El panorama para la eliminación del impuesto conocido como el 4x1.000 es difuso y, si bien para los cuentahabientes en Colombia representaría una ventaja, la merma en los ingresos percibidos por el Estado sería billonaria y ese es el principal obstáculo para su aval en el Congreso.
Esta propuesta legislativa pasó su primer debate el pasado 2 de noviembre en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y luego de ello, Katherine Miranda, representante por la Alianza Verde y coautora del texto, explicó cuáles serían las alternativas para remplazar ese recaudo.
“Esta eliminación se hará de manera gradual y, de aquí a 2026, el impuesto desaparecerá por completo (ver paréntesis). Vamos a sopesar el ingreso que deja de percibir la Nación con impuestos a los salarios más altos; salarios a partir de los $25 millones”, expuso la congresista.
Además —dijo— se eliminarán los beneficios tributarios a las megainversiones, que pueden costar unos $9 billones, según sus cálculos.
Gobierno ya dijo que no
En una carta dirigida al Congreso y firmada por Jesús Bejarano, viceministro técnico de Hacienda, se especificó que esa eliminación progresiva implicaría, a partir de 2023, la pérdida de $7,4 billones anuales para el Estado. Es decir, sería un dinero con el que ya no podría contarse de cara a inversión social y la proveeduría de bienes colectivos.
Y aunque el texto legislativo, como se había mencionado, propone unas alternativas, “no incorpora fuentes suficientes que compensen la pérdida estimada del recaudo”, tal como lo sostuvo la cartera encargada de las finanzas públicas.
Por ejemplo, en la misiva se remarcó que cobrar el impuesto del 2% a los salarios por el orden de los $25 millones apenas generaría $1,4 billones por año, entre 2023 y 2032.
Además, ese gravamen corre el riesgo de ser declarado inconstitucional, tomando como base una experiencia del mismo Ministerio, cuando a raíz de la declaración del estado de emergencia económica por la propagación de la covid-19, fue creado el impuesto solidario.
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-293 de 2020, argumentó que desconocía la prohibición de desmejorar o alterar las condiciones salariales y pensionales de los obligados a pagar este tributo.
“A su vez, tampoco es claro el potencial impacto fiscal de eliminar el beneficio por megainversiones a partir de 2026 (...). En particular, con la información que suministra el proyecto de ley, resulta bastante difícil cuantificar el impacto fiscal de esta disposición”, añadió en su carta el Ministerio.
Otras opiniones
Recientemente, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, expresó estar de acuerdo con el desmonte gradual de este tributo, que calificó como “regresivo”, pues a su juicio, incentiva el uso del efectivo en mayor medida.
Sin embargo, advirtió que es necesario contar con un sustituto real teniendo en cuenta la dificultad por la que están pasando las finanzas públicas.
Aquí vale señalar que el desbalance entre ingresos y gastos (déficit fiscal), para 2020, cerró en 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, un poco más de $77,7 billones; siendo un desequilibrio relevante, lógicamente, atribuido al gasto desplegado para atender las necesidades derivadas de la pandemia.
En este contexto, Raúl Ávila, profesor de economía de la Universidad Nacional, expuso que esta propuesta puede ser positiva para los bancos, teniendo en cuenta que derogaría un impuesto recogido por ellos, pero es transferido a la Nación y, a su vez, genera problemas de bancarización entre los usuarios que buscan evitar ese pago.
Así mismo, coincidió en que no se visualiza una fuente con capacidad para sustituir esa contribución: “Aunque pasó el primer debate, creería que el Gobierno moverá toda su maquinaria para que esto no se apruebe”, dijo.
Por su parte, Mauricio López, director del grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia, también consideró que no están dadas las condiciones para el desmonte del 4x1.000, ni siquiera aunque hubiese voluntad política para ello, algo que claramente, a su modo de ver, no existe en el Gobierno.
Además, al ser un impuesto recaudado por los bancos y de fácil seguimiento, desde su perspectiva, se hace más inviable su eliminación.
En la carta enviada al Congreso, el Ministerio de Hacienda ya solicitó archivar este proyecto de ley
7,4
billones sería el déficit anual si desmonta el 4x1.000, según Miniserio de Hacienda.
