Luego de siete años de puja en los estrados de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en Nueva York (EE. UU.), esta le puso punto final a la disputa entre la Refinería de Cartagena (Reficar) y Chicago Bridge & lron Company N. (CB&I) con un fallo en el que la filial de Ecopetrol recibirá más de US$1.700 millones.
El tribunal arbitral condenó al consorcio a pagar a la refinería US$1.000 millones más los intereses que se generaron desde el 31 de diciembre de 2015 a la fecha, y cuya cifra se calcula en US$720 millones. Además, desestimó las pretensiones de CB&I por cerca de US$400 millones y ordenó la liquidación del Contrato, tal como lo había solicitado Reficar desde marzo de 2016, cuando metió la demanda.
Las administraciones de Reficar y Ecopetrol interpusieran la querella por US$2.000 millones en el tribunal internacional por las irregularidades halladas en la ejecución del proyecto, que a su vez investigó la Contraloría General y que terminaron en sobrecostos por $8,5 billones.
Lupa de la Contraloría
Las constantes denuncias por los altos costos y demoras en el desarrollo del megaproyecto llevó al contralor de entonces, Edgardo Maya, a poner la lupa sobre su ejecución.
Así, y luego de un año de investigaciones, en diciembre de 2016 la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía emitió un fallo de responsabilidad fiscal por más de $2,9 billones, por un posible detrimento patrimonial en el montaje del complejo industrial.
La entidad fiscal subrayó que la sentencia se deriva “de las decisiones sobre el manejo de los recursos públicos que conllevaron a la pérdida de valor de las mayores inversiones” de la obra.
El organismo resaltó los costos de Reficar que llegaron a US$8.016 millones, US$4.023 millones más de lo inicialmente previsto. Es decir, en menos de cinco años el valor del proyecto se duplicó.
Llama la atención que los $2,9 billones que señala la Contraloría como posible detrimento, a precios de hoy serían US$688 millones, son apenas una cuarta parte de lo que el consorcio tendrá que pagar producto de este arbitraje. Podría decirse que la entidad se quedó corta al establecer el tamaño de la pérdida que la construcción de Reficar le estaba causando a Ecopetrol.
Para la Contraloría, en la construcción de la obra se presentó desde feria de contratos sin el debido soporte, retrasos en la entrada en operación hasta una dramática caída de la rentabilidad esperada, lo que causó pérdidas millonarias a Reficar y, por lo tanto, al Estado, ya que la planta es de Ecopetrol.
Además, la entidad señaló como responsables al contratista de la obra CB&I y a varios funcionarios como: Carlos Eduardo Bustillo, Andrés Virgilio Reira, Reyes Reinoso y Orlando José Cabrales, estos dos últimos expresidentes de Reficar. También a miembros de la Junta Directiva en ese momento: Javier Genaro Gutiérrez (entonces presidente de Ecopetrol), Pedro Rosales, Henry Medina, Natalia Gutiérrez y Uriel Salazar.
De acuerdo con el auto, la decisión es producto de las acciones y omisiones de la junta directiva y su administración, quienes en ejercicio de la gestión fiscal, de manera antieconómica, ineficiente e inoportuna, contribuyeron a la billonaria pérdida de recursos.
Una vez la Contraloría hizo el anuncio, miembros de Junta Directiva de Reficar, así como de su administración, emitieron un comunicado en el que afirmaron que esta se apartó durante todo el proceso “del inmenso caudal probatorio que demuestra que tomamos las mejores decisiones para salvaguardar los recursos públicos invertidos y se garantizó la terminación y puesta en marcha de la refinería. En consecuencia, no estamos ante un fallo en derecho”.
Corrección a los costos
Al respecto, Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol indicó que los incrementos en el costo de la obra obedecieron a cambios y reajustes al presupuesto originalmente trazado para el desarrollo de la ingeniería básica bajo el modelo de “gastos reembolsables” y no “llave en mano”.
A lo anterior se suma que Glencore se salió del proyecto, por lo que en 2009 Ecopetrol recompró las acciones de la multinacional en la refinería. Así heredó, la petrolera las condiciones del contrato con CB&I, incluidos los errores en los costos.
“La crisis mundial de 2008 los llevó a proponer que se pospusiera el proyecto. Era lo sensato, pues todos los números habían cambiado a fondo. El gobierno de entonces y Ecopetrol dijeron que seguían solos. El ministro de Hacienda de entonces Alberto Carrasquilla que era quien se había opuesto a que lo hiciera el Estado, y que un privado tuviera el 51%, ya no estaba. Con lo cual, los dejaron ir y se quedó Ecopetrol/Reficar con el 100%”, explicó Echeverry.
Agregó que se realizaron nuevos cálculos con mayores cantidades de obras, insumos y materiales, como el acero y el cemento en las obras civiles, a las planeadas inicialmente. También tocó extender el cronograma. Se incrementaron los precios de los insumos y servicios. Y aumentó el número de horas/hombre trabajadas a las que se cuantificaron originalmente”, explicó Echeverry.
Así, solo hasta junio del 2010 se realizaron cambios en el alcance del megaproyecto y en su gestión contractual, lo que retrasó su desarrollo y afectó las etapas de ejecución.
Por su parte, Amilkar Acosta, exministro de Minas y Energía, afirmó que en este caso hay que diferenciar entre lo que son sobrecostos, y lo que son mayores costos, más para el desarrollo de una obra de estas características.
“Esta precisión es importante porque hubo mayor alcance en algunas obras, que se necesitaban desarrollar, porque el proyecto lo requería, por eso se precisaban y urgían las adiciones”, advirtió.
Así mismo, una auditoría de la consultora internacional Jacobs, solicitada por Ecopetrol y los bancos financieros del proyecto, estableció que la mala estructuración del presupuesto, la contratación de una firma sin experiencia para la ejecución de este tipo de obras y costos adicionales justificados fueron algunos de los ‘pecados’ en la modernización de Reficar.
Retrasos por cese de tareas
Otra de las causas que influyeron en los mayores costos para el desarrollo de Reficar fueron los tres ceses de tareas en el montaje, entre los que se destaca el paro de 2013, que duró más de 70 días, y que representó un mayor costo adicional por US$565 millones, además de las pérdidas por el paro que fueron de US$80 millones por mes.
“Significó mayores retrasos en el cronograma, más cuando se reactivaron las obras una vez pasó la huelga. La pérdida de horas hombre no solo fue por los más de dos meses del cese de actividades, sino también toda la rampa para volver a recuperar el ritmo de construcción del complejo que fue de casi seis meses, además hubo un costo de lucro cesante, ya que al estar parado el desarrollo de la obra, también se afectaron los contratistas a quienes se les pagó, así no estuviera en montaje”, dijo Echeverry.
De momento, el proceso por responsabilidad fiscal en la Contraloría continúa y es posible que, en la medida de que este arbitramento ya encontró un culpable de los sobrecostos, a las personas implicadas les resulte este como un alivio.
