año pasado y que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre, tienen que seguir en 2020. Por eso, debemos continuar en esta senda de expansión con las medidas que presentamos en la Ley de Crecimiento”.
Ánimo legislativo
Para el académico y analista político Isidro Hernández, el retiro del colectivo del Partido Liberal del apoyo a la Ley obedece a los altos costos políticos que los partidos han tenido a la hora de apoyar la reforma tributaria, en especial en el marco del paro nacional, que se inició el 21 de noviembre pasado.
“Todo el mundo está evaluando el costo político de aprobar la reforma tributaria. El Partido Liberal tomó la opción de no incurrir en él”, dijo Hernández.
Y es que pese a que las movilizaciones han venido mermando con la llegada de la época decembrina, aún hay sendas protestas frente a la sede del Congreso cada vez que hay debates sobre la reforma, lo que ejerce presión política a los congresistas.
Hernández cree que el Partido de la U será decisivo, entonces: “Dada la composición del Congreso, las cosas dependerían de la decisión del Partido de la U. El gobierno ya cuenta con los apoyos de Cambio Radical y, obviamente, el Centro Democrático. Si el partido de la U opta por no apoyar la reforma tributaria, el proyecto prácticamente se hundiría”, explicó.
Los partidos opositores han decidido mantener su determinación de votar negativo el proyecto. El representante David Racero, quien radicó una propuesta alternativa que resultó derrotada en votaciones, afirma que, los cambios que le hizo el gobierno tras el inicio del paro solo favorecen a los ricos y que allí radica su rechazo a apoyarla.
“Sigue siendo una reforma tributaria completamente regresiva, puesto que el corazón mismo del proyecto no se ve afectado. Sigue la política de disminución de impuestos, gabelas, excepciones a las grandes empresas, a los millonarios, mientras que a las clases medias y trabajadoras se les aumentan los impuestos (...) como congresistas de oposición, vamos a presentar nuestra propuesta de archivo, que es lo que está pidiendo la gente en las calles”, expresó.
También de la coalición opositora, la representante Katherine Miranda, del Partido Verde, informó que “he radicado la ponencia de archivo, ponencia negativa a esta reforma tributaria porque la considero inequitativa, porque considero que no se puede hablar de una reforma tributaria estructural cuando en este momento se les están dando tantas exenciones tributarias a las grandes empresas”.
